Un buen número de analistas políticos apuntan hacia una regresión democrática marcada por el talante autoritario de AMLO, la avasalladora mayoría parlamentaria de Morena, por la militarización y por la presencia omnímoda de los gobernadores del partido oficial.

A estos elementos debe añadirse otro: la Suprema Corte. En tanto que cabeza del Poder Judicial, tiene la responsabilidad de garantizar el respeto del orden constitucional.

Durante el gobierno de AMLO el máximo tribunal jurisdiccional del país ha recibido un número sin precedente de controversias constitucionales; derivado, entre otros factores, de las prácticas morenistas violatorias del derecho parlamentario y de la voluntad del presidente de pasar por encima de la Carta Magna.

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Ahora bien, el lector recordará que, a la luz del derecho constitucional mexicano, se necesitan los votos de ocho de los once ministros para declarar la inconstitucionalidad de una ley o decreto. En otras palabras, ante la ausencia del acuerdo de al menos ocho miembros de la Corte, la disposición permanece en vigor.

En diciembre del presente año Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte, concluirá su periodo de 15 años como miembro del tribunal. Tras su retiro, la presidente en funciones tendrá la responsabilidad de proponer ternas al Senado para que éste, mediante el acuerdo de las dos terceras partes (o ante la falta de consensos, por designación directa del presidente) designe al sucesor de Aguilar.

Dicho la anterior, ante la probable victoria de Claudia Sheinbaum en las próximas elecciones, la ex jefa de Gobierna gozará de la posibilidad de colocar a un hombre o mujer “apegado a los valores de la 4T”.

Con lo anterior, y si Morena logra la hazaña de enviar a Sheinbaum a Palacio Nacional y a un ministro morenista a la Corte, la nueva presidente contaría con las fieles voluntades de Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel, Lenia Batres y el juez de nuevo ingreso.

Ante este inquietante panorama se perdería la probabilidad de contar con los votos de ocho de los once miembros, y con ello, cualquier instrumento para detener una ley o decreto presidencial que atentase contra el orden constitucional.

Lo anterior se traduciría en una presidencia de Sheinbaum marcada por el control absoluto del Ejecutivo sobre los otros poderes de la Unión; y con ello, la democracia mexicana se enfrentaría a un riesgo sin precedente en la historia moderna del país.

¿Qué hacer? Todo dependerá de quien resulte ganadora el 2 de julio y, desde luego, de la conformación del nuevo Congreso.