Quito, 12 ene (EFE).- La Comisión Legislativa de Ecuador aprobó hoy una polémica Ley de Minería, impulsada por el Gobierno, a la que se oponen movimientos indígenas y ambientalistas por considerar que puede afectar la vida de las comunidades y la ecología en las zonas donde se asienten los proyectos a gran escala.
Con 51 votos de los 76 asambleístas que forman la Comisión Legislativa, fue aprobada esta noche la ley, con grandes "modificaciones", según indicó a Efe el asambleísta Paco Velasco, que pertenece al oficialista Movimiento Acuerdo País.
Según Velasco, los grupos indígenas y ambientalistas tienen derecho a protestar, pero les convocó a hacer "una lectura honrada y honesta" del cuerpo legal, que resuelve muchos de los temores que habían expresado.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) y varias asociaciones de pequeños mineros, especialmente de la zona sur andina de Ecuador, convocaron a una movilización nacional para el próximo 20 de enero, contra la ley minera del Ejecutivo.
El temor esencial de los manifestantes es que la ley facilite la explotación minera a gran escala, especialmente la de cielo abierto, dudas que, de acuerdo a Velasco, deberían desaparecer porque, a su criterio, "en la práctica esto (la nueva ley) es una moratoria minera".
El legislador comentó que, al menos, debe pasar un año para que se delimiten las áreas específicas de explotación de minerales, tomando en cuenta todo el territorio nacional, cuyo estudio debe estar sujeto a un Plan Nacional de Desarrollo.
Además, insistió en que en el texto aprobado se incluyen "importantes modificaciones" como el hecho de que, "solo excepcionalmente", el Estado podría delegar la explotación de minerales a empresas trasnacionales.
También indicó que en la ley se establecen que el 50 por ciento de las regalías o dividendos que dejen los proyectos mineros vayan a manos del Estado, lo que contrasta con el temor de los grupos indígenas, que advertían que la ley iba a ubicar ese rubro en el 5 por ciento.
Velasco señaló que la ley también da normas claras a las empresas interesadas en la actividad minera, aunque dijo que esas compañías deben ser capaces de aceptar los aspectos fundamentales que establece la norma.
El legislador destacó, como ejemplo de ello, la normativa sobre "pasivos ambientales", los cuales deben ser cubiertos por las operadoras en la misma proporción que los efectos ambientales o sociales que causen en el entorno de sus proyectos.
Los emprendimientos o proyectos mineros deben compensar a las comunidades afectadas de una forma "significativa, no con unas migajas", enfatizó.
La aprobación de la ley, que será entregada al Ejecutivo, para ratificarla o vetarla, "es un paso, no es la meta, no es la llegada de una política nacionalista" en Ecuador, comentó el legislador.
"Es un paso que demanda de otros pasos, porque es un desafío para la sociedad", que debe vigilar que la ley se cumpla para beneficio de los ecuatorianos, señaló Velasco.