Los dos partidos mayoritarios en Nuevo León están coludidos para que nada impida la construcción del nuevo estadio Rayado en el área aledaña al parque La Pastora. El Gobierno actúa como secretario particular de la iniciativa privada, consiguiendo permisos y retirando obstáculos.
Durante la pasada administración del ex gobernador Natividad González Parás se decretó área natural protegida y patrimonio de la ciudadanía el terreno que ocupa el Parque La Pastora, Bosque Mágico, el zoológico, y otra parte más en donde actualmente se tramitan los permisos para ecotaxis; estratégicamente dejaron fuera el área aledaña, que luego fue descuidada convirtiéndose en monte o lo que actualmente se conoce como “La Llanura”, y es donde se pretende que se construya el estadio.
Es por demás obvio que Natividad sabía de antemano que tarde o temprano el PRIAN tendría que pagar a la iniciativa privada el apoyo recibido, inclusive durante las elecciones del 2009.
Las principales empresas beneficiadas con este proyecto son Femsa, que por supuesto tendría la exclusividad de vender toda la “cheve” que se beba en el estadio, y Cemex, que será el encargado de construir el proyecto, y obviamente quedan también dentro del grupo de las beneficiadas la Coca Cola, Bancomer, Cartón Titán, Vitro, entre otras.
La oposición que el PAN presumía ante este proyecto en semanas anteriores era solo una cortina de humo para hacer creer a los habitantes de Guadalupe que había alguien en el Congreso que los apoyaba, pero el arreglo PAN-PRI estaba consumado desde un inicio.
Por otro lado los partidos minoritarios en el Estado no han dado el sí definitivo, inclusive proponen que dicho proyecto sea edificado en los patios del ferrocarril, en un terreno ubicado en Monterrey, el problema es que los permisos de ese terreno no están listos, y esto provocaría una demora en la construcción y a la iniciativa privada le urge empezar a cobrar los réditos por su apoyo brindado a los partidos.
Esta es historia ya conocida, contra la voluntad de la IP no hay quien pueda, el Gobierno actúa como su secretario particular, encargado de conseguirle permisos y de quitar obstáculos.