Por George Rodríguez. CorresponsalSan José, 7 Mar (Notimex).- Sectores de la sociedad civil de Costa Rica han intensificado la presión para el cierre de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), a la que señalan como una policía política ilegal que no tiene razón de existir en este país.Sin embargo, el gobierno del presidente Oscar Arias sostiene que se trata de una entidad enmarcada en lo legal y que, a diferencia de otras fuerzas de seguridad costarricenses, está en condiciones de prever el eventual riesgo de potencial subversión dentro del país."A nosotros nos parece que es inaudito que en Costa Rica exista una policía política", ya que "eso no va con la imagen de derechos humanos del país", dijo a Notimex el sindicalista Albino Vargas, vocero de los grupos que demandan el cierre de la DIS."Esa policía política en Costa Rica ha trabajado al margen de la ley, ha invadido la intimidad de miles de personas, ha abierto expedientes, ficheros, fotografiado, hurgado en las cuentas personales de mucha gente", agregó.Esa entidad es "propia de regímenes totalitarios o dictatoriales", por lo que "queremos su disolución, pero, sobre todo, que nos permitan el acceso a los expedientes que tienen de todos nosotros, que sabemos que existen", planteó Vargas."Lo más importante es que la gente sepa (.) que tiene una ficha, que tiene un folder, que tiene un expediente, eso, el país lo necesita saber", enfatizó el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (Anep)."Este es un capítulo de los más tenebrosos de la democracia costarricense (.) que necesita ser abierto de cara a la ciudadanía", "la democracia costarricense tiene que oxigenarse, tiene que purificarse, tiene que revitalizarse", subrayó el dirigente.En declaraciones por separado, el asesor gubernamental en materia de seguridad, Alvaro Ramos, aseveró que "la DIS está autorizada por ley, no es un órgano que está al margen de la ley".La DIS cuenta con "instrumentos de análisis que no los tiene ningún otro cuerpo" de seguridad costarricense, tanto humanos como tecnológicos, algo clave para evitar la presencia del crimen organizado en esta nación centroamericana, dijo Ramos.Las demandas del cierre de la DIS se intensificó tras las denuncias sobre la existencia de expedientes secretos con información de varias personas, incluido el periodista brasileño Gilberto Lopes quien, por esta razón, vio peligrar su naturalización como costarricense.