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DISCRIMINACIÓN A EVANGÉLICOS EN JALISCO
Artesana huichol www.flickr.com.arantxata
Tomado del http://www.protestantedigital.com/new/nowleernoticiaDom.php?r=284&n=14083.
En la medida que el gobernador de Jalisco ejercita su piedad católica, en esa proporción deja de proteger los derechos de los “sectarios”, de los indeseables advenedizos que en sus delirios creen tener derechos. Emilio González Márquez, como buen integrante del conservador Partido Acción Nacional, mira con recelo a los diferentes. Para él la “normalidad” está asociada a la moral católica, y quienes se desapegan de ella en el pecado llevan la penitencia.
Unas pocas familias huicholes (o Wixaritari, en su propio idioma) en Tuxpan de Bolaños, Jalisco, anexo de San Sebastián Teponahuaxtlán, Mezquitic, padecen fuertes hostigamientos de la mayoría tradicionalista. La causa: haberse convertido hace cinco años al credo protestante/evangélico. El grupo religioso disidente es conformado por treinta adultos y entre quince y veinte infantes. El líder y pastor es uno de ellos, José de Jesús de la Cruz González.
El liderazgo tradicionalista presiona al grupo huichol evangélico para que obligatoriamente acepte cargos, por supuesto vinculados a una religiosidad no compartida por los protestantes, y coopere para la realización de las fiestas que se derivan del santoral católico.
En un escrito cuyo objetivo es dar a conocer la problemática que viven, los amenazados sintetizan las causas del hostigamiento que padecen: “La comunidad huichol de esta región celebra sus asambleas cada tres meses, y siempre sale el tema de la cultura y tradición, por lo tanto siempre se nos tacha de que ya no somos huicholes porque no cumplimos con la ritualidad huichol, motivo por el cual quieren desconocernos como comuneros. En septiembre del 2008 en la localidad de Mesa del Tirador comparecimos ante el pleno de la Asamblea, en la cual nos pedían que renunciáramos a nuestra creencia a lo cual nos negamos, después en diciembre del mismo año una vez más ante el pleno y la negativa nuestra, acordaron darnos 15 días para que desalojáramos nuestras casa y tierras. Ahora el 7 de junio pasado la Asamblea acordó que dada nuestra negativa de volver al ritual huichol, nos expulsarían de manera inmediata. Ante esta situación nos vemos obligados a recurrir a las instituciones gubernamentales para hacer valer nuestros derechos como mexicanos que somos”.
Frente a lo anterior me surgen algunos interrogantes: ¿Quién y cómo determina la “huicholidad” de quienes considera deficitarios de identidad indígena huichol?
¿La cultura y la tradición huicholas son inmutables, y además de cumplimiento obligatorio? ¿Tienen derecho, o no, los huicholes protestantes a cambiar de creencias religiosas y a construir una ética cotidiana acorde con esas nuevas creencias? ¿Los derechos reconocidos para todos los mexicanos en la Constitución valen también para los huicholes o no? ¿Acaso no existen suficientes evidencias de que entre los pueblos originarios de México, y debido al cambio religioso hacia otras confesiones, se están construyendo otras formas de ser indios? ¿Por qué desde las fuerzas de izquierda no defienden los derechos de quienes deciden optar por otra identidad religiosa, diferente de la hegemónica y tradicional? ¿Y en esta caso atroz de violación de derechos humanos dónde están los gobiernos estatal y federal? ¿Acaso tratando de convencer a los indígenas protestantes de su “perversidad” por convertirse a una fe que debe prohibirse a los indios e indias?
Además de su afán en otorgar millonarios apoyos para fomentar el turismo religioso (católico, por supuesto), el gobernador jalisciense podría sugerir a los diseñadores de la ruta un alto de los tours en Tuxpan de Bolaños. Allí los turistas que recorrerán,la por mí llamada, Ruta de la intolerancia, podrán solazarse al comprobar lo que sucede con los indígenas huicholes herejes. Otro punto del periplo bien podría ser Ahualulco, donde el 7 de abril de 1874 una turba arengada por el párroco Reynoso asesinó al misionero protestante John L. Stephens y su acompañante Jesús Islas. Componente esencial del recorrido sería la heroica gesta, así la consideran los conservadores clericales, de los Cristeros (1926-1929) en la zona de Los Altos de Jalisco, donde atacaron y descarrilaron trenes, desorejaron y empalaron maestros al grito de ¡Viva Cristo Rey!
