El cambio en el dictamen que sometía a consideración de la Cámara de Diputados la reforma que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, lejos de ser inocente o humano, fue un vulgar madruguete que coloca el sello de esta legislatura caracterizada por el desaseo procesal.

Es irracional que mientras Morena y aliados tuvieron oportunidad de construir consensos con una mayoría entre el partido oficialista, se haya optado por violentar el reglamento de debates con actos por los que cualquier parlamento serio, habría despedido al secretario técnico responsable de poner en riesgo la legalidad del proceso.

El desaseo legislativo es una afrenta directa a los principios fundamentales de la democracia. Cuando los representantes del pueblo, en este caso, los integrantes de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, realizan cambios de última hora en proyectos de ley sin la debida transparencia y consulta, se socava la confianza en el sistema democrático y se pone en peligro el Estado de derecho. No sólo parece un error humano, sino un acto en el que deliberadamente se apela a que nadie lea y nadie revise. Tristemente, esa ha sido la función del poder legislativo en este sexenio: limitarse a levantar la mano y blindar, con “chicanadas” como cambiar dictámenes de último minuto, las propuestas presidenciales.

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El ejemplo reciente de la reforma para enviar los ahorros para el retiro y la vivienda no reclamados al Fondo de Pensiones para el Bienestar es una clara muestra de esta preocupante tendencia que anteriormente ya ha acarreado la declaración de invalidez por los vicios en el proceso.

Ese es el gran pleito de Morena contra la Ley de Amparo y los efectos que tiene la suspensión provisional: los legisladores y el propio presidente no han logrado valorar que en la legalidad del proceso legislativo se encuentra la propia legalidad y constitucionalidad de las nuevas reformas que pretenden promulgar. Recordemos que el propio “Plan B”, el paquete de reformas en materia electoral impulsado por Morena, fue invalidado ya que las fuerzas políticas desconocían el contenido del proyecto pues no fue publicado en la Gaceta Parlamentaria el día anterior a su votación, mientras que la segunda parte del Plan B fue invalidado el 22 de junio de 2023 al considerar que ambas cámaras incurrieron en múltiples violaciones al proceso legislativo.

El cambio repentino en el texto del proyecto de dictamen, que amplía significativamente los criterios para disponer de los ahorros de los trabajadores, revela una falta de respeto por las reglas y disposiciones necesarias para un proceso legislativo transparente y justo. Es urgente que lo entendamos como una violación al derecho de los ciudadanos a conocer las reformas que realizan en el Congreso, no solamente como un pequeño error que tomó por sorpresa a legisladores, ya que justo en la publicidad de aquello que se va a votar radica el derecho inherente a la participación activa ciudadana a oponerse o manifestar posicionamientos que incidan en nuestros representantes.

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La modificación propuesta permitiría al gobierno disponer no solo de los ahorros de cuentas inactivas, como se había establecido inicialmente, sino también de los recursos de cualquier cuenta perteneciente a trabajadores de 70 años que no hayan reclamado su pensión. Esto representa un grave riesgo para la seguridad financiera de los trabajadores y pensionados, especialmente aquellos bajo el régimen de pensiones de 1973.

Aunque la ley garantiza la imprescriptibilidad del derecho de los trabajadores a reclamar sus recursos, la creación de una reserva financiera por parte del Fondo de Pensiones para el Bienestar plantea interrogantes sobre la viabilidad y eficacia de este mecanismo. ¿Cómo se asegurará que esta reserva sea suficiente para cubrir todas las reclamaciones? ¿Qué sucederá si no hay recursos disponibles para devolver los ahorros a quienes los reclamen?

La falta de recursos y la urgencia por obtenerlos parecen ser los motores detrás de esta reforma. Sin embargo, sacrificar la seguridad financiera de los trabajadores y pensionados en aras de resolver problemas presupuestarios es inaceptable. Máxime cuando se ha insistido en la necesaria reforma fiscal que logre imponer cargas de impuestos mucho mayores a quienes más tienen, así como ampliar la base tributaria al sector de la informalidad.

En última instancia, el desaseo legislativo no sólo pone en riesgo la estabilidad económica de los trabajadores y pensionados, sino que también socava la confianza del proceso legislativo. ¿Quién es el equipo técnico que tuvo un error de tal magnitud por el que bien podría enfrentar sanciones administrativas? Peor aún. ¿Con qué cara Morena y el presidente exigen a la Corte dejar de invalidar leyes si claramente, existen vicios de origen que resultan violatorios a los derechos más básicos de una democracia? El agandalle puro y duro no se puede volver una manera válida de “legislar”. ¿En dónde quedó aquello de -no traicionar-? Ya que el reglamento y la ley existen por una sencilla razón: que las reformas y leyes cumplan con reglas básicas de publicidad para que todas y todos, incluyendo ciudadanos, puedan conocerlas; que la publicidad cumpla un periodo razonable para que los legisladores no lleguen a votar por algo que ni siquiera han leído; que aquello que se discute sea lo que se vota, pues si no, simple y sencillamente se estará votando a ciegas, sobre aquello que ni se conoce ni se discute. Qué lamentable manera de perder la oportunidad histórica y la confianza popular mayoritaria que le brindaron a la izquierda con prácticas indignas de un movimiento popular.

X: @ifridaita