Espera Perú que la CIDH reconsidere fallo sobre Derechos Humanos

Lima, 1 Ago (Notimex).- El gobierno de Perú dijo hoy que espera que la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) reconsidere un fallo sobre el pago de reparaciones a familiares de presos que murieron en 1986 en un penal.
El deseo es que haya visión más ajustada a la realidad, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaunde, en declaraciones a periodistas.
Entre el 2 y 3 de agosto, la CIDH deberá resolver la demanda de interpretación presentada por el Estado peruano sobre el caso del penal “Miguel Castro Castro” en el que fueron ejecutados 42 presos por terrorismo a manos de las fuerzas de seguridad.
Una anterior sentencia del organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) exigió a Perú el pago de reparaciones económicas a los deudos de los subversivos que murieron cuando se debeló un motín en el penal.
Un total de 42 internos del Establecimiento Penal de Máxima Seguridad “Miguel Castro-Castro” ubicado en San Juan de Lurigancho, al este de la ciudad de Lima, fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado.
La masacre ocurrió durante una operación militarizada de traslado de internos realizada durante entre el 6 y el 9 de mayo de 1992 y durante los hechos también resultaron heridos centenares de reclusos.
“Espero que se reconsideren algunas partes de este fallo, espero que haya una visión más ajustada a los hechos y que corresponda a las responsabilidades reales”, dijo.
El canciller señaló que la sentencia de la Corte IDH, que dispone millonarias reparaciones económicas para los familiares de lasvíctimas, así como un homenaje público, no fue tomada con agrado en el Perú.
Autoridades militares, policiales y familiares de las víctimas de actos subversivos rechazaron esa sentencia debido a que en la lista de víctimas y supuestos beneficiarios de ese fallo aparecen varios sentenciados por delitos de terrorismo.
Entre esos beneficiados destaca el cabecilla de Sendero Luminoso, Osmán Morote Barrionuevo.
Aclaró que la demanda peruana no busca desconocer las ejecuciones extrajudiciales en el penal “Miguel Castro Castro”, sino precisar que éstas se dieron en 1992, en un régimen no democrático.