Organizaciones civiles doblaron las manos ante Sarkozy: Fundación Murrieta

Las organizaciones civiles por la seguridad, como SOS, de Alejandro Martí, y México Unido Contra la Delincuencia, doblaron las manos ante el presidente Francés, Nicolás Sarkozy en el tema de la extradición de la secuestradora francesa Florence Cassez, acusa Marco Antonio Hernández Murrieta, presidente de la Fundación Murrieta y organizador de la marcha por la seguridad de agosto de 2008.

En un comunicado enviado por correo electrónico, Hernández Murrieta narra que el pasado lunes 9 marzo, fue invitado a participar en una reunión privada con el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, en la cual también participaron Alejandro Martí y su esposa, María Elena Morera, Ana Franco, la nueva presidenta de México Unido Contra la Delincuencia, la señora Isabel Miranda de Wallace, y Ernesto López-Portillo.

En esta reunión Sarkozy pretendió defender su postura a favor a la extradición de Florence Cassez, asegurando que era inevitable, cuando en realidad no era el caso.

De acuerdo con Hernández Murrieta, la reunión con Sarkozy fue convocada el domingo en la noche. "A mí se me informó que sería sobre el tema de la inseguridad, a Ernesto López Portillo una reunión sobre las ONG y sus propuestas de reforma, a los demás no sé que se les dijo", dice Hernández Murrieta en el comunicado.

El comunicado señala que la reunión "más que un diálogo fue un monólogo de Sarkozy, explicando lo que ya había dicho al Presidente Calderón y en su discurso ante el Senado, en el cuál concretamente está pidiendo el traslado de la francesa Florence Cassez condenada a 60 años de prisión por ser cómplice de dos secuestros, como parte del cumplimiento de un tratado firmado entre México y Francia, que entre otros puntos dice que un convicto sentenciado francés en México puede ir a cumplir su sentencia a Francia y viceversa."

Hernández Murrieta señala que Sarkozy alegó a favor del tratado de Estrasburgo por encima de la Constitución mexicana, y añadió que "él personalmente nos garantizaba que Florence saldría de una cárcel mexicana para entrar en otra cárcel francesa, lo que no garantizaba, y en esto hizo también énfasis varias veces, era cuanto tiempo permaneciera en ella, puesto que la justicia francesa era tan independiente del poder ejecutivo como lo era en México y que por lo tanto el no podría garantizar que en 10 años, cuando él ya no fuera presidente, ella siguiera en la cárcel."

Para Hernández Murrieta el problema se agravó por la manera en la que los asistentes participaron en la reunión, la cual fue no de firmeza. "Los esfuerzos de los demás que hablaron por parte de las organizaciones presentes (y que no me dejaron hablar e incluso fui callado por parte de uno de ellos cuando iba a demostrar mi desacuerdo) se fueron en decirle al Presidente Sarkozy que los mexicanos trabajábamos todos unidos para recuperar nuestro país y rehacerlo, que México era un país de gente unida en la familia, que por favor le dijera al pueblo de Francia que estábamos luchando por nuestro país, etc," narra Hernández Murrieta.

El alegato de Serkozy se concentró en lo legal, señala el comunicado, enfatizando que "no hay consideración política que tomar en cuenta, que un Jefe de Estado como lo es él y Calderón, deben hacer cumplir la legalidad y punto, sin aceptar presiones políticas."

Sin embarg, en entrevista para SDP, Hernández Murrieta señaló que si bien es verdad que el tratado de Estrasburgo podría permitir la extradición de Florence Cassez, para que esto ocurrirera el gobierno mexicano tendría que autorizar la extradición, cosa que Sarkozy no mencionó a la gente que asistió a la reunión. Esto convertiría al alegato de Sarkozy en un engaño.

"Lo que me sorprendió fue la reacción de casi todos los invitados (salvo Ernesto López-Portillo que no habló) que se mostraron de acuerdo y conformes con los argumentos de Sarkozy de la legalidad y de que esto no era un tema político", dice Hernández Murrieta. "Parece ser que muchos de mis compañeros ignoran que en Francia el caso ha sido presentado como si esta mujer fuera víctima de la corrupción, impunidad, etc. de las autoridades mexicanas y la han colocado casi al mismo nivel que a Ingrid Betancourt (suena risible pero así lo ha puesto la prensa francesa) por lo que el regreso de ella a Francia sí es para Sarkozy un tema político y que ante las próximas elecciones lo explotará, a pesar de que él diga que el tema no es político."

Continúa Hernández Murrieta: "Me pregunto entonces, ¿Si no era un tema político, si es nada mas de abogados y leyes, porqué el Presidente de Francia tiene que venir y presionar con este tema al Presidente Calderón, a hacer lo mismo con el Senado y con las organizaciones de la Sociedad Civil?"

Y señala lo que es uno de los señalamientos más fuertes del comunicado: "¿Están consientes estas organizaciones que fueron tan "amigables", que Sarkozy dijo que él garantizaba que saldría de una cárcel mexicana para ir a una francesa pero que él no se comprometía ni garantizaba cuanto tiempo estaría en ella? Esto último lo comentó porque hay muchas formas en las que, ya en otro país, un delito puede ser reclasificado y su condena bajar, o puede salir en libertad condicional, o con rebaja de pena, etc. y que esto se haría ya de acuerdo a las leyes de Francia y no a las mexicanas."

"No entiendo porque las organizaciones que han vivido tan cerca la desgracia de un secuestro, fueron tan flexibles y acordes con el monólogo del presidente francés. E incluso a la salida cuando externé mi enojo y desacuerdo con la reunión varios me dijeron enojados que el presidente tenía razón", dijo Hernández Murrieta, quien señaló a SDP que quienes le reclamaron por su disgusto con Sarkozy fueron las representantes de México Unido Contra la Delincuencia.

"En conclusión Sarkozy va a quedar ante su pueblo como el gran liberador de una pobre ciudadana francesa que ha caído en las garras de la injusticia y que está casi secuestrada por el corrupto Estado mexicano. El gobierno mexicano, si se traslada a Cassez a Francia, va a quedar ante sus ciudadanos como débil y timorato, que responde a presiones de un gobierno extranjero antes que a sus mismos ciudadanos. Y si esta es liberada antes de los 60 años de prisión que le corresponden (que por las palabras de Sarkozy me queda clarísimo que será incluso antes de 10 años) va a quedar todavía peor. Si esto es lo que la sociedad civil está haciendo para defender los logros alcanzados en la lucha contra la delincuencia, no me extraña que las cosas estén como lo están actualmente," concluye el texto de Hernández Murrieta.

En entrevista para SDP, Marco Antonio Hernández Murrieta señaló además que las declaraciones del empresario Alejandro Martí en el sentido de que se opone a la extradición de Cassez, no concuerdan con su actitud en la reunión con Nicolás Sarkozy, en la cual no mostró firmeza respecto a su postura ante el presidente francés.