Los huicholes bajo amenaza de expulsión saben que los tradicionalistas hablan en serio. En el pasado reciente fueron violentamente desarraigados de la zona varios indígenas evangélicos, “esto se encuentra en la historia y archivos de dependencias gubernamentales y no gubernamentales”; asientan en el escrito ya citado. Su situación es precaria, ya que por años han debido resistir los crecientes actos de intolerancia, al mismo tiempo que comprueban el desamparo producto de la inacción de las autoridades en garantizarles el respeto a sus derechos.
Como su antecesor en la gubernatura de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña, también del Partido Acción Nacional, Emilio González ha recibido recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el caso de los huicholes evangélicos, y hecho caso omiso de las observaciones del organismo. La actuación de ambos ha sido coincidente en fallar al garantizar la libertad de creencias y culto a los indios que se obstinan en creer que tienen derechos y los defienden.
OPINAN SOBRE CONFLICTO DE LÍMITES
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1.- Acusan a los indígenas del Ejido Ayotitlán en Jalisco de intentar “apoderarse de tierras ubicadas en la comunidad Las Pesadas, municipio de Minatitlán, Colima”, lo que denota una información errónea y distorsionada, pues, con base en los derechos reclamados y defendidos por los indígenas de los Ejidos Ayotitlán y Plan de Méndez, quienes libremente, como debe tener derechos cualquier ciudadano, asumen formar parte del Estado de Jalisco, con base en la cual la CNDH emitió la Recomendación 122/95 sobre el caso “Pobladores del Ejido Ayotitlán, Municipio de Cuautitlán, Jalisco”, en septiembre de 1995 estableciéndose una realidad jurídica incontrovertible: el conflicto de límites estatales es violatorio de derechos humanos . Los hechos a los que se refieren los corresponsales en su nota se encuentran dentro del contexto del conflicto de límites donde el Gobierno de Colima es responsable de hechos altamente violatorios a los derechos humanos que ha ocasionado al distorsionar en forma evidente, flagrante y reincidente el estado de derecho, que debe amparar los derechos de la población, con el fin de imponer poderosos intereses económicos, por encima de las obligaciones constitucionales que debe de observar el Gobierno de Colima, así como el de Jalisco y el Federal.
2.- Al darle crédito dichos corresponsales a la versión distorsionada que difundió la Secretaria General de Gobierno de Colima, Yolanda Verduzco Guzmán, sobre lo que ocurre en Las Pesadas, cometen un atentado a la verdad histórica y agraria en que el Ejido Nahua de Ayotitlán, sustenta sus reclamaciones contra los atropellos que sistemáticamente comete el gobierno del estado de Colima contra los derechos humanos de esa comunidad ancestral, que lejos de utilizar la fuerza de las balas para acreditar su derecho ha utilizado la legalidad del Sistema Jurídico Mexicano. ¿Cómo es posible que los corresponsales omitan la elemental verificación del sustento legal de los derechos del supuesto propietario privado, que justifique tan aparatoso despliegue policiaco para amagar y cercar en forma permanente a los indígenas y sus autoridades agrarias?, ¿las decisiones discrecionales, no sustentadas jurídicamente por las autoridades del Gobierno de Colima están por encima de un tribunal federal, que ante los elementos de juicio les reconoció mejor derecho al Ejido indígena de Ayotitlán, que a Elidio Monroy Nieves, evidente invasor de tierras ejidales y cuyo nombre omiten en su nota los corresponsales?
3.-Los corresponsales en vez de darle difusión a los comunicados del gobierno caciquil de su Estado, debieran apersonarse imparcialmente en Las Pesadas para cerciorarse de manera directa y objetiva sobre lo que -en efecto- acontece en dicha localidad nahua, pues al no hacerlo incurren en una aberrante falsedad. La verdad palpable es que los Nahuas de Jalisco viven en el centro del litigio territorial más antiguo y sangriento del país, desde hace 89 años , y lo menos que hace falta en ese territorio son policías como los que Colima colocó mediante dos retenes desde enero del 2008 en Las Pesadas y el Platanar (Ejido Plan de Méndez, Jalisco) y que a partir del lunes pasado fueron reforzados con 60 elementos más, por instrucciones de la citada Secretaria General de Gobierno, funcionaria que hacemos responsable de la violencia adicional que pudiera generarse con dicho despliegue de fuerza.
