Debido a una creciente ola de denuncias ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos contra los abusos que los cuerpos militares mexicanos cometen arbitrariamente contra civiles, desde hace un par de meses el organismo recomendó a México someter a sus militares a la justicia civil, ya que estos miembros son tradicionalmente juzgados solamente por autoridades militares.

Como respuesta ante la presión ejercida por la corte, el presidente Felipe Calderón decidió proponer una nueva iniciativa de ley, en la que se modificarían los artículos 57 y 129 del Código de Justicia Militar, y donde se planea "reformar" elementalmente la justicia aplicada a los militares, para de esta manera prevenir los abusos del poder.

Sin embargo, nuestro presidente no parece realmente querer terminar con las violaciones a los derechos humanos por parte de los miembros del ejército del cual por cierto, él mismo es el comandante. Sus modificaciones a la ley no parecen querer detener los abusos.

Entre los cambios a la jurisprudencia militar se encuentra la pretensión de cambiar el artículo 57, donde Calderón propone desproveer de fuero a los militares abusivos "sin vulnerar la disciplina de las fuerzas armadas. ¿El no vulnerar los principios de las fuerzas armadas significará no querer cambiar sus deficiencias?.

En el artículo 129 propone la creación de prisiones exclusivamente militares que éstos eviten "ser persuadidos para participar en los intereses de la delincuencia organizada", como si éstos no estuvieran ya lo suficientemente corrompidos. Además, la creación de prisiones militares representa también una traba para que la justicia llegue a las fuerzas armadas; una prisión "jurídicamente civil", pero exclusiva para militares no parece ser muy diferente a la forma clásica de "castigo militar", si es que éste se da

El ejecutivo también intenta promover la denuncia electrónica de dichos abusos, incentivando de esta manera la opinión ciudadana para "conocer mejor "lo que pasa dentro del cuerpo militar. Señor presidente, basta con abrir cualquier diario de la república para darnos cuenta de estos casos. No cabe duda que no hay peor ciego que el que no quiere ver.

Además, se buscará dar informe al Instituto Federal de Acceso a la Información acerca de todos los gastos que se presenten en la resolución de los casos. Con toda esta serie de modificaciones se pretende generar un gasto de 72 millones 730 mil 84 pesos. Creo que valdría la pena cuestionarnos si ese gasto verdaderamente valdrá la pena.

Al parecer, resulta fácil para Calderón proponer nuevas formas de vigilar a sus subordinados. Tomando en cuenta que él mismo solo propone el castigo de 3 tipos específicos de delitos: desaparición forzada, tortura y violación.

¿Quién castigará entonces las ejecuciones extrajudiciales? ¿A dónde debe uno acudir si recibe maltrato militar? ¿Quién se encargará de abogar por la detención arbitraria de los ciudadanos mexicanos?

Qué sencillo resulta proponer "modificaciones" a la ley para limpiar la imagen internacional; sólo basta con revisar un poco sus propuestas para darnos cuenta que existe un desinterés total en el tema, además de que sus "cambios" ni siquiera se acercan a acatar las demandas de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

No nos dejemos engañar por esta absurda propuesta, mientras el ejecutivo necesite seguir dando legitimidad a su gobierno con el uso de las fuerzas armadas, someter al ejército a la justicia civil seguirá siendo una tarea imposible.