Ciudad de México.- ?Desde que los metales pesados llegaron a las aguas del Río Sonora ya no podemos disfrutarla?, señaló Francisco Ramos, integrante del Comité Cuenca Río Sonora, quien es uno de los afectados por el derrame tóxico proveniente de la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, ocurrido el pasado 6 de agosto de 2014.

Desde ese entonces las costumbres de todos han cambiado ahora: las fechas se cosecha se han alterado y el miedo se ha apoderado de los habitantes que temen abrir el grifo.

Ramos reconoce que la actividad turística ha disminuido, porque la gente no quiere viajar a la zona, por la inseguridad que ocasiona la contaminación por arsénico, que de acuerdo con las mediciones realizadas por la agrupación son nueve veces mayores a la cantidad permitida por la Organización Mundial de la Salud.

Según las cifras oficiales la presencia de este metal ha provocado afectaciones para 350 personas, aunque el Comité Cuenca Río Sonora, estima que el número puede ser mayor, pues los habitantes de la región padecen síntomas de la intoxicación como caída del cabello, vomito y diarrea.

?Díganme ustedes si sentirían tranquilidad de beber esa agua que por normatividad no es de calidad?, señaló el abogado Luis Miguel Cano, representante de las víctimas que forma parte de la organización Poder.

Es vivir con miedo al agua y a las consecuencias que puede ocasionar en el mediano plazo, esto lo reafirma Adolfo López Peralta integrante del Comité Cuenca del Río Sonora.

?No tienen idea del temor que es tomar agua de la llave y no saber que es lo que tiene. Fue una desgracia muy grande la contaminación del Río Sonora porque vimos una contaminación bastante grave (..) Hasta ahorita no sabemos si la contaminación entró a nuestro cultivo, no sabemos si el agua de los pozos son permisibles para el cosumo humano?. 

Este escenario provocó que los inconformes interpusieran cinco juicios de amparo para denunciar las múltiples irregularidades cometidas por el Gobierno Federal y Grupo México.

Los recursos legales presentados ante los tribunales desde febrero de 2015, señalan las omisiones cometidas por la Secretaría de Ganadería, Recursos Naturales y Pesca (Sagarpa) por no implementar el Proyecto de Reactivación Agropecuaria que debió de ponerse en marcha de manera posterior a la contaminación de pozos de riego.

Además de la Secretaría de Medio Ambiente por la ausencia de un programa de remediación ambiental, y por abrir los pozos de agua sin verificar el cumplimiento de los estándares para consumo humano.

?Se ha prometido por la empresa que todo se va a solucionar es más hoy se presume que las cosas ya se han solucionado pero bueno para empezar se debería de tener un programa de remediación ambiental que hoy tampoco existe para la zona y solo abarca las inmediaciones de la mina Buenavista del Cobre, todo lo demás no está aprobado?, indicó el abogado Luis Miguel Cano.

Con la estratégia, dijo, lo ciudadanos pretenden contar con información accesible oportuna para evitar que este suceso se repita.

Por último, la organización Poder resaltó que no existe una cantidad económica estimada para la reparación del daño pues los dos mil millones de pesos pagados por el Comité Técnico del Fideicomiso del Río Sonora no representarían en términos reales la cantidad necesaria, toda vez que la salud no tiene un precio; un pago para resarcir los daños equivaldría a los 5 mil 700 millones de dólares pagados por British Petroleum, por el daño ambiental realizado por un el derrame en el Golfo de México en 2012.