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AMNISTÍA INTERNACIONAL OPINA SOBRE RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE SOBRE ATENCO
Amnistía Internacional considera positivo que la Suprema Corte de Justicia reconozca que hubieron graves violaciones de derechos humanos cometidas en San Salvador Atenco en mayo de 2006 y que haya instado a que se amplíen las investigaciones para establecer las responsabilidades de los directamente implicados. Ahora es esencial que el gobierno de Presidente Felipe Calderón asuma la responsabilidad de garantizar justicia y reparaciones a las víctimas en el caso de Atenco.
La resolución de la Suprema Corte viene después de dos años de haber abierto una investigación no jurisdiccional sobre el operativo policial para reprimir una manifestación en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo 2006. El operativo resultó en la detención de más de 200 personas y centenares de denuncias de abusos, incluso de violencia sexual como forma de tortura contra más de 26 mujeres arrestadas. Los responsables por los abusos no han sido llevados ante la justicia ni los victimas han recibido reparaciones.
Sin embargo, la organización considera que la resolución de la Suprema Corte, al descartar por adelantado la supuesta responsabilidad de altos funcionarios federales y estatales, no se encuentra de conformidad con las obligaciones de México bajo legislación internacional de derechos humanos. Según el derecho convencional México está obligado a investigar a los funcionarios que presuntamente ordenen, instiguen, induzcan el uso de la tortura o la cometan directamente y a quienes, pudiendo impedirla, no lo hagan.
La resolución parece ignorar el trabajo valioso de la comisión investigadora y el Informe presentado por el Ministro Gudiño al plenario de la Corte que concluye que aún sin evidencia que los altos funcionarios hayan ordenado los abusos, puedan estar implicados por no haber tomado medidas para pararlos al estar informado que se estaban ocurriendo y por el fracaso rotundo en asegurar la investigación creíble y efectiva de los abusos. Estos dos principios son conformes con legislación internacional de derechos humanos para determinar la responsabilidad de los superiores y deberían ser retomados por las instancias investigativas.
Amnistía Internacional también lamenta que la resolución no reconozca la calidad y cantidad de información recabada por la comisión investigadora para establecer las violaciones de derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, tales como la tortura. Por lo contrario, la Corte se limita a referir a la violaciones a las garantías individuales y no hace ningún reconocimiento explicito de los tratados internacionales en la materia que son vinculantes para el Estado mexicano.
demás, la organización esta preocupada por la propuesta incluida en la resolución de elaborar los criterios generales del uso de la fuerza por parte del Estado solamente a base de los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez. Si se va a lograr evitar otras situaciones como Atenco en el futuro, es esencial que estos procedimientos estén elaborados e implementados a base de los estándares internacionales indicados en el Informe de Ministro Gudiño, entre ellos la proporcionalidad, la necesidad y la rendición de cuentas.
A pesar de las limitaciones de la resolución de la Corte, Amnistía Internacional considera que el gobierno de Presidente Calderón deba mostrar liderazgo para asegurar que las investigaciones penales de todos los responsables por las violaciones de derechos humanos empiecen a realizarse de forma imparcial y eficaz. El compromiso expreso al más alto nivel es esencial para lograr justicia, verdad y reparaciones para todos y todas las victimas, tanto para las mujeres que sufrieron la tortura, incluyendo la violencia sexual, como para las personas que han sido sentenciadas en procesos deficientes.
Información General
El 3 y 4 de mayo 2006 más de 2,500 policías federales, estatales y municipales participaron en un operativo para terminar con protestas lideradas por la organización campesina Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) en Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. El operativo policial resultó en la detención de 207 personas, la muerte de dos personas, decenas de manifestantes y policías lesionados y varios policías retenidos como rehenes. Amnistía Internacional publicó el informe Violencia contra las Mujeres y Denegación de Justicia en el Estado de México (AMR 41/02/2006) documentado la violencia sexual sufrida por las detenidas. En febrero de 2006, al aceptar la petición de Ministro Gudiño, la Suprema Corte ejerció su facultad constitucional de ordenar una investigación de “hechos que constituyan una violación a algún garantía individual”.
IMPUNIDAD EN ATENCO, ACUSAN DE “POZOLERO” A MAGISTRADO DE JALISCO
Luego del fallo final en el caso Atenco, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación que exculpa a funcionarios de la administración federal como Eduardo Medina Mora y al Gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto, un grupo de manifestantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra acusó de “pozolero”, en alusión al criminal sujeto que admitió cocer y disolver a cientos de personas ejecutadas por el narco, a Sergio Aguirre Anguiano.
El Ministro, de origen Jalisciense y cuya trayectoria ha sido por demás mediocre – la más destacada fue haber sido regidor del PAN hace poco más de una década- se ha caracterizado por expresar al interior las posturas más derechistas y retrógradas.
Todavía en días pasados era el único Ministro que decía, como Francisco Ramírez Acuña, que los pobladores de Atenco “estaban agradecidos con la policía” y que “nunca existieron violaciones a los derechos humanos”.
Fue el único Ministro que votó en contra del resolutivo, pues la “bala que mató al muchacho pudo haber salido del arsenal de los grupos subversivos”, dijo muy orondo.
Cientos, tal vez miles de personas, panistas de Jalisco, estuvieron muy contentos del resolutivo final de la Suprema Corte, que al igual que el fraude del 2006, conválida la impunidad y la existencia de la delincuencia de estado. Ya no habrá motivo para exigir justicia en este caso, ni el de la represión de Guadalajara el 28 de mayo del 2004, ni en Oaxaca.
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