El Ejército mexicano ha sentenciado desde 2006 a doce militares y

procesa a otros 52 por diversos delitos, entre otros homicidio, tortura

y secuestro, informó hoy el director general de Derechos Humanos de la

Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), general Jaime Antonio López

Portillo.

El oficial explicó en una rueda de prensa que el

número de quejas contra los militares ha crecido debido a que el

Ejército es la principal fuerza en el combate al narcotráfico en el

país.

"El aumento de quejas contra las fuerzas armadas se debe

principalmente al incremento de su presencia en las calles, lo que

fomenta de forma proporcional el contacto con la población", admitió.

Desde

el inicio del Gobierno del presidente Felipe Calderón, el 1 de

diciembre de 2006, la estrategia para reprimir a los narcotraficantes

es el envío de fuerzas combinadas del Ejército, con unos 45.000

soldados, y de la policía federal, unos 30.000 agentes, a los estados

más conflictivos del país.

De los sentenciados, dos son jefes,

seis oficiales y cuatro soldados, dijo el general López Portillo, que

dirige la oficina de Derechos Humanos de la Sedena, inaugurada el 1 de

enero de 2008.

"La mayoría de los delitos en que incurren (los

soldados) son de carácter imprudencial, colateral a sus operaciones y

por desconocimiento de las consecuencias de una violación a los

derechos humanos", reconoció el general.

"Por eso es necesario

que la población apoye el trabajo de los militares, ya que es

importante que la población civil esté del lado de las fuerzas armadas,

pues nuestro trabajo es por el bienestar del pueblo de México", dijo.

Los

delitos por lo que pueden ser acusados los militares son tortura,

lesiones, homicidio, extorsión, secuestros e inhumación clandestina, y

las penas van desde los 3 meses hasta los 20 años de prisión.

Dijo

que estos delitos no pueden ser considerados violación a los derechos

humanos porque "no existe en todo el mundo una cláusula jurídica que

determine cuando es una violación a los derechos humanos ni tampoco

existe una precisión de cuando una violación se desestima".

La

actuación de los soldados en operativos federales para frenar al

narcotráfico en México le ha valido al Ejecutivo numerosas críticas, en

especial desde la sociedad civil y entidades de derechos humanos

nacionales e internacionales, que acusan a militares de cometer

violaciones a las garantías individuales.

La Comisión Nacional

de Derechos Humanos (CNDH), equivalente al Defensor del Pueblo, de

México presentó ayer un informe en el que aseguró que durante el primer

semestre de este año el Ejército fue la institución con mayor número de

quejas por violentar las garantías individuales.

Según la

CNDH, de las 2.956 quejas que ha tramitado, 559 son contra el Ejército;

seguido de la Procuraduría General de la República (fiscalía), con 216;

el Instituto Mexicano del Seguro Social (215) y de la Secretaría de

Seguridad Pública (104).

López Portillo aseguró que de las 559

quejas presentadas contra efectivos de la Sedena, en 395 se determinó

que no hubo responsabilidad militar. También recibió 14 recomendaciones

de la CNDH sobre presuntos actos de violación a los derechos humanos.

En cuanto a los quejosos, aseguró que 888 fueron civiles y 46 militares.

López

Portillo presentó en la rueda de prensa un programa de cursos de

formación en derechos humanos dentro del sistema educativo militar, que

dijo se vienen realizando desde 2007.

Estos cursos, afirmó, se

imparten con asesoría de la Cruz Roja Internacional, de la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos y de la mexicana CNDH.