Jalisco | SDP

Contaminación del Río Santiago

Como es del conocimiento público, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió hace casi dos semanas la recomendación 12/2010  en contra de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que dirige José Luis Luege Tamargo, por la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha.

Nos enteramos de esa recomendación al acudir a la CNDH a preguntar sobre el estado que guardaba la queja; difundida ahora casi de forma clandestina y por razones políticas, ya que por lo regular el organismo emite un comunicado en cada resolutivo, cosa que no hizo. (Hay que recordar que el Presidente de la CNDH, Raúl Plasencia Villanueva, estuvo aquí el pasado 4 de marzo y se escondió de la prensa sin decir  nada.)

Suponemos que la conducta de Plasencia Villanueva obedece a un pago de favores, en agradecimiento a los senadores panistas jaliscienses que le llevaron al cargo; y a que no le quedó otra, pues en el segundo aniversario de la muerte de Miguel Ángel, el pasado 11 de febrero,  dirigimos un escrito a la CNDH sumándonos a la queja atraída por oficio y exigiendo una pronta respuesta.

Dicha recomendación considera entre otros los siguientes puntos:

1.- Que en realidad fue el arsénico que ingirió el niño Miguel Ángel López Rocha, al caer al río Santiago, el que lo mató; al llegar a 51 microgramos, cantidad casi diez veces superior a los 5 microgramos que puede soportar una persona normal.

2.- Que los medicamentos que se le dieron para intentar salvarlo desvanecieron todo rastro de ese metal, arsénico, pero aun así se comprobó que fue ésta la principal razón.

3.- Que se descartó cualquier otra causa, incluyendo supuesta violencia intrafamiliar como lo dio a suponer el empresario Javier Gutiérrez Treviño, mejor conocido como el “Buche de oro” y la Procuraduría del Estado.

4.- En consecuencia, la CNDH pide a José Luis Luege Tamargo de la Conagua, el resarcimiento a los familiares de la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha como consecuencia de la responsabilidad institucional que incurrieron servidores públicos de la dependencia.

5.- Que la CNDH pedirá a la contraloría de la Conagua se  instaure un procedimiento administrativo contra funcionarios implicados.

6.- Que la CNDH presentará una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República, para integrar una averiguación previa contra los funcionarios de la Conagua que resulten involucrados.

7.- Se pide a José Luis Luego Tamargo que colabore en esa denuncia de hechos  aportando los elementos que se le requiera contra los funcionarios omisos en sanear el río Santiago

8.- Que se pide a Luege Tamargo advertir a los habitantes de Jalisco, “prioritariamente” a quienes viven en zonas aledañas al río Santiago, sobre los riegos de vivir alrededor del río Santiago, y finalmente

8.-   Intensificar labores de limpieza y restauración del medio ambiente afectado.

A lo anterior nos permitimos expresar lo siguiente:

1.-  Lamentamos que la CNDH exonere de responsabilidad a Emilio González Márquez, a  César Coll Carabias, a Alfonso Gutiérrez Carranza, Alfonso Petersen Farah, entre otros,  corresponsables también de los hechos.

2.-  No nos satisface la recomendación de la CNDH, ya que al no haber hecho  ningún señalamiento contra funcionario estatal alguno contribuye a la impunidad; además que no pide a la procuraduría, ni estatal ni nacional, indagar el origen de los contaminantes o empresas contaminadoras.

3.- La recomendación de la CNDH extiende así un manto de impunidad, a la que se había sumado la CEDHJ, al no haber encontrado responsable alguno en su famosa “macronegociación” la 01/2009. Desafortunadamente hasta aquí llega la actuación de la CNDH, ya que desde el punto de vista legal, la recomendación de la CNDH ya no se puede impugnar:

4.- En ese sentido estaremos atentos a la evolución del caso para valorar llevarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

5.-  La recomendación de la CNDH contradice totalmente a Alfonso Petersen Farah ya que realidad sí  existe un gran riesgo para la salud de los habitantes que viven en torno al río Santiago.

6…-  Hay que señalar también que la recomendación de la CNDH contradice a la “macronegociación” de la CEDHJ, ya que la nacional sí acredita y comprueba con peritajes médicos daños a la salud del niño, lo que devino en su muerte; mientras que el organismo local no acredita ningún daño a la salud en los más de 125 quejosos enfermos que integraron las numerosas e inoperantes recomendaciones que emitió, y que determinó no sancionar a nadie ni exigir resarcir  daños a la salud.  Ahora ninguno de ellos puede exigir resarcimiento.

Cabe señalar que la CEDHJ también tiene facultades para presentar denuncias penales y no lo hizo.  Emitió pues, “macrorrecomendaciones” a modo.

