La batalla por la reforma judicial que transparente y sujete a los términos constitucionales el funcionamiento del poder judicial, está sobre la mesa. La solicitud cruzada de juicio político contra la ministra presidenta Norma Piña y contra el ex ministro presidente Arturo Zaldívar, seguro encargado de diseñar los términos y contenido de una reforma judicial, realmente bifurcan los caminos y las fuerzas en torno a ésta última: los que acusan a Arturo Záldivar desean detenerla descalificando y anulando al su posible progenitor, para mantener una estructura pre moderna del funcionamiento judicial en México que ya es insostenible, hablaron y denuncian vía la “denuncia anónima” porque se juegan la última carta antes de que una reforma los expulse de sus cargos privilegiados de hoy. Ello, sin considerar la posibilidad de que puedan ser imputados con responsabilidades legales.

Todo, bajo la hipótesis de que tal “denuncia anónima” haya sido elaborada por jueces y/ magistrados que se sienten muy afectados ante la eventualidad de una reforma que los deje fuera de su hábitat natural y privilegiado de tantas décadas. Pero, además, ¿quién es responsable de haberla filtrado a la prensa? Eso es materia de otra investigación judicial. Hay allí también un delito. Por eso la denuncia del ministro Zaldívar va en distintas direcciones. Es una contraofensiva total.

Y el bloque de fuerzas de la derecha reaccionaria se apresta a darles todo el auxilio posible a quienes sin tener mayoría solicitarán juicio político contra el Dr. Arturo Zaldívar, dado que antes recibieron probablemente todos los favores posibles. En el otro bloque de fuerzas, el de la 4T-4R AMLO-Sheimbaum, esta denuncia y solicitud de juicio político los mete ante el posible desprestigio de un hacedor de la reforma que vería disminuidos sus tamaños éticos y de imagen pública para la tarea de cirugía mayor que requiere el poder judicial mexicano.

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¿Qué se investigue la denuncia? Sí, junto con todas las demás que se puedan presentar, anexar, porque los actores judiciales, jueces, magistrados y ministros están llenos de sospecha y opacidad en muchos actos propios de su alta función nacional, y eso, durante décadas. Un ex ministro, Eduardo Medina Mora-Icaza, ex procurador general de la república y ex director del CISEN, que tenía que aclarar el origen y expansión de una cuenta en libras esterlinas en un banco en Londres, está prófugo, hasta donde se ha podido conocer. De ese tamaño es la aguda crisis actual del poder judicial, la enorme des legitimidad y desprestigio de sus ministros. Medina Mora renunció y huyó del país, seguramente.

El 5 de junio también del 2019, la National Crime Agency y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos detectaron que Medina Mora recibió transferencias en una cuenta del HSBC UK BANK, por 2 millones 382,526 libras esterlinas, y en el HSBC USA, por 2 millones 130,000 dólares entre los años 2016 y 2018, periodo que comprenden los tres últimos años de su cargo del ministro. (Monroy, El Economista, marzo, 2022).

En tal virtud, el 3 de octubre de ese año, la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a su vez dependiente del Poder Ejecutivo, emitió el requerimiento 110/F/B/5182/2019 ordenando a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores incluir al ministro Eduardo Medina Mora, sus hermanos y otras empresas a la lista de personas bloqueadas. (ídem)

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¿Nadie está interesado en presentarlo ante la justicia para que responda por las presunciones delictivas que le imputan? ¿O huyó mediante acuerdo judicial de facto? No lo sabemos a ciencia cierta. Tiene pendiente rendir cuentas ante la justicia mexicana en lo relativo a las cuentas bancarias en Londres y EU, pero también, lo relativo a la permisividad encontrada de parte de las autoridades mexicanas -él era titular de la PGR- para la consumación de la operación “Rápido y Furioso”, de igual manera, renunció a su alto cargo (3 de octubre, 2019) sin ofrecer explicación alguna de su decisión como está obligado a hacerlo por mandato de ley. Incluso, el abogado Daniel Torres Checa demandó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para conocer las causas de dicha renuncia, de las cuales no ha informado, , las presuntas causas graves que orillaron al exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, a la renuncia, máxime que en algún momento, la Fiscalía General de la República (FGR) informó no haber encontrado elementos para proceder penalmente en su contra.

Dio en términos prácticos, “carpetazo” al tema. ¿No existían las cuentas bancarias?, no tenían las cantidades de dinero que la autoridad judicial estadounidense informó? ¿Casi 5 millones de dólares fueron legalmente obtenidos? ¿no tuvo conocimiento y no consintió la entrada de las 2,000 armas a territorio mexicano de la operación “Rápido y Furioso”?. No puede ser que se dejar todo ello “volando”.

