Populista, sin duda, es la recién aprobada reforma al sistema de pensiones impulsada por Andrés Manuel López Obrador y ejecutada en las cámaras -sin moverle una coma- por Morena y sus aliados. Esta reforma abusiva populachera, usurpadora, y atracadora, podría convertirse en un lastre para la economía del país en los años por venir, simplemente porque como casi todo lo que hace el actual régimen, emerge de una ocurrencia, sin planeación y sin contemplar los daños que ocasionaría. Sin embargo, genera cierta esperanza que en razón de lo burdo y desaseado de los procesos que caminó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), les dé “palo” y la eche abajo, como ya ha sucedido en ocasiones anteriores.

Con el argumento de que el esquema actual de pensiones afecta injustamente a trabajadores del Seguro Social y del ISSSTE, pues impide jubilaciones con el 100% del salario, optó por revertir los regímenes de pensiones, tanto el aprobado durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997, como el impuesto en el 2007 por Felipe Calderón.

El presidente López Obrador planteó la reforma y fue tomando forma hasta llegar a su aprobación en el Senado la madrugada del jueves 26 de abril y a la firma del decreto que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar -con show incluido en la conferencia mañanera- el 1 de mayo, con lo que ya entró en vigor e inició el proceso para que sea constituido oficialmente.

Cabe destacar que en el camino, la reforma cambió sustancialmente una de sus características fundamentales, que en un inicio era el pagar las pensiones con el último salario del trabajador al 100%, para finalmente establecer un tope de 16 mil pesos.

Pero lo que mayormente ha causado controversia en torno a esta nueva ley, es el hecho de que estará financiada inicialmente con el dinero producto de los ahorros de los trabajadores mayores de 70 años de edad, que por algún motivo no han retirado sus afores.

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Para decirlo con todas sus palabras, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, robará los ahorros de toda la vida de los adultos mayores.

Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras, explicó en entrevista para CNN Dinero los motivos por los que se rechaza la reforma.

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“Bueno, lo primero efectivamente es una medida populista porque no hay manera de que con 2.500 millones de dólares puedas sostener una aportación que se está calculando en por lo menos 40 mil millones de dólares anuales, que sería lo que realmente se necesitaría. Entonces dices, oye, le voy a quitar a personas que no han recogido su dinero, 2.500 millones de dólares, cuando el problema es de 40 mil millones de dólares, pues evidentemente es populista el tema. En segundo lugar, tiene que ver con el antecedente que se genera, porque actualmente las afores son manejadas por bancos, por instituciones privadas, y el gobierno podría crear una única afore y entonces decidir en qué se va a invertir el dinero, y muy probablemente va a decidir invertirlo en sus proyectos que no han sido rentables. En esta administración se han llevado a cabo grandes obras y todavía ninguna es rentable. Entonces está el temor de que el dinero de mi pensión se invierta en cosas que no son rentables y en consecuencia no me generen intereses o dividendos para el futuro, y mi pensión en el futuro pues sea mucho menor por un lado. Y por otro lado, si pasa esta reforma, ¿de dónde van a salir 40 mil millones de dólares anuales para hacerle frente a las necesidades que está creando esta propuesta? Entonces, pues hay muchos temores por ambas partes, uno por lo que se genera de precedente y dos, pues por el hueco que se le va a generar a las finanzas públicas mexicanas”.

Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras

Como ya mencionaba al inicio, es muy factible que la reforma quede sin efectos en la Corte, siendo que ya están presentados recursos judiciales por parte de integrantes de la oposición y cada vez se estarán sumando más personas que consideran pueden ser afectados sus ahorros.

Este es el caso de 727 personas, incluidos diversos funcionarios públicos, quienes este jueves 2 de mayo presentaron una demanda en contra de las reformas que crearon el Fondo de Pensiones del Bienestar y permiten financiar las jubilaciones con las cuentas inactivas de las afores.

El amparo fue presentado por el despacho de abogados Trusan & Roma ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) del poder judicial, acompañado de la firma de 727 personas que pertenecen tanto al sector privado como al público, incluidos funcionarios de diversas dependencias del gobierno federal.

La demanda considera “inconstitucional” las reformas impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que entraron en vigor el 1 de mayo y crean un fondo para financiar la jubilación de los trabajadores con el 100% de su salario.

El amparo presentado este jueves alega que las reformas a las leyes de pensiones “afecta la forma” en que los demandantes “decidieron que iban a manejarse en lo futuro sus recursos en las diferentes administradoras”, explicó el abogado Rodolfo Martínez, que acudió en nombre del despacho a presentar el amparo.

El representante legal también adelantó que en las próximas semanas, “cientos” de trabajadores de diversas dependencias federales presentarán sus propias demandas de amparo “para que sus ahorros no se vean afectados”.

Y mientras, se espera la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a las acciones emprendidas por trabajadores, cabe señalar que ya lanzó amenazas veladas a las instituciones que se nieguen a entregar el recurso procedente de las afores de cuentas inactivas.

“Ya está en la ley, no creo que incumplan. Si no, aquí se los vamos a decir”, aseguró AMLO en su conferencia mañanera. “No se trata de estar pensando en sancionar, en que van a incumplir, porque ya es una cuestión legal, además casi todos son muy responsables y vamos a esperarnos, ¿para qué adelantamos vísperas?”, dijo.

No obstante, afirmó, “aquí vamos a decir quiénes ya cumplieron y quiénes no”, además de que “si no actúan legalmente, pues entonces posiblemente haya sanciones”.

En tanto, la secretaria de gobernación, Luis María Alcalde, ya adelantó que será en la segunda mitad de junio cuando las 10 afores deberán de transferir al fondo los poco más de 40 mil millones de pesos en ahorros no reclamados que se encuentran en cuentas inactivas.

Es pues de esperar que el poder judicial sea nuevamente el que ponga un alto a los abusos propuestos del poder ejecutivo y a la imposibilidad del legislativo de actuar libremente.

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