El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, respondió a las declaraciones de la secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, respecto a que la intervención del Ejército "no ha ayudado" a frenar la violencia en Ciudad Juárez, afirmando que la legalización de la mariguana en Estados Unidos no ayuda a los esfuerzos del Gobierno Federal para combatir al crimen organizado en el país:

"Son preocupantes también las decisiones estatales y locales que facilitan el cultivo y el consumo terapéutico de la mariguana. Se trata de políticas públicas que contrastan con los esfuerzos federales para reducir la demanda de drogas ilícitas y enfrentar frontalmente al narcotráfico. Actualmente existen 14 estados en Estados Unidos que han aprobado iniciativas de esa índole", dijo Gómez Mont.

El secretario se equivoca. Las reformas a las leyes de la mariguana, con fines medicinales, responden a los reclamos de la comunidad científica y los enfermos para acceder, de forma segura y legal, a las bondades curativas de esta planta, mismas que son rechazadas por el gobierno mexicano. Y las iniciativas que se votarán este año en otros nueve estados para legalizar el uso médico y repeler la prohibición de la mariguana, deben interpretarse como el principio de un cambio de paradigma ante una inefectiva política de criminalizar a los consumidores de drogas ilegales.

Dice Gómez Mont que "la demanda ilegal de drogas contribuye, también, a generar corrupción entre las autoridades de los dos países y otras actividades delictivas... que, en conjunto, afectan seriamente la salud de la comunidad y provocan preocupantes niveles de violencia".

Precisamente porque las drogas están fuera de la ley las autoridades son susceptibles de ser corrompidas. Un mercado regulado no sólo reduciría sustancialmente los millonarios ingresos de quienes lucran con estas sustancias, sino que disminuiría su precio y le quitaría a los cárteles los incentivos para corromper a los funcionarios públicos; siendo legal no les resultaría redituable hacerlo.

Y no olvidemos el principal beneficio que tendría la regulación para los usuarios: dejarían de alimentar las arcas y las filas de la delincuencia organizada, poniendo su vida en peligro, así como su salud por el consumo de sustancias de dudosa calidad, sin la apropiada supervisión médica. No es gratuito que un gran número de consumidores problemáticos rechacen buscar ayuda por temor a perder la custodia de sus hijos o por miedo a represalias laborales o penales.

Finalmente, es extraño que Gómez Mont solicitara a los estadounidenses "revisar las políticas de procuración de justicia que facilitan la liberación de delincuentes que son detenidos con pequeñas cantidades de droga... ya que la mayoría de los casos forman parte de dichas organizaciones criminales".

¿Estará enterado el secretario de que su jefe aprobó una modificación legal para proteger a los consumidores que son arrestados por poseer pequeñas cantidades de drogas ilegales? Si los Estados Unidos están empezando a cuestionar los estrictos esquemas de prisión obligatoria es porque sus prisiones están saturadas por 253, 300 delincuentes no violentos sentenciados por delitos relacionados con las drogas, convirtiendo a los Estados Unidos en el país con mayor población carcelaria del mundo, con 2, 424, 279 internos sólo durante 2008.

Por lo tanto, legalizar las drogas en Estados Unidos sí ayudará a combatir con mayor eficiencia el fenómeno del narcotráfico.