México.- En el conflicto magisterial y las amenazas del sector privado al respecto ya se posicionaron legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN).

Y su exigencia es que no se use la fuerza contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), así como que el Gobierno federal no ceda a las presiones de los empresarios.

Ello, luego de que organismos del sector privado criticaron al Gobierno federal por no poner fin a los bloqueos, al advertir sobre cancelación de inversiones, presentación de demandas contra “omisiones” del Estado e incluso declararse impedidos para pagar impuestos.

Además de su llamado a que las autoridades hagan uso de la fuerza de manera inteligente.

Para el senador priista Enrique Burgos, la cúpula patronal es un grupo de interés que puede empujar al Estado a dar una solución de fuerza al conflicto magisterial, ya que es un recurso último, extremo, casi de excepción, luego del emblemático caso de Tlatelolco.

Por su parte, el diputado del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, exhortó a la Iniciativa Privada a actuar con seriedad y cordura, pues su intención de no pagar impuestos es ofensiva para el resto de los ciudadanos que cumplen con sus obligaciones tributarias.

En tanto, los senadores perredistas Dolores Padierna y Alejandro Encinas señalaron que la irrupción de la cúpula empresarial en momentos en que avanza el diálogo en Gobernación es un claro llamado a reprimir al magisterio disidente, como lo ha hecho en otros conflictos sociales.

“El gobierno federal no debe prestarse a ningún chantaje y seguir en la mesa de diálogo y de entendimiento con los profesores inconformes, para buscar una solución al conflicto. Alentar el encono contra los maestros en nada va ayudar a resolver el problema; por el contrario, una salida represiva lo que haría es profundizar la crisis política”, dijo Encinas.

El senador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks señaló que no se debe dar una salida extrema al problema, como demandan algunos sectores, porque “el uso de la fuerza pública supone implicaciones muy sensibles y delicadas”.