La
revista Forbes dio a conocer que la fortuna del Chapo Guzmán, estimada
en mil millones de dólares, proviene del lavado de dinero de la
distribución de cocaina a Estados Unidos. A pesar de eso, autoridades
financieras y judiciales en México como la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores (CNBV), y la PGR, practicamente no investigan el lavado de
dinero, dio a conocer el diario The Washington Post.
En una nota
fechada el 29 de Octubre de 2008, el Washington Post dio a conocer que
pese a que unos $24 mil millones de dólares en fondos criminales pasan
por México cada año, ninguna instutución financiera ha sido sancionado
publicamente por lavado de dinero.
De acuerdo con el Washington
Post, "Oficiales del gobierno de Estados Unidos estiman que 10% del
sistema financiero mexicano opera con dinero lavado del narco." La
cifra es citada del experto en lavado de dinero internacional, Jonathan
Winer, quien declaró que "es difícil entender como es que tanto dinero
pueda moverse sin ninguna evidencia."
La nota cita al oficial de
la CNBV, Pablo Gómez del Campo, quien insiste en que su gobierno sí
impone sanciones en casos de lavado de dinero. Sin embargo, el
Washington Post hace notar que el sitio de internet de la CNBV, hasta
ese entonces, no listaba ninguna sanción contra instituciones
financieras por lavado de dinero a pesar de que por ley la CNBV tiene
que hacerlo.
El Washington Post menciona como únicos casos de
investigaciones de la PGR por lavado de dinero a las investigaciones de
3 casas de cambio, sin embargo, dos de estas investigaciones fueron
iniciadas por autoridades de Estados Unidos. Fuera de estos casos, las
instituciones financieras en México han escapado de las sanciones,
revela el Washington Post.
De acuerdo con Jonathan Winer, la
estrategia mexicana debería ser una mejor regulación de los centros
cambiarios, y también monitorear mejor las transacciones entre
instituciones mexicanas y bancos offshore, las cuales son descritas por
Winer como "opacas y difíciles de evaluar y documentar."
La nota del Washington Post también cita a Don Semesky, jefe de
investigaciones financieras de la DEA en Washington, quien revela que
los obstáculos en investigar el lavado de dinero en México se pueden
ver en la manera en la que la PGR investiga los crímenes financieros.
Para respetar las leyes del secreto bancario, la PGR debe solicitar la
información mediante la CNBV. La CNBV puede negarse a la petición, y en
el caso de una disputa acabar ante un juez. Durante el caso, la persona
cuya cuenta está en disputa es alertada, por lo cual tiene tiempo para
mover el dinero antes de que se complete la investigación.
Es decir, el propio sistema financiero mexicano facilita que el lavado de dinero quede impune.