.Guadalajara, 14 Jul (Notimex).- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Felipe de Jesús Alvarez Cibrián, señaló que la cobranza bancaria viola los derechos humanos y las garantías constitucionales de usuarios de tarjetas de crédito.Tras recibir las quejas de la asociación Deudores en Movimiento A. C., en las instalaciones del organismo, dijo que es un problema real y social, por lo que es importante que en Jalisco y en todo el país se le ponga solución.Señaló que "a nosotros, como Comisión Estatal de Derechos Humanos nos preocupa la forma tan voraz, la falta de ética y profesionalismo con que hacen la cobranza, personas contratadas principalmente por los bancos e instituciones crediticias de distinto tipo".Enfatizó que esas personas pasan por alto y atropellan de forma grave la dignidad humana, pero aclaró que la CEDHJ no puede actuar, como defensora de derechos humanos, contra esas personas que llaman a los domicilios particulares para hacer los cobros.Dijo que "no se justifica violentar la intimidad de un hogar, el derecho al descanso y a la salud mental de las personas, al cobrarles durante la noche, con llamadas y letreros para exhibir a las personas que ahí deben".Admitió que quien debe tiene que pagar, es parte de una premisa y de una justicia, "pero quien cobra debe hacerlo ajustado a los marcos legales".Expuso que recibieron más de 200 quejas presentadas por Deudores en Movimiento, que hacen sentir una serie de inconformidades, principalmente contra instituciones nacionales.Entre ellas, el Banco de México, la Condusef y algunas otras instituciones, las cuales van dirigidas al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández.Refirió que "es un formato único y nosotros las vamos a recibir, estamos actuando como autoridad receptora, y las enviaremos a la Comisión Nacional, me comprometo a dar impulso y el seguimiento, en la medida y dentro de las limitaciones que la ley contempla".Añadió que la CNDH es quien tendrá que dar la respuesta y resolver sus acciones de forma respetuosa y particular.Reiteró que la cobranza viola la legalidad, ya que "no pueden decir que van a embargar o que ya tienen una orden de embargo cuando no la tienen, no pueden hablar de forma arbitraria e interrumpir la tranquilidad de las familias, por el hecho de que deben".