7.- Vemos de esta manera que  ambos organismos apoyan la carrera presidencial de Emilio González Márquez, ya  que dichas  instancias eludieron encontrar responsabilidad por mínima que haya sido, en el Gobierno del estado, en este doloroso episodio de negligencia criminal.

Manifestamos:

1.-  En primer término exigimos justicia y castigo a los responsables.

2.- Estaremos atentos en la respuesta que dé la Conagua para saber si acepta la recomendación o no. Los  quince días para que de una respuesta concluyen el 23 de marzo.

3.-  Un ofrecimiento de resarcimiento o dinero por indemnización,  por lo general y con frecuencia se ha utilizado  para que la gente retire demandas y exigencias. No será nuestro caso. Primero Justicia,  luego resarcimiento.

(Creemos que los que resulten responsables tienen derecho a defenderse. No creemos que los deban  tratar como a veces nos tratan a nosotros, criminalizados a priori. Y nos oponemos también a chivos expiatorios)

4.- Pediremos a la CNDH copia de la denuncia de hechos que presente la Procuraduría, a la que nos sumaremos junto con familiares del niño Miguel Ángel.

5.- De acuerdo con el avance de la averiguación previa valoraremos si de acuerdo con el Código Penal Federal los jueces determinaran en qué forma la Conagua responderá solidariamente subsidiariamente en los delitos dolosos o culposos de los servidores públicos involucrados.

De acuerdo con ese Código Penal procede el delito de homicidio culposo y el delito de omisión que responsabilidades de servidores públicos que causen daño. En el primer caso la pena va de 3 a 6 años de cárcel. En el segundo de 3 a 8 años de prisión  y destitución e inhabilitación en el cargo de 3 a 10 años.

6.-  Sólo cuando la PGR determine quiénes son culpables; entonces y con acuerdo con los familiares del niño valoraremos el resarcimiento económico que proceda. Reiteramos: primero justicia y luego reparación del daño.

7.-  Exigimos la salida de Felipe de Jesús Álvarez Cibrián por negociar la salud de los habitantes de El Salto y de alrededores del río Santiago a cambio de presupuesto y plazas para recomendados en la CEDHJ.

Queda en evidencia cercanía y protección al gobierno de Emilio González Márquez.

Boletín de Prensa

15 de Marzo de 2010

SME www.flickr.com.edemx

Con la participación entusiasta y combativa de cientos de representantes de las Casas del Movimiento en defensa de la economía popular, del petróleo y la soberanía, de organizaciones sindicales y sociales de todo tipo, así como de agremiados, representantes y miembros de la dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas, encabezados por su Secretario General, Martín Esparza Flores, el pasado 29 y 30 de agosto, en el auditorio del SME se realizó el primer Encuentro Nacional por una Tarifa Social y en contra de los cobros excesivos de luz.

México atraviesa por uno de los momentos más críticos de su historia. Más que una crisis económica temporal, se trata de la prueba más clara del fracaso del modelo neoliberal que se basa en la concentración de la riqueza en unos cuantos, a costa de la miseria de los otros muchos. Esta política nos ha llevado a la debacle, a la degradación progresiva en todos los órdenes de la vida pública y de la convivencia social.

Son tiempos aciagos para la mayoría de los mexicanos que viven agobiados por la pobreza, el desempleo y la inseguridad. Pero estos males tienen responsables: han sido causados por una oligarquía que se apoderó del Estado para imponer una política de pillaje del saqueo del erario público, los recursos naturales y el patrimonio nacional, a costa del sufrimiento del pueblo. Desde hace más de 26 años, al amparo de las falacias del libre mercado, Carlos Salinas (1988-1994), entregó empresas públicas, bancos y otros bienes nacionales, a especuladores, traficantes de influencias y políticos corruptos. Este grupo acumuló riquezas como en pocos lugares del mundo y fue adquiriendo poder político hasta convertirse en una élite dominante que se colocó por encima de las instituciones constitucionales. Además, son dueños y controlan los principales medios de comunicación que utilizan para desinformar al pueblo. Hoy esta oligarquía es el principal obstáculo para establecer la democracia y la justicia social en México.

Como es obvio, a esta mafia no le importa el destino del país y mucho menos el bienestar de la gente. Durante más de dos décadas, México ha sido uno de los países con menor crecimiento en el mundo; desde 1983 se desmanteló la política de fomento económico y de generación de empleos; se dejó sin apoyo a los productores del campo, y se descuidó de manera deliberada el sector energético para arruinarlo y justificar la privatización de la electricidad y de la industria petrolera.

El saldo del vandalismo y de esta absurda política es realmente lamentable:

Nuestro extraordinario pueblo ha sido condenado a la sobrevivencia o al destierro. A los jóvenes se les ha cancelado el futuro pues no tienen oportunidades de trabajo ni de estudios. Ya no hay movilidad social y ahora para salir adelante sólo han dejado el camino de la migración y el de las conductas antisociales. Millones de mexicanos viven hacinados, abandonados, enfermos y sin seguridad social.