4.- Nos preocupa la “advertencia” formulada por dicha secretaria contra los ejidatarios de Ayotitlán, pues es falso que como lo afirma en su comunicado sobre lo que ocurre actualmente en dicha zona de conflicto limítrofe que los indígenas utilicen o quieran “irrumpir armados” para hacer valer la ejecutoria de Amparo 151/97, que en forma congruente con la Resolución Presidencial del 28 agosto de 1963 a favor de Ayotitlán, dotó a dicho núcleo agrario e indígena de la suma de una superficie de 50,332-50-00 hectáreas, de las cuales únicamente se ejecutaron de forma parcial 34,700-00-00 hectáreas, el 6 de mayo de 1977, razón viable por la que CNDH ordenó a la Secretaría de la Reforma Agraria en el quinto punto de la citada Recomendación: “que gire instrucciones a quien corresponda a efecto que se haga un estudio exhaustivo del expediente del Ejido Ayotitlán, para una resolución fundada y motivada sobre el cumplimiento definitivo que se dará a la resolución presidencial de 1963″.
5.- Es evidente la manipulación de hechos por las autoridades estatales y municipales de Colima, para articular procesos legales ahora contra los indígenas nahuas de Las Pesadas, al acusarlos de causar “daños a la infraestructura municipal” sin precisar en qué consisten y cuál es su magnitud, esto con el fin de atacar los derechos de los propietarios ancestrales de la tierra que disputa el gobierno de Colima, amañando procesos legales y fabricando delitos, con el fin de imponer intereses hegemónicos para saquear los recursos naturales y mineros en su provecho, generando una política violatoria de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de la población indígena afectada.
6.-El Gobierno del estado de Colima, aunque aceptó expresamente la Recomendación en 1996 no la ha cumplido, ni tampoco la Secretaría de la Reforma Agraria, irresponsabilidad mayúscula que no es atribuible a la comunidad nahua ni al Ejido de Ayotitlán, sino a las corruptelas, a la agresiva política discriminatoria y a la prepotencia armada con que las autoridades priístas de Colima pretenden desposeer de sus tierras y territorios a los nahuas de Ayotitlán, a quienes debieran restituir sus derechos y patrimonio mediante todos los medios que el Estado de Derecho establece y no mediante la violencia, como actualmente ocurre y lo hemos constatado nosotros. Guadalajara, Jalisco, 29 de julio de 2009 Oficina de Enlace de la Red Jalisciense de Derechos Humanos. |
EXIGEN EDUCACIÓN Y VIVIENDA CAMPESINOS DEL MOVIMIENTO ANTORCHA CAMPESINA
Más de 200 personas del grupo “Antorcha Campesina”, en su inmensa mayoría gente de escasos recursos económicos y principalmente indígenas se manifiestan en el centro de Guadalajara y por unos minutos cerraron el cruce de Colón y Juárez.
Con dicha acción, funcionarios cerraron todo acceso al Palacio de Gobierno.
Afuera, decenas de Purepechas, Otomies y Mixtecos acompañados muchos de ellos con sus familias pidieron tener un diálogo con el Secretario General de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez Peláez, para exigir viviendas y educación para más de mil familias indígenas.
Fuentes del interior dijeron que el Secretario de Gobierno “no se encontraba”, y más bien una persona de Asuntos del Interior ya se aprestaba para “atender a los manifestantes”
“Nosotros queremos llegar a Palacio de Gobierno, terminar nuestro mitin para solucionar el problema que tenemos desde hace años, pero no obtenemos una respuesta favorable, por eso exigimos al señor Gobernador que nos atienda, que no se coarte la libertad que tenemos como mexicanos” dijo Juan Martín Nicolás Jiménez, uno de los dirigentes del grupo.