Washington 10 Dic (Notimex).- Activistas advirtieron hoy sobre el impacto negativo que los cambios a regulaciones laborales impulsados por el gobierno federal tendrían en la protección a los trabajadores agrícolas estadunidenses.
“Estos cambios son devastadores para los trabajadores agrícolas del país”, dijo en una teleconferencia el director de la organización Farmworker Justice, Bruce Goldstein.
Señaló que los cambios que proponen los departamentos de Trabajo y Seguridad Interna recortan salarios y facilitan a los empleadores la contratación de trabajadores extranjeros al reducir requisitos.
Los cambios propuestos, que entrarían en vigor el 16 de enero del año próximo pero que todavía no se han publicado oficialmente en el Registro Federal, también reducen protecciones bajo el programa de visas H-2A para trabajadores agrícolas extranjeros, anotó.
Goldstein dijo que los cambios impulsados por el gobierno federal son “ilegales y moralmente equivocados” porque las autoridades deberían “proteger los derechos de los trabajadores y no eliminarlos”, especialmente en estos tiempos de crisis.
El gobierno “debe reconsiderar sus planes” pero en caso de que emita oficialmente las regulaciones, “el Congreso debe actuar inmediatamente para revertir los cambios”, recomendó.
Los cambios al programa de visas H-2A incluyen una reducción de las obligaciones que deben cumplir los empleadores en la contratación de trabajadores estadunidenses antes de solicitar trabajadores temporales extranjeros, indicó.
Además, las modificaciones federales reducen los salarios al cambiar la fórmula de pagos del programa H-2A y elimina la supervisión gubernamental, sostuvo el activista.
Erik Nicholson, vicepresidente del sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), dijo en la teleconferencia que la flexibilización de regulaciones originaría un deterioro de los beneficios a la fuerza laboral en Estados Unidos.
Tanto Erickson como Goldstein coincidieron en señalar que las nuevas regulaciones estarían creando un nuevo programa de trabajadores temporales sin intervención del Congreso, que daría paso a numerosos abusos a la mano de obra barata.
Señalaron que las nuevas regulaciones no consideran el hecho de que en Estados Unidos hay trabajadores indocumentados cuya situación debe ser resuelta.
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