México, 20 mar (EFE).- El presidente de México, Felipe Calderón, quien desde que asumió en diciembre de 2006 ordenó a los militares encabezar la lucha contra el crimen organizado, dijo hoy que no es momento de retirar al Ejército de las calles.

El mandatario, que encabezó la entrega del informe anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), señaló que la vuelta de los militares a los cuarteles "no es posible en estos momentos, al no existir una policía capacitada para combatir al crimen organizado".

Dijo que coincide con la postura del presidente de la CNDH, José Luis Soberanes, de que "la tarea de las Fuerzas Armadas es y debe ser temporal".

México vive desde hace tres años una ola de violencia atribuida al crimen organizado, en particular a los carteles de la droga que se disputan el control de rutas hacia Estados Unidos, periodo en el que han sido asesinadas unas 10.000 personas.

Calderón tiene como su principal reto interno la seguridad y el combate al crimen organizado, por lo que ordenó el envío de fuerzas combinadas de miles de soldados y agentes federales a los puntos más conflictivos del país, medida que ha sido criticada por organizaciones sociales mexicanas e internacionales.

El mandatario dijo que frente a la situación de violencia estaba la disyuntiva de "o dejar a los mexicanos a su suerte y en estado de indefensión frente a la acción violenta del crimen" o asumir "la fuerza del Estado" con los riegos que implica esta alternativa.

En ese acto anunció, como una muestra de la acción del Ejército, la captura de un presunto narcotraficante, Sigifredo Nájera, alias "El Canicón", a quien responsabilizó de la muerte de nueve militares y de los ataques con granadas y disparos al consulado de Estados Unidos y a las instalaciones de Televisa, todo ocurrido en Monterrey entre octubre de 2008 y enero pasado.

Por su parte, el presidente de la CNDH dijo que durante 2008 México vivió una panorama de "marcados claroscuros" en materia de derechos humanos, pues hubo avances pero también "sombras difíciles de desvanecer".

"En este contexto, el derecho humano a la seguridad pública sigue siendo la principal demanda y preocupación de los mexicanos", dijo Soberanes.

Indicó que la CNDH registró el año pasado 6.004 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, la mayoría de las cuales dirigidas contra la Secretaría de la Defensa (1.230), el Instituto Mexicano del Seguro Social (1.007) y la Fiscalía general (769).