Jalisco | SDP

Emilio González Márquez sobre la Presa El Zapotillo

Condenan la permisividad del Gobierno de Jalisco con las concesiones sobre los recursos acuíferos de la entidad

La cuestión fundamental que está en juego en la realización de la presa El Zapotillo es la crisis del agua, y en consecuencia la permisividad del Gobierno de Jalisco en las concesiones que otorga sobre los recursos acuíferos de la entidad.

Así lo aclararon académicos del CUCEI, de la UdeG, quienes, además, destacaron que la obra tendrá enormes costos sociales y ambientales para nuestro estado, en particular por la desaparición de tres poblaciones como lo son Acasico, Palmarejo y Temacapulin y la afectación del lago de Chapala.

 “Es una aberración enviar caudales de una cuenca a otra, es decir de la Lerma-Santiago a la de Guanajuato, y antes de proceder con tales cambio, como indica la UNESCO, aun si fuera técnica y hidráulicamente viable, se tienen que tomar en cuenta consideraciones sociales y ambientales”. Esta fue una las irregularidades que el Doc. José Antonio Gómez Reyna, señaló en este proyecto, sobre todo por la inundación de los tres poblados, con afectaciones a nivel social,  y de tierras fértiles, en lo económico.

Y en particular si, como en este caso, se pretende con un acueducto abastecer del líquido a León, Guanajuato, que “cuenta con un gran manejo fluvial que produce regularmente inundaciones en la ciudad, y pese a esto, se quiere todavía llevar agua de una cuenca a la otra”, agregó.

La Mtra. Mireya Acosta, por su parte, señaló que el Río Verde, sobre el que se quiere construir la presa, pertenece por un 57% a Jalisco y solamente el 7% a Guanajuato. Además agregó que la aportación de agua al río para Jalisco es del 84% y de un 10% para Guanajuato. “Sin embargo, de acuerdo a la planeación actual, el 51% de esta agua se va a quedar para nuestro estado y el 49% para Guanajuato, lo que demuestra la inequidad en la distribución del liquido”. Históricamente ha ocurrido un despojo sistemático del agua del Río Verde para Jalisco,  al que distintos gobernadores no se han opuestos”, comentó Acosta, que inició, como se desprende de la documentación oficial de la CNA y del Estado de Guanajuato, en 1990, cuando se le entregó al vecino estado el 16% del agua disponible de este río.

En particular destacó que con un decreto de 1995, la CNA establece que el Río Verde tiene una disponibilidad de 901 millones de metros cúbicos por segundo, de los que se dejaron 505 para repartir: 120 para Guanajuato y 385 millones para Jalisco, “que representan un gasto de 3.8 y 12.2 metros cúbicos por segundo respectivamente, que se refieren a un volumen anual máximo y no medio”.

 “Esto es muy diferente a si se pretende que el 3.8 sea un gasto constante”,  y que implique que no haya agua para la zona conurbada de Guadalajara, ya que, debido a otros desperdicios para abastecer a otros poblados, le queda solamente el 9.6, que representa una disminución del 60% de abastecimiento.

Especificó que el proyecto prevé que se abastezca a Guanajuato con agua del Río Verde, que está calificada como aceptable y de buena calidad, y que luego de ser tratada en Guanajuato, se regrese a través del Río Turbio, considerado como fuertemente contaminado, al Lago de Chapala. “Esto representa un alto riesgo, ya que en el mundo se hizo una cosa parecida en un solo país, en Zimbabue en 2008, donde se verificó una pandemia de cólera con una mortalidad elevadísima”.

Además destacó el gran desperdicio de agua que se verifica en Guanajuato, debido a que esta se destina por un 84% a la agricultura. “En este estado se maneja el agua potable con una eficiencia solamente del 45.6%, y del 36% en riego, que nos hace pensar que primero tendría Guanajuato que ver como ahorra su agua, mientras que nosotros tendríamos considerar la permisividad que tiene Jalisco hacia esa entidad”.

Finalmente, señaló que en el proyecto se contempla extraer 5.6 metros cúbicos por segundo y llevarlos a través de un acueducto a León, de los que 3.8 se destinan a Guanajuato y 1.6 a 12 poblados de Los Altos de Jalisco. “Sin embargo, no se menciona como estas poblaciones tomarían su agua, y además llama la atención que la planta potabilizadora a la que llegaría esta agua tiene una capacidad de 5.6 metros cúbicos”.

Hay una pasividad del Gobierno del Estado para defender a los jaliscienses, para no verificar estos asuntos”, concluyó, “porque este movimiento de agua de una cuenca a otra, responde a fines políticos y no técnicos”.

La Secretaría de la Función Pública anunció que anuló el fallo de la licitación que realizó la Comisión Nacional del Agua para la construcción de la presa El Zapotillo.

Mediante un comunicado de prensa la dependencia federal señaló que encontró errores sustanciales en la licitación por lo que determinó anular el dictamen que favoreció a  empresa integrada por Carlos Hank Rhon y una compañía española: FCC Construcción.

Sin embargo, la determinación no revoca la decisión principal pues la dependencia federal solicitó un “nuevo fallo”.

El revés, que se realiza por las premuras con que se conduce César Coll Carabias, director de la CEA en el Estado, es un golpe para el propio gobernador, que se ha convertido en el peor enemigo de sí mismo.

Pero también se debe a que dos de las empresas que participaron en la convocatoria se inconformaron por irregularidades en el fallo de la Conagua.

La empresa de los Hank Rohn y la española presentó un presupuesto de dos mil 194 millones de pesos, muy por encima de las empresas que se inconformaron.

Después de la “reposición” de fallo, se abrirá un periodo legal para que las empresas que así lo consideren presenten más impugnaciones al proceso de licitación, pero en esencia se mantiene el proyecto del Zapotillo.

Los pobladores opositores de la presa festejaron momentáneamente el fallo de la Función Pública.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que abre su período para sesiones públicas recibió una queja de los habitantes de Temacapulín por la construcción de la Presa el Zapotillo.

Invitado por el IMDEC, quien sufragó los gastos, el sacerdote Gabriel Espinoza, así como Rafael González y Astrid Puentes de Asociación Internacional de Derecho Ambiental (IDEA), y Shannon Lawrence de International Rivers, presentaron el caso con el informe titulado “Grandes represas en América, ¿peor el remedio que la enfermedad?”.

De acuerdo con dicho informe se pidió que la CIDH, se pronuncie atrayendo el caso.

Gabriel Espinoza, quien ha estado haciendo festividades religiosas en el lugar, no obstante la prohibición de la Diócesis de Guadalajara, señaló entre otras razones el arraigo que tiene la religión entre los pobladores.

Miembros de la CIDH recibieron el documento y por el momento no emitieron postura al respecto.