San José, 7 Jul (Notimex).- La consulta a los pueblos indígenas sobre decisiones de los Estados que afectan a esas comunidades constituye un elemento clave para la construcción de un nuevo modelo de relación entre ambos actores, aseveró hoy un experto internacional.

Se trata de un sector históricamente excluido de esa toma de decisiones, lo que responde al afán de lucro con las riquezas de los territorios de esas poblaciones, dijo James Anaya, relator especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Una nueva corriente de pensamiento, reflejada en instrumentos tales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, además de nuevos textos constitucionales de diferentes países, apunta a corregir esa situación, aseguró Anaya.

Se trata de establecer un modelo de relación entre Estados nacionales y pueblos indígenas basado sobre el multiculturalismo, dijo el experto, un abogado de ascendencia apache, en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

"Para los actores dominantes, en los distintos países del continente (americano) y del mundo la manera de ser de los pueblos indígenas, que manifiestan en sus culturas diferenciadas, ha sido objeto de desprecio", subrayó el relator.

"Desafortunadamente persiste una vertiente de pensamiento que sigue con la imagen del indígena como salvaje, aunque no con esa palabra, y con esa imagen, hace justificar nuevos actos de exclusión de la participación y de las perspectivas de los pueblos indígenas", agregó.

"Pero, afortunadamente, existe otra vertiente: una de reconocimiento, valoración e inclusión de los pueblos indígenas", dijo Anaya, para agregar que se trata de "una vertiente de pensamiento que presenta un reto al legado de la historia de opresión".

"Esta otra vertiente, viene manifestándose en los nuevo instrumentos internacionales, tal como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, y en las nuevas constituciones de los estados, como la Constitución de Ecuador", informó.

Anaya aludió así a ese país, acusado en la Corte IDH, de violar los derechos de una comunidad kichwa, audiencia en la cual participó en calidad de perito con el tema "el derecho a consulta previa, de los pueblos indígenas, así como los instrumentos internacionales en la materia y su coherencia con las legislaciones internas".

La Corte IDH inició la víspera, en su sede en San José, una audiencia de dos jornadas sobre el caso del pueblo kichwa ecuatoriano de Sarayaku, afectado por la explotación petrolera en su comunidad.

Representantes de Sarayaku solicitaron, al comparecer el miércoles, a la Corte, que los proteja. Los indígenas –la mayoría hablando kichwa, con traducción entre ese idioma y el español- relataron, al tribunal continental, aspectos perjudiciales de la exploración petrolera.

También denunciaron la violación a sus derechos, por parte del Estado ecuatoriano y del consorcio petrolero encabezado por la empresa argentina Compañía General de Combustibles (CGC), y el daño ambiental, económico y social causado por la concesión petrolera.

El pueblo de Sarayaku, ubicado en la oriental provincia de Pastaza, en la Amazonia ecuatoriana, ha sido objeto de sostenida agresión por parte de efectivos militares de esa nación sudamericana y de seguridad de la CGC, según los denunciantes.

El Estado ecuatoriano concesionó, en 1996, territorio ancestral de la comunidad, a la CGC, sin haber consultado a la población.

En 2002 y 2003, trabajadores de la empresa, apoyados por efectivos militares ecuatorianos, forzaron su ingreso a la zona, para llevar a cabo labores de exploración sísmica (con explosivos), lo que generó la resistencia de la comunidad.

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