Washington.- El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan acusó durante su comparecencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en el estado de Guerrero persisten la tortura y la desaparición forzada como una práctica generalizada por parte del Estado contra la disidencia.
"A menudo se utilizan para callar las voces de los disidentes políticos, luchadores sociales y estudiantes?, así lo afirmó Vidulfo Rosales al participar en un encuentro entre representantes del organismo internacional y miembros del gobierno mexicano. Además, aclaró que el panorama actual para la disidencia se agrava con la actuación de grupos delictivos que operan con la aprobación de las autoridades,
Durante su exposición el defensor de los derechos humanos detalló que la tortura es un método ocupado por las autoridades para investigar los delitos y para castigar a quienes exigen el cumplimiento de demandas legítimas.
En 2011 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero logró documentar 52 denuncias de tortura, 42 tratos crueles humanos y degradantes y 275 lesiones.
Sin embargo las autoridades no han abierto indagatorias por este ilícito y no existe hasta el momento ninguna sentencia condenatoria. Guerrero es la única entidad que no tiene tipificado el delito de tortura en el código penal, ni tampoco se han adoptado las directrices del Protocolo de Estambul, ni se ha capacitado al personal policial y ministerial conforme a este esquema.
?En Guerrero no se han investigado la tortura, la Procuraduría informó que entre 2007 y 2010, no había iniciado ninguna indagatoria pese a las quejas. Hasta el momento no ha sido abierta ninguna averiguación previa, ni ninguna sentencia condenatoria", señaló.
Por su parte Paola Limón, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional Criminalización, indicó que hasta ahora más 14 dirigentes sociales han sido procesados por secuestro y robo, por oponerse al despojo de sus territorios y cuatro de ellos permanecen en penales de máxima seguridad. Además 13 lideres sociales asesinados desde el 2010 a la fecha, y los responsables no han sido procesados, ni condenados.
Rosales explicó que en Guerrero persiste la desaparición forzada en contra de quienes exigen demandas legítimas, prueba de ello, dijo, es la desaparición de 43 normalistas y el rapto de tres defensores, entre 2011 y 2013. ?La aparición de fosas clandestinas comunes en Iguala después de la desaparición de los normalistas es un ejemplo contundente de esta realidad lacerante", señaló.