El pasado 17 de marzo el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Nueva Ley de Pensión Universal y un paquete de reformas legales diversas para establecer el seguro de desempleo. El paquete del proyecto aprobado por los legisladores de la cámara baja  se inscribe en la Ley del Seguro Social.

Las personas que podrán acceder a los beneficios económicos de la pensión universal serán todos los mexicanos residentes en el país  mayores de 65 años que no tengan derecho o reciban ya una pensión por parte de alguna institución de seguridad social federal cuyo monto sea mayor de la Pensión Universal.  

El financiamiento de la pensión universal estará fondeado totalmente por el Gobierno Federal y tendrá un costo estimado promedio anual de 0.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para el periodo 2014 – 2018, mismo que se mantendrá por debajo del 1 por ciento en el largo plazo. Además, a través de su inclusión en el artículo 4º de la Constitución Política de México y de regulación mediante una nueva ley especifica, la Pensión Universal sustituirá a la actual Pensión para Adultos Mayores, por lo que el gasto público, que actualmente se destina a este programa y que asciende a 42,226 millones de pesos incluidas en el presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, se reasignará al financiamiento de esta nueva garantía.     

La Ley de Pensión Universal contempla para los mexicanos que cumplan 18 años de edad a partir del 2014, la elaboración por parte del Gobierno Federal de un instrumento de ahorro público para financiar dicha pensión en el futuro.

La pensión universal beneficiará a 66 por ciento de las personas de 65 años o más, lo que representa aproximadamente cinco millones 300 mil adultos mayores, que actualmente carecen de pensión. Al principio la pensión será de 580 pesos, pero subirá gradualmente cada año hasta llegar a los mil 90 pesos.    

En el gobierno de Felipe Calderón se instrumentó un programa de ayuda para los adultos mayores, conocido como 70 y más. Con dicho programa se empezó beneficiando a  1, 000,031 en 2007 y se incrementó el número personas beneficiadas a  3 millones 056, 816 hasta julio del 2013.

El programa de 70 años y más, que se implantó en el sexenio pasado, estuvo muy lejos de ser un paliativo exitoso que frenara la marginación y pobreza que sufren ese sector de la población que es sumamente vulnerable; cifras de CONEVAL nos hablan de que en el caso de los adultos mayores la condición de pobreza en 2006 era del 42 por ciento del total y ya para el 2012 se incrementó a casi el 46 por ciento de los mismos que estaban en alguna condición de pobreza. Esto es un hecho grave para un grupo de población que tiene una menor capacidad física de emplearse y lograr un sustento propio. 

El Gobierno del Distrito Federal, que encabezó Andrés Manuel López Obrador, inició en 2001 un programa de apoyo social, conocido como Pensión Alimentaria para beneficio de adultos mayores de  70 años en adelante. Esta  pensión inició como un plan que dependía de la Secretaria de Salud capitalina con un padrón de beneficiados de 250 mil personas a quienes se les entregaba un apoyo económico de 600 pesos al mes. El programa destinó una inversión inicial de 224 millones 938 mil pesos.

En noviembre del 2003, la Pensión Alimentaria dejó de ser un programa de apoyo para convertirse en un derecho por decreto en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.  

El documento estableció que sólo las personas mayores a 70 años de edad podían acceder a este derecho, a través de la tarjeta electrónica expedida por el Gobierno del Distrito Federal, con lo cual los beneficiarios puedan hacer compras en los principales centros comerciales. Para el 2008 la edad para tener derecho a este beneficio se bajó a 68 años.

Para el 2014 la Ley de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores otorga 1009.28 pesos mensuales, que beneficia a 480 mil personas mayores de 68 años y representa una erogación superior a los 5 mil millones de pesos anuales.

La Pensión Alimentaria para Adultos Mayores implementada por el gobierno de López Obrador le redituó a este político gran popularidad en un sector amplio de la  población, que veían en este apoyo una forma efectiva de ayudar a las personas de avanzada edad, de escasos recursos.

Las críticas a la Pensión Alimentaria,  implementada en la Ciudad de México, fueron muchas sobre todo por los miembros del gobierno panista de Vicente Fox, que veían en esta ley un plan populista y asistencialista, que tendría consecuencias en el gasto público; pero afortunadamente esto no sucedió y la ley sigue beneficiando a muchos adultos mayores de la capital del país. Con la Ley de Pensión Alimentaria, las grandes cadenas de supermercados del Distrito Federal se han  beneficiado también al ver incrementadas sus ventas por parte de los beneficiarios de este apoyo.

La Pensión Universal que se implementará por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto contribuirá a mejorar el nivel de vida de más de 5 millones de mexicanos de más de 65 años de edad que actualmente no cuentan con ninguna pensión y que en muchas ocasiones se ven en la necesidad de trabajar, por lo que dentro de las naciones que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país que tiene el mayor número de adultos mayores laborando.

Actualmente hay siete millones de adultos mayores de los cuales 25 por ciento están pensionados y de ellos menos del 7 por ciento recibe un monto suficiente para subsistir; la pobreza en estas personas está aumentando y la mayoría se ven en la necesidad de trabajar para vivir.

La Ley de Pensión Universal, será un paliativo para mejorar un poco los niveles de vida de muchos mexicanos de avanzada edad; pero se debe también hacer políticas públicas, que creen empleos formales, que los mexicanos tengan pensiones dignas al final de su vida laboral y que los programas asistencialistas sean más bajos.