La política de privatización de la industria eléctrica ha sido la principal causa de que se hayan elevado sin justificación financiera ni económica las tarifas eléctricas. El gobierno ha eliminando el subsidio de la tarifa DAC y disminuido los subsidios a las tarifas domésticas y agrícolas, dejando en la indefensión a millones de mexicanos que no pueden pagarla. A diario vemos como crece el descontento y las protestas contra los abusos en los cobros por uso de la electricidad. Y hoy con el apoyo del PRI y del PAN amenaza con eliminar por completo los subsidios a la electricidad que consumen las familias y los campesinos.

Analizar las causas que han posibilitado que la electricidad en México sea una de las más caras del mundo, implica necesariamente conocer del proceso de desnaturalización-desnacionalización de la prestación del servicio público de energía eléctrica en México. Tal empeño supone necesariamente conocer, a grandes rasgos la génesis del artículo 27 constitucional, en cuyo párrafo sexto se asienta, con meridiana claridad, el concepto de la Exclusividad Nacional en materia energética.

En el caso que nos ocupa, el papel injerencista, la falta de planeación acorde al desarrollo nacional, el pésimo servicio y las altísimas tarifas que imponían las empresas eléctricas extranjeras en México, llevo en 1960 a la Nacionalización de la industria eléctrica, elevándola a rango constitucional con una reforma adición al párrafo sexto del artículo 27, que estableció:“Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.”

Sin embargo, al amparo del nefasto Tratado de Libre Comercio y de los compromisos ahí asumidos, en 1992, el Carlos Salinas de Gortari, impuso una contrarreforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, violentando la Constitución y abriendo de par en par las puertas para la inversión de capital privado en la generación eléctrica.

Mediante un artilugio legal, consistente en una modificación-supresión del concepto de generación del artículo 3 de la LSPEE, se desnaturalizó y mutiló el concepto de prestación del servicio público de energía eléctrica y con ello la contrarreforma de Salinas de Gortari dio un paso fundamental en la desnacionalización-privatización de la industria eléctrica nacionalizada. Colocando a la prestación del servicio público de energía eléctrica como una mercancía más en el circuito de acumulación del capital en México. A tal grado que hoy un puñado de trasnacionales eléctricas controlan el 23 % de la capacidad instalada de generación y más de un 34 % de la generación bruta en nuestro país.

En el marco de esta reforma inconstitucional y privatizadora de 1992 comenzó a operar, de manera acentuada, un incremento desmedido en el precio de la tarifa doméstica, pues en la búsqueda de una tasa de ganancia elevada, el capital privado internacional priorizo la construcción de plantas de generación eléctrica basadas en el uso de gas, que es importado y cuyo precio internacional continua al alza.

Como remate, 10 años después, en febrero de 2002, el presidente de empresarios para los empresarios, Vicente Fox Quesada, decreto una reforma estructural tarifaria, disminuyendo brutalmente el subsidio a la tarifa doméstica y por su fuera poco creando la llamada Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), cuya aplicación agredió desde ese año el exiguo salario de millones de trabajadores mexicanos, con un incremento brutal de más de un 60% a la tarifa doméstica. Las cifras están a la vista y forman parte de la memoria de agravios del pueblo de México. De diciembre de 2001 a julio de 2009, en tan solo 8 años la Tarifa Doméstica se ha incrementado en promedio arriba de un 117 % y por encima de 419% si consideramos los incrementos de precios de la tarifa DAC. Sin embargo, en el mismo periodo los salarios mínimos solo se han incrementado en un 35.8%.

Enfrentar y resolver el enorme problema social que implican los cobros excesivos de la luz, requiere propuestas y soluciones de corto y mediano plazo. En primer lugar, restablecer la Legalidad Constitucional en materia energética (petróleo y electricidad) y establecer una Tarifa eléctrica socialmente justa, echando al bote de la basura histórica al criminal modelo neoliberal y a su clase política y organizarnos para alcanzar un gobierno que gobierne para el pueblo, desde el pueblo y con el pueblo. Para ello se requiere unidad, organización y movilización y este es uno de los principales consensos alcanzados en este Encuentro Nacional.

Asimismo acordamos las siguientes medidas:

No a la privatización de la industria eléctrica nacionalizada.

Por una Tarifa Social al alcance del Pueblo de México.

Electricidad gratuita en los consumos de 1 a 150 KWh a los mexicanos en extrema pobreza.

Disminución de un 15% en el precio de la Tarifa Doméstica y congelamiento durante todo el tiempo que dure la recesión y la crisis económica.

