Culturalmente el país trae pleito serio con la evaluación. Quizás su origen sea la familia donde a los padres les da por comparar a los hijos o el sistema educativo en el que la calificación es requisito para el buen trato o nombre y la expectativa, no siempre cierta, de un mejor porvenir. El pleito es serio y forma parte del rencor social que duerme en el alma nacional. López Obrador ha sido el campeón de los rencorosos y consecuente de principio a fin.

Al inicio de su gobierno le dio por decir que las métricas sobre el crecimiento económico eran imprecisas, que había que incorporar un nuevo indicador que incluyera la felicidad. Claro, para él es más fácil abonar en el terreno de las emociones con promesas y buenas intenciones que las fastidiosas cifras sobre el PIB o mediciones semejantes. No construyó su indicador, pero persiste en que lo importante es la felicidad y asume que a él como a su candidata las encuestas le hacen justicia, puede invocar y presumir el respaldo popular a su gobierno, el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias. Ni en sus mayores pretensiones Alfonso Reyes, autor de la cartilla moral lo hubiera soñado.

Para llegar a un anhelado cargo público en el gobierno obradorista no se requiere capacidad ni un título que exprese calificación que, por cierto, se puede obtener de manera expedita en alguna institución patito, como ocurrió con el fiscal de la ciudad de México. No, se requiere lealtad al proyecto y como el proyecto es López Obrador, todo resuelto. La ley poco importa, sí cuando hay que aplicarla al de enfrente. A los de casa: gracia e impunidad.

Allí está la ministra Lenia Batres como ejemplo de profesionista a la altura de la exigencia obradorista. Es evidente que la preparación se requiere hasta para ser una juzgadora de consigna. Sus limitaciones mayores no están en su parcialidad, tampoco en su precario conocimiento del derecho y del sistema de justicia, sino en el déficit propio de un sistema educativo al margen de todo sentido de calidad. El problema crece cuando quienes tienen preparación prefieren involucionar para ser funcionales al proyecto político.

Para el prócer macuspano los estudios en el extranjero son obscenidad, perversión ideológica neoliberal y despilfarro. No importa que la ahora candidata presidencial del oficialismo tenga posgrado en el extranjero o que el hijo menor del presidente esté siendo educado en Inglaterra, país con rigurosa evaluación educativa. A López Obrador le fastidia quienes han estudiado en el extranjero y, por su historia en la educación superior, se advierte que incubó profundo rencor frente a sus pares con resultados exitosos. Seguramente desde ese entonces sintió que lo suyo era estar con las mayorías y arengarlas en el agravio compartido contra los aspiracionistas. Los buenos resultados son para una minoría, génesis de la desigualdad y el egoísmo.

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Son recurrentes los temas que enojan al presidente con la evaluación. Recientemente descalificó el reporte en materia de derechos humanos del Departamento de Estado al Congreso norteamericano. México y su gobierno salen muy mal calificados, para López Obrador un tema de mala leche y mala prensa, no de la realidad a pesar de la impunidad y de su campaña intimidatoria hacia opositores y los medios de comunicación independientes y sus profesionales.

En el extremo de la irresponsabilidad porque afecta la formación de nuestros menores, acabó con la evaluación educativa, y en su proyecto de la nueva escuela mexicana elimina toda forma de calificación de mentores, centros de enseñanza y, desde luego, estudiantes. Nadie reprueba, todos acceden al nivel siguiente y así también todos felices, aunque haya una proliferación de analfabetos funcionales, como ha revelado la prueba PISA. Por cierto, examen que ya no deberá presentarse a partir de 2025, decisión de un gobierno que se niega a la evaluación porque no quiere ser exhibido en la magnitud de su fracaso.

El sistema de salud como Noruega y la corrupción abandonó al país después de siglos. Los mexicanos felices y las intenciones de voto revelan el estado de indefensión de la sociedad. Concluyente que entre los recipiendarios de los beneficios monetarios la ventaja del oficialismo sea abrumadora; se pretende construir una mayoría consecuente al proyecto donde la evaluación no existe y para que las próximas elecciones sean la medida del sentido de excelencia del régimen: la lealtad al líder moral.