Revelan menos debilidad legal en publicidad oficial en Costa Rica

San José, 17 Sep (Notimex).- En materia de asignación de publicidad oficial a los medios informativos, la situación en Costa Rica es menos negativa que en otros países latinoamericanos pero muestra debilidades legales, según un estudio revelado hoy.
La ausencia de legislación en ese campo, ha dado lugar a situaciones en las que se ha usado la publicidad oficial como instrumento de presión, agregó el presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (Iplex), Eduardo Ulibarri, al dar a conocer el informe.
Sin embargo, tales prácticas no son sistemáticas, indicó Ulibarri, ex director del influyente y conservador diario costarricense La Nación, en conferencia de prensa en la sede de Iplex.
“Sin embargo, tenemos aún debilidades legales como es la falta de una ley de acceso a la información pública, que específicamente regule la asignación de publicidad oficial. Todavía existe, por ende, un margen de discrecionalidad para asignar esa publicidad oficial”, señaló.
Este contexto ha conducido a casos, documentados en el informe, tales como “la discriminación en contra de La Nación”, o la intención de “incidir en programas de radio” por parte del gobierno anterior (2002-2006), planteó.
Respecto a la situación entre los países analizados en el estudio, Colombia, Honduras y Perú, es donde hay más debilidades, mientras en los países con una ruta sólida de mejoras institucionales se ubican Uruguay y Chile, en tanto que Argentina tiene sus contradicciones, dijo el periodista.
En la práctica Costa Rica tiene vulnerabilidades, que pueden “Conducir a que, de pronto, si hay la voluntad de ciertos funcionarios de manipular publicidad o de vedar el acceso a la información, se puedan dar prácticas inconvenientes”, advirtió.
Entre las recomendaciones generales contenidas en el texto figura la de que los siete países deben “comprometerse (.) a no utilizar la publicidad y otras presiones financieras o indirectas para interferir con la libertad e independencia de los medios”.
Los gobiernos tienen además que “abstenerse de usar la publicidad oficial -directa o indirectamente- con fines electorales, partidarios o de promoción personal”, de acuerdo con el documento.
El estudio denominado “El precio del silencio. Abuso de publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en América Latina” fue elaborado por la argentina Asociación por los Derechos Civiles y el Open Society Institute, financiado por éste y el Banco Mundial.