Jalisco | SDP

Regidores del PAN y del PRI, el primero de manera sorpresiva, exigieron al Presidente municipal Alfonso Petersen Farah y por ende al resto del cabildo ampliar la información sobre  la investigación hecha al actual titular y su antecesor del Instituto Municipal de Atención a la Juventud (IMAJ), Carlos López Flores y Carlos Salinas Osornio, respectivamente al considerar que las sanciones que se impusieron fueron menores frente a la magnitud de las irregularidades.

Dado que la resolución es de tipo jurisdiccional técnica y jurídicamente ya no se puede hacer nada, excepto que en la misma se encuentre alguna irregularidad administrativa.

Para el Alcalde la decisión ya está tomada, pues los únicos que pueden impugnarla son los afectados. Y no lo harán.

El regidor del PAN Luis Reyes Munguía, cuestionó que la fracción a la que pertenece  encubriera y solicitó, de manera tardía, que Carlos López entregara más información una vez resuelto el caso.

Por su parte el regidor del PRI Leobardo Alcalá pidió a la Dirección de Recursos Humanos un informe que transparente en qué se basó para resolver una sanción por faltas administrativas, por lo que sin duda le entregará una copia de la resolución.  A dicha petición se sumó Celia Fausto del PRD, para pedir que el Alcalde debería remover de sus cargos a los funcionarios sancionados.

El asunto como se sabe, se hace con el propósito de ir limpiando la casa antes que, los que lleguen a ocuparla lo hagan.

La administración panista que encabeza Alfonso Petersen Farah, está ya limpiando la casa ante una eventual “cacería de brujas”,  al emitir una sanción mínima e insignificante en el caso de  las irregularidades encontradas en el Instituto Municipal de Atención a la Juventud  entre 2006 y 2007, de hasta casi un millón de pesos.

El director de Recursos Humanos Carlos Santoscoy resolvió que los hechos sólo dan para suspender por ocho días, sin goce de sueldo, al ex titular  Carlos Salinas Osornio y el actual responsable, Carlos Arturo López Flores, por faltas de carácter administrativo, pero no afectaciones al erario público, como lo documentó la Contraloría municipal, ya que finalmente aunque con facturas adulteradas se “comprobó” el gasto.

El mismo director informó que si los afectados están inconformes con el fallo, que pueden “impugnarlo”.

Se sabe que no lo harán por ser cosa juzgada y evitar que se reabra por la próxima administración el caso, “ya que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”.

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Como parte de una especie de guerra soterrada y no se sabe si todavía sucia, en el contexto del actual proceso electoral y en vísperas de la jornada del 5 de julio, la fracción del PRI en el Ayuntamiento de Guadalajara acudió a la Procuraduría del Estado para presentar una denuncia por desvío de recursos contra Carlos Salinas Osornio, hermano del candidiato por el PAN a Guadalajara  y contra Carlos Arturo López Flores, titular,  por presuntas irregularidades en el Instituto Municipal de Atención a la Juventud

La medida va dirigida contra el candidato, para posicionar nuevamente el tema ante los medios justo antes del proceso electoral, pero el regidor priista Carlos Corona Martín del Campo, dijo que se trata de que la presente administración sancione a los responsables de las anomalías en el organismo, de tal forma que la denuncia se hace de “manera voluntaria”.