Organizaciones

de productores, ambientalistas y de derechos humanos integrantes de la campaña

nacional "Sin maíz no hay país" realizaron una protesta en la

residencia oficial de Los Pinos y entregaron un documento en el que exigen a Felipe Calderón Hinojosa no

autorizar la siembra de maíz transgénico en México.

Disfrazados

de servidores públicos, los manifestantes ejemplificaron cómo el gobierno mexicano pone a merced de la empresa agrobiotecnológica

Monsanto la riqueza genética del maíz a cambio de los 200 millones de dólares

que esta empresa ha prometido invertir en México si se permite la liberación de

su maíz transgénico.

Mediante un boletín de prensa, las organizaciones informaron

que los funcionarios argumentan que la inversión de recursos

beneficiaría a la economía mexicana y que los transgénicos resolverán los

problemas del campo, no obstante, plantean que la

realidad es que al abrirle la puerta a la siembra experimental de maíces

transgénicos, el gobierno federal expone la producción maicera del país a un

alto riesgo de contaminación, ya que está

comprobado científicamente que los transgenes se propagan por el polen, lo que

pone en riesgo la supervivencia del maíz nativo de México.

"México

es centro de origen y diversidad del maíz, uno de los granos fundamentales para

la seguridad alimentaria del mundo, y tenemos la responsabilidad de cuidar ese

importante patrimonio. Esa es la primera razón para rechazar el maíz

transgénico.

"La otra razón es que las

y los mexicanos tenemos derecho a consumir maíz libre de transgénicos, de la

misma forma que lo hacen los pueblos que consumen trigo, pues no hay en el

mercado trigo transgénico.

"Japón también tiene un

cuidado estricto del arroz y ha evitado que entre este cereal transgénico a su

país, tanto para consumo, como para siembra. En estos cereales se han seguido

desarrollos más seguros, sustentables y eficaces.

"Lo mismo se debe hacer

con el maíz, pues además de todo, los transgénicos que nos ofertan no aumentan

los rendimientos y no resuelven ninguno de los problemas agronómicos de este

cultivo en nuestro país", señalaron las organizaciones.

Los denunciantes entregaron a elementos de la guardia Mayor Presidencial

mazorcas con la leyenda "El maíz mexicano se defiende" y al Ejecutivo una carta

en la que le preguntan cuánto vale la soberanía alimentaria y los 10 mil años

de conocimiento indígena y campesino aplicado al cultivo del maíz, nuestro

principal alimento, frente a los intereses de las grandes empresas que detentan la

patente del maíz transgénico.

Las organizaciones señalaron a Felipe Calderón, Alberto

Cárdenas Jiménez, titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); Víctor M. Villalobos,

encargado de relaciones internacionales de Sagarpa; Juan Rafael Elvira Quesada, titular de la Secretaría de Medio

Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); José Ángel Córdova Villalobos,

titular de la Secretaría de Salud; Gerardo Ruiz, de la Secretaría de Economía;

Ariel Álvarez de la Comisión Intersecretarial de la Bioseguridad de Organismos

Genéticamente Modificados (Cibiogem) y Enrique Sánchez Cruz, director general

del Servicio Nacional de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera

(Senasica) como los responsables de subastar el maíz mexicano al mejor postor.

La protesta se da en el marco de la posible aprobación de las

25 solicitudes de siembra de maíz transgénico presentadas por Monsanto, Dow

Agrosciences y Pioneer, y en ese sentido la carta entregada a Calderón demanda

transparencia en el proceso de consulta pública que se lleva a cabo actualmente

como parte del proceso para su aprobación.

Los

manifestantes exigieron a Felipe Calderón cumplir con la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos y prohibir los cultivos de maíz transgénico en

tanto el Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente

Modificados (LBOGM) siga sujeto a revisión en la Suprema Corte de Justicia de

la Nación.

En estas circunstancias, cualquier permiso estaría

contraviniendo la legislación, pues no se cuentan con los elementos de

bioseguridad que establece la LBOGM como son: las normas oficiales mexicanas,

el Régimen de Protección Especial del Maíz, la determinación de centros de

origen y de diversidad genética y los acuerdos de determinación de las especies

de las que México es centro de origen y diversidad genética, así como las áreas

geográficas en las que se localicen (1).

Finalmente, recordaron que se encuentra en proceso una denuncia penal

-fundamentada en el artículo 216 del Código Penal Federal-, en contra de Felipe

Calderón Hinojosa, de la Sagarpa, Alberto Cárdenas Jiménez, de la Semarnat,

Juan Rafael Elvira Quesada, de la Secretaría de Salud, José Ángel Córdova

Villalobos y Gerardo Ruiz, de la Secretaría de Economía, quienes derogaron el artículo octavo transitorio

del Reglamento de la LBOGM para incumplir lo dispuesto en el artículo 2,

fracción XI, relativo al Régimen Especial de Protección del Maíz; así como en

el artículo 86, relativo a los centros de origen y diversidad genética.