Medina Mora se defendió: el 18 de junio del mismo año, mediante una carta pública, el exministro desmintió esa información. Reconoció que tuvo 32 movimientos financieros, pero no por 103 millones de pesos, sino por 7 millones 487,261 pesos, “cantidad que es consistente con los ingresos que declaré en ese periodo”. El ex ministro Medina Mora negó que las operaciones hayan sido con una cuenta bancaria en el exterior, sino en México en una cuenta de HSBC. En su escrito, acusó violación al secreto bancario. Si no fue así, ¿de dónde sacaron las autoridades de justicia de EUA dicha información, dado que ellas tienen acceso a la contabilidad bancaria? Las dudas crecen y ninguna se despeja. Esa pésima e ilegal costumbre en México de echarle tierra periodística y de tiempo a los casos álgidos para que se olviden en la mente ciudadana y en donde se quedaron, allí se pudran.

¿Qué sucedió entonces? La respuesta no ha sido otorgada. Hay un halo de misterio que ofende a los ciudadanos. Ello es sólo un botón de muestra de la forma obscura en que se procesan los temas en la SCJN, el máximo tribunal mexicano, zona de desastre. Pero el gobierno actual tampoco ha hecho las precisiones debidas.

Volviendo a la problemática actual, el ex ministro Zaldívar, en el peor de los casos, no es el único que puede ser acusado por presuntas responsabilidades de corrupción judicial -otra cosa es que las imputaciones pueden ser probadas a plenitud-. Pero no olvidar que, si son jueces que argumentan que fueron coaccionados para hacer algo indebido, debe valorarse todavía si ello los exonera de responsabilidad.

No siempre o necesariamente los jueces y magistrados o hasta ministros, son coaccionados para resolver en favor de causas antipopulares, o de personajes oligárquicos, plutócratas, también el dinero en cantidades grandes les atrae sobremanera, como pudo suceder, en los amparos otorgados en materia de la ley del servicio eléctrico bloqueada. Hay muchas “liberaciones” a miembros de las organizaciones del crimen transnacional firmadas por jueces diversos. Sabemos cómo actúan los abogados de dicho tipo de prisioneros o imputados, lo hacen con mucho dinero. A la esposa de García Luna le “liberaron el acceso a sus cuentas bancarias”, a pesar de que su marido fue hallado culpable de todos los cargos por narcotráfico en EU. Así entonces, también están alineados socio-política e ideológicamente con el conservadurismo reaccionario mexicano y con la obstrucción a cualquier cambio que mueva su estatus actual de alto privilegio.

Por cierto, la reforma en materia de Ley de Amparo que avanza en el Senado, está próxima a quitarles filo a las “suspensiones provisionales” mediante las cuales los jueces y magistrados bloquean los caminos seguidos por el poder ejecutivo o el poder legislativo, para efectuar cambios en sentido progresista. Son una retranca.

¿Las acusaciones contra el Dr. Záldivar lo inhabilitará como progenitor de la próxima reforma al poder judicial? No, es un colaborador importante cuestionado en su legitimidad. Puede enfrentar los cargos, y de no probarse, puede salir muy fortalecido; caso contrario, o anulado. Tiene una gran capacidad de defensa y de respuesta, no subestimemos eso. Aunque una investigación de tal envergadura puede desfasarse en tiempo, de la propia elección presidencial, que concluirá y la investigación no habrá concluido aún, seguramente. Lo que puede caminar más rápido, son las solicitudes de juicio político, en términos de trámite inicial.

El PRIAN no tiene una mayoría simple para aprobar esta solicitud y darle trámite contra el ex ministro Zaldívar, pero Morena y aliados sí tienen esa mayoría para darle curso, no para determinar si hay o no responsabilidad imputable a la ministra Piña, para ello se necesita una mayoría calificada. Pero la solicitud de juicio político puede avanzar y continuar en la próxima legislatura. La hundiría el logro de la mayoría calificada del bloque de Morena, es decir, el logro del plan C.

La moneda en sentido estricto, mientras no concluya todo el proceso, está en el aire, las fuerzas políticas tensadas al máximo, la lucha crece, toma caminos legales e ilegales, todo puede suceder. Pero, en términos electorales creo que el impacto será mínimo o nulo. La campaña de Bertha Xóchitl Gálvez está más anestesiada que viva. Algunos medios de prensa ya la ponen en tercer lugar. Lo que le faltaba.