México, 23 Abr (Notimex).- Diputados federales y especialistas coincidieron en que las centrales de abasto son altamente vulnerables a los embates del crimen organizado, lo que genera una inversión de los comerciantes de unos 90 millones de pesos mensuales en seguridad privada con la consecuente repercusión en el alza de precios.
Durante el Primer Foro de Seguridad Patrimonial y Justicia para las Centrales de Abasto de la República Mexicana y Latinoamérica que se realiza en San Lázaro lamentaron que en esos espacios se registren de manera cotidiana robos, extorsiones y secuestros.
El diputado Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez, del PAN, expresó que ese sector es el más dinámico y real de la economía y representa una palanca fundamental para impulsar el mercado interno y hacer frente a la crisis financiera internacional.
Sin embargo, dijo, ello no es posible ante los altos índices de inseguridad, por lo que urgió a construir un mercado sólido que permita sortear con más fortaleza la crisis que se vive en el país.
El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) planteó que de nada sirve aprobar presupuestos cada vez mayores para la materia si no se tienen resultados concretos ante la ciudadanía.
“El problema no es de dinero; sabemos que no hay coordinación entre las tres policías (federal, estatal y municipal), no se comparte información porque hay desconfianza, complicidad; eso nos fuerza a los ciudadanos a protegernos unos a otros”, apuntó.
En tanto Alfredo Neme Martínez, presidente de la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto, manifestó que el principal reclamo del sector ya no son las bajas ventas sino la inseguridad “que nos está impidiendo desarrollarnos y realizar negocios, que es lo que sabemos hacer”.
Indicó que “día con día escuchamos sobre robos, extorsiones, secuestros, asesinatos, fraudes, todo tipo de situaciones que desafortunadamente estamos viviendo en carne propia”.
Neme Martínez refirió que los pronósticos mundiales sobre los problemas de seguridad a largo plazo colocan a México y al resto de América Latina en una situación preocupante.
Mencionó que en el documento “Las tendencias globales para 2025” elaborado por el gobierno de Estados Unidos, se asegura que los países de América Latina tendrán un crecimiento más o menos moderado hasta 2025 pero sufrirán una continua violencia urbana intratable y en algunos casos inmanejable.
Dijo que otro problema que agrava esa situación son los altos índices de impunidad. “Sólo arriba de 50 por ciento de las autoridades son confiables, el resto no es recomendable. La CNDH estima que cerca de 99 por ciento de los delitos cometidos en México quedan impunes”.
A su vez el diputado Octavio Martínez Vargas, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), recordó que de 1999 a 2001 en la central de abastos de Ecatepec “tuvimos a 11 compañeros secuestrados, tres de ellos perdieron la vida”.
Expuso que el resultado de ello es que los comerciantes deciden cerrar sus negocios, enajenar bienes o rentar inmuebles y ocuparse en otras tareas porque priorizan la seguridad patrimonial al comercio.
Por su parte el presidente del Consejo Ciudadano para la Procuración de Justicia y Acción Penal, José Antonio Ortega, expresó que 2008 ocupa el mayor número de denuncias que se hayan presentado en las procuradurías durante los últimos 40 años que “llevamos sufriendo el flagelo de la delincuencia”.
Atribuyó ese hecho a que en el país se carece de un programa de prevención del delito y no se ha sabido incorporar a la sociedad para resolver el problema, pero tampoco las víctimas del delito encuentran apoyo en las autoridades.
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