El Ejército mexicano ha sentenciado desde 2006 a doce militares y
procesa a otros 52 por diversos delitos, entre otros homicidio, tortura
y secuestro, informó hoy el director general de Derechos Humanos de la
Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), general Jaime Antonio López
Portillo.
El oficial explicó en una rueda de prensa que el
número de quejas contra los militares ha crecido debido a que el
Ejército es la principal fuerza en el combate al narcotráfico en el
país.
"El aumento de quejas contra las fuerzas armadas se debe
principalmente al incremento de su presencia en las calles, lo que
fomenta de forma proporcional el contacto con la población", admitió.
Desde
el inicio del Gobierno del presidente Felipe Calderón, el 1 de
diciembre de 2006, la estrategia para reprimir a los narcotraficantes
es el envío de fuerzas combinadas del Ejército, con unos 45.000
soldados, y de la policía federal, unos 30.000 agentes, a los estados
más conflictivos del país.
De los sentenciados, dos son jefes,
seis oficiales y cuatro soldados, dijo el general López Portillo, que
dirige la oficina de Derechos Humanos de la Sedena, inaugurada el 1 de
enero de 2008.
"La mayoría de los delitos en que incurren (los
soldados) son de carácter imprudencial, colateral a sus operaciones y
por desconocimiento de las consecuencias de una violación a los
derechos humanos", reconoció el general.
"Por eso es necesario
que la población apoye el trabajo de los militares, ya que es
importante que la población civil esté del lado de las fuerzas armadas,
pues nuestro trabajo es por el bienestar del pueblo de México", dijo.
Los
delitos por lo que pueden ser acusados los militares son tortura,
lesiones, homicidio, extorsión, secuestros e inhumación clandestina, y
las penas van desde los 3 meses hasta los 20 años de prisión.
Dijo
que estos delitos no pueden ser considerados violación a los derechos
humanos porque "no existe en todo el mundo una cláusula jurídica que
determine cuando es una violación a los derechos humanos ni tampoco
existe una precisión de cuando una violación se desestima".
La
actuación de los soldados en operativos federales para frenar al
narcotráfico en México le ha valido al Ejecutivo numerosas críticas, en
especial desde la sociedad civil y entidades de derechos humanos
nacionales e internacionales, que acusan a militares de cometer
violaciones a las garantías individuales.
La Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH), equivalente al Defensor del Pueblo, de
México presentó ayer un informe en el que aseguró que durante el primer
semestre de este año el Ejército fue la institución con mayor número de
quejas por violentar las garantías individuales.
Según la
CNDH, de las 2.956 quejas que ha tramitado, 559 son contra el Ejército;
seguido de la Procuraduría General de la República (fiscalía), con 216;
el Instituto Mexicano del Seguro Social (215) y de la Secretaría de
Seguridad Pública (104).
López Portillo aseguró que de las 559
quejas presentadas contra efectivos de la Sedena, en 395 se determinó
que no hubo responsabilidad militar. También recibió 14 recomendaciones
de la CNDH sobre presuntos actos de violación a los derechos humanos.
En cuanto a los quejosos, aseguró que 888 fueron civiles y 46 militares.
López
Portillo presentó en la rueda de prensa un programa de cursos de
formación en derechos humanos dentro del sistema educativo militar, que
dijo se vienen realizando desde 2007.
Estos cursos, afirmó, se
imparten con asesoría de la Cruz Roja Internacional, de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y de la mexicana CNDH.