Desaparición la Tarifa DAC. Por un Tarifa Agrícola, cuyo precio permita la recuperación del campo mexicano.

Incremento del 15% a las tarifas de alta y mediana tensión.

No a la suspensión del suministro de energía eléctrica a quienes pierdan su empleo.

Libertad inmediata a nuestros compañeros presos políticos de Candelaria, Campeche y Puerta Grande en Chiapas.

No a la pretensión de Calderón y Carstenz de reducir el subsidio a la tarifa doméstica.

Participación en las Jornadas de lucha del 1º de septiembre. Movilización el 21 de septiembre, a la Cámara de Diputados.

Marcha al Zócalo el 27 de Septiembre, Aniversario de la Nacionalización de la Industria Eléctrica.

Jornada Nacional de Protesta el 29 de septiembre, con acciones en los 31 estados de la República y en las 16 delegaciones del D.F. Ese día, en todas las oficinas de LFC, de CFE y de la SHCP, millones de mexicanos expresaremos nuestro rechazo a los cobros excesivos y demandaremos un Tarifa Social.

Campaña Nacional de millones de firmas demandando lo aquí acordado.

MOVIMIENTO NACIONAL EN DEFENSA DE LA ECONOMIA POPULAR, EL PETROLEO Y LA SOBERANIA.

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS

Responsables de la publicación: Fernando Amezcua Castillo, Secretario del Exterior del SME y José A. Almazán González, Coordinador Nacional del Movimiento

Hasta la victoria siempre. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos!

No a la represión www.flickr.com.frec.popul.

¡No a la criminalización de la protesta social!

A los estudiantes universitarios y normalistas

A los defensores de los derechos humanos

A los periodistas comprometidos con la verdad

Al pueblo de México

Ante los graves hechos de represión del gobierno de Jalisco en contra de ciudadanos opositores a las líneas 2 y 3 del macrobús en la zona metropolitana de Guadalajara, en donde en forma violenta e indiscriminada a las alturas de la calzada “Independencia” y avenida “Juárez”, fueron golpeados niños, mujeres y adultos mayores y detenidas cerca de una decena de personas dentro de los que se encuentran algunos dirigentes sociales, manifestamos:

 1.       Que nos sumamos al reclamo generalizado de los organismos civiles y organizaciones sociales  para exigir el castigo a los autores materiales e intelectuales de la represión  y la libertad de los presos de conciencia.

2.       Que ha quedado demostrado que para Emilio González el lépero gobernador de Jalisco, la manifestación de las ideas, la defensa de los derechos civiles y democráticos  es un crimen.

3.       Que los gobiernos municipal de Guadalajara, del Estado y Federal atiendan los perversos efectos de la crisis económica, se dedican a proyectar e invertir recursos públicos en obras que el pueblo rechaza.

4.       Que no queda otro camino más que la unidad y la lucha organizada de todos los sectores del pueblo, obreros, colonos, campesinos, estudiantes e intelectuales,  para enfrentar las medidas antipopulares del gobierno y la represión, hoy en su modalidad de criminalización de la lucha social.

Por lo anterior, hacemos un llamado a los miembros de los cuerpos armados al servicio del gobierno en sus tres órdenes, para que reflexionen sobre  el papel que les toca jugar y la relación que deben mantener con quien paga su salario: el pueblo.

A los policías ministeriales, estatales, municipales y miembros del ejército, les conminamos a que no se presten para realizar actos represivos en contra de los ciudadanos que lucha por sus derechos, a que en los operativos se opongan y reprueben las acciones  que afecten la integridad física, psicológica y patrimonial de los ciudadanos que como ustedes en sus hora francas, luchan todos los días por mantener a su familia, por cumplir su rol en esta sociedad tan desigual que reclama a gritos una transformación profunda.

Este día tendremos diferentes manifestaciones, entre ellas la de los estudiantes de la normal de Atequiza que defienden la escuela tipo internado como uno de los testimonios vivos de la lucha armada de hace 100 años. En esta escuela y en todas las normales rurales se han forjado a lo largo de ocho décadas, miles de profesores y profesoras que prestan sus servicios en todos los rincones del país.

Le exigimos al gobierno, que respete la libre organización y manifestación, que no se repitan los oprobiosos hechos  similares a los de 28 de mayo de 2004, ni los ocurridos en distintos momentos a los normalistas cuando toman la calle.

¡Por la libertad a todos los presos políticos!

¡Castigo a los responsables de la represión del 29 de agosto en Guadalajara!

¡En defensa de la educación pública y la normal de Atequiza!

¡No a la criminalización de la lucha social¡

Guadalajara, Jalisco 31 de agosto de 2009.

Movimiento de Bases Magisteriales

http://basesmagisteriales.blogspot.com

bases.magisteriales@gmail.com