Ginebra, 30 Jul (Notimex).- Jueces y fiscales provisionales en Venezuela están sujetos a diversos mecanismos de interferencia política en detrimento de su independencia, denunció hoy aquí el relator de la ONU para la independencia de magistrados y abogados, Leandro Despouy.Despouy apuntó que ya antes se había referido a "la falta de independencia de un importante número de jueces y fiscales provisorios, quienes están sujetos a su remoción totalmente discrecional: sin causa, ni procedimiento ni recurso judicial efectivo".Mediante un comunicado, el relator evidenció, entre otros hechos, la "falta de ejecución" por parte de Venezuela "de un importante fallo internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".Dicho fallo estable que "incluso los jueces provisorios deben gozar de niveles de estabilidad y por ello se le requirió al Estado venezolano su cumplimiento".El experto en derechos humanos también señaló su preocupación respecto a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.Según Despouy, dicha reforma tiene el objetivo de ampliar el número de magistrados y su posterior designación con criterios de afinidad política; así como la utilización de la justicia con otros fines a través de jueces y fiscales provisorios."El derecho de toda persona a la justicia debe contar con la existencia de jueces independientes e imparciales", señaló el relator especial."Y para ello, agregó, la estabilidad de los jueces es un elemento esencial", tal como lo establece el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Venezuela es signatario.Despouy se refirió a la reciente remoción de la jueza "provisoria" Alicia Torres, dos días después de que denunciara que fue víctima de acoso por parte de la jueza presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, con el fin de dictar medidas cautelares contra el presidente de Globovisión, Guillermo Zuloaga Núñez y su hijo.El funcionario de la ONU citó también la medida de censura solicitada por fiscales provisorios contra los mensajes de promoción del derecho de propiedad difundidos por las ONG Cedice y Asoesfuerzo, que fue rechazada por la jueza "provisoria" Rosa Margiotta Goyo.El experto de la ONU manifiestó su preocupación por la imputación penal de la abogada Perla Jaimes, consultora jurídica de la televisora Globovisión, por oponerse legalmente al allanamiento de una casa donde funcionan oficinas del presidente de dicho medio.En este sentido, el relator especial invocó el respeto y aplicación de los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados.Tales principios establecen, entre otros puntos, que "los gobiernos garantizarán que los abogados puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas".