Ricardo Salinas Pliego, empresario y dueño de TV Azteca, impugnó la Ley de Telecomunicaciones por considerar que vulnera la libertad de expresión.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso, que cuestiona la validez del artículo 250, el cual obliga a los medios a diferenciar entre información y opinión.
TV Azteca sostiene que esta disposición condiciona su autonomía editorial.
El expediente fue turnado al ministro Irving Espinosa Betanzo, quien elaborará la propuesta de resolución para el pleno.
SCJN analizará impugnación de Salinas Pliego
La SCJN analizará la validez de una disposición que obliga a los medios a diferenciar claramente ante su audiencia qué contenidos corresponden a reportes informativos y cuáles son opiniones personales.
Este recurso legal, interpuesto por TV Azteca, surge tras la implementación de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum y promulgada en 2025.
La empresa de Ricardo Salinas Pliego sostiene que tal exigencia condiciona su libertad para estructurar programas y difundir ideas, impactando en los derechos fundamentales de expresión e información.
SCJN atrae impugnación de Salinas Pliego contra de Ley de Telecomunicaciones por libertad de expresión
La SCJN confirmó que atrajo formalmente una impugnación presentada por TV Azteca de Salinas Pliego contra la Ley de Telecomunicaciones.
La inconformidad se centra específicamente en el artículo 250 de la ley, considerado por la empresa una intrusión indebida en la autonomía editorial al imponer formatos específicos para presentar contenidos y para el ejercicio del derecho de réplica.
El expediente fue turnado recientemente al ministro de la SCJN, Irving Espinosa Betanzo, encargado de elaborar la propuesta de resolución que se discutirá ante los integrantes del pleno.
Originalmente, la demanda de Salinas Pliego fue desechada, pero tras apelaciones y recursos de revisión de la empresa y la Presidencia, el asunto fue atraído por el máximo tribunal.
Este nuevo frente jurídico surge tras la ratificación de deudas y créditos fiscales por más de 49 mil millones de pesos contra el grupo empresarial que encabeza Salinas Pliego.
Todo ello mientras se define la validez de criterios técnicos sobre la narrativa de los concesionarios de radiodifusión en todo el territorio nacional.