No hay un día en que no se presenten actos brutales de violencia e inseguridad en México, mientras las autoridades, desde el presidente, los gobernadores y hasta la candidata del continuismo, Claudia Sheinbaum, siguen dando abrazos y negando la realidad.

El pasado viernes 22 de marzo en Culiacán, Sinaloa, según datos del Centro Estatal de Comando, Control, Comunicaciones, Computo e Inteligencia (C4i), ocurrieron hechos dramáticos, la desaparición forzada de 66 personas, hombres y mujeres, incluyendo a ocho niñas, niños y adolescentes. El reporte menciona que todos los casos fueron con violencia extrema y un patrón similar, hombres encapuchados, vestidos de negro que llegaron disparando armas de fuego.

“Cosas que ocurren” en Sinaloa

Para el gobernador morenista “son cosas que lamentablemente ocurren” y, desestimando la gravedad de los hechos, pidió a la población no tener miedo, disfrutar de las vacaciones de Semana Santa y confiar en las autoridades que “no están de ninguna manera rebasadas y estamos dando seguimiento”. Así de cínico, así de irresponsable.

Posteriormente los secuestradores liberaron a 58 personas, 36 adultos y 22 niñas y niños sin que ello obedeciera a la presencia de elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad.

“Es tiempo electoral” en Campeche

Casi a la par en Campeche, otro estado gobernado por Morena, el 15 de marzo se presentaron hechos que dejaron saldo de un muerto y varios heridos al interior del penal de Kobén. Los elementos de la Policía Estatal que acudieron sin equipo, sin armas y sin saber a qué iban, fueron prácticamente carne de cañón.

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En protesta por los elementos que resultaron heridos durante el motín, elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana de Campeche tomaron la sede de la dependencia. Al igual que el gobernador de Sinaloa, Layda Sansores minimizó la violencia y acusó a sus adversarios políticos de lo sucedido. “Es evidente que es tiempo electoral y tenemos partidos y actores que intentan dinamitar el diálogo y dañar a nuestro estado. Compañeros policías no permitan que los usen y contaminen su movimiento”.

“Viene de tiempo atrás” en Guerrero

Luego de participar en una protesta, un policía mató a un estudiante de la Normal de Ayotzinapa y escapó estando bajo custodia, dicha situación generó gran tensión y un grupo de normalistas de Ayotzinapa irrumpió en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guerrero en protesta por el asesinato.

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Circulan videos de la forma en que el crimen organizado controla las rutas de transporte público y amedrentan a los operadores de las unidades. Esto viene precedido, entre otros actos de violencia, de la masacre de 13 policías en Coyuca de Benítez o que en Taxco, las amenazas de las agrupaciones criminales La Familia Michoacana y Los Tlacos paralizaron la ciudad, los transportistas suspendieron los servicios por falta de seguridad, se cancelaron las clases en los colegios y gran parte de los comercios optaron por no abrir sus puertas.

Con la llegada al gobierno de Evelyn Salgado, la hija del senador Félix Salgado, la violencia se agudizó. En una publicación de El Economista, David Saucedo, consultor sobre políticas públicas en materia de seguridad, consideró que durante muchos años la ciudad de Chilpancingo vivió lo que puede llamarse una “paz narca”, pactada por los grupos de la delincuencia, particularmente Los Tlacos y Los Ardillos y que todo parece indicar que ambos grupos apoyaron las campañas electorales de Morena, de la ahora gobernadora y de la presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández quien incluso, apareció en videos reuniéndose y pactando con los lideres de Los Ardillos. Sin embargo, las disputas entre ambas organizaciones criminales han escalado y, al hacerlo, obligaron a las autoridades a tomar partido por uno de los dos, en este caso de los Tlacos.

Después de un enfrentamiento en la Sierra de Guerrero que dejó al menos 12 muertos, el pasado 15 de febrero se dio a conocer que representantes del Clero intervinieron para lograr un acuerdo entre ambos grupos criminales. “Fue por voluntad de ambas partes; hubo un puente para que pudieran ponerse de acuerdo y hacer una tregua de no enfrentamiento”.

En respuesta y antes de enfrentar su responsabilidad, AMLO minimizó la situación y responsabilizó a quien sea: “Lo que pasa es que creció mucho, se dejó crecer. Esto viene de tiempo atrás, desde hace dos o tres sexenios, y echaron raíces, se fortalecieron en comunidades, tienen en algunas partes base social de respaldo y apoyo... También entraron por la vía de los partidos; lo que ha venido sucediendo desde hace tiempo. Se está combatiendo, pero es un proceso”.

El miedo como estrategia

Chiapas se ha convertido en uno de los escenarios de la guerra entre cárteles y la situación tiene a miles de pobladores de comunidades indígenas sufriendo los estragos de quienes, se dice, acordaron no permitir el desarrollo de las elecciones el próximo 2 de junio.

A estos estados se suman Tabasco, Zacatecas, Michoacán, Nayarit, Colima, Sonora, Tamaulipas, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, todos casualmente gobernados por Morena.

Generar miedo al entregar al crimen organizado los estados y los poderes o generar un Estado de excepción y que las elecciones no se desarrollen, como ya lo sugieren en comunidades indígenas en Chiapas, es sin duda la más baja y ruin de las estrategias electorales.

X: @diaz_manuel