MEXICO

(AP) — La Secretaría de Agricultura defendió el jueves un programa de

apoyo al campo del que se han llegado a beneficiar supuestamente

familiares de presuntos narcotraficantes, además de políticos, y

aseguró que prácticamente la totalidad del plan ha servido a su

objetivo de ayudar para producir más alimentos.

"Yo estoy seguro

de que la casi absoluta mayoría de la gente que está en el Procampo

está trabajando produciendo alimentos, y lo están haciendo cada vez

mejor", dijo en rueda de prensa el secretario de Agricultura, Alberto

Cárdenas, en medio de una polémica desatada por reportes del diario

mexicano El Universal que esta semana señalaron que parte de las ayudas

han sido otorgadas a familiares de narcotraficantes y políticos.

A

través del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo), creado en

1993 a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del

Norte (que integran México, Estados Unidos y

Canadá) para apoyar a pequeños productores, se entregan hasta 1.300

pesos (unos 98,3 dólares) por hectárea a personas para que puedan

incrementar la producción de cultivos lícitos.

En la lista de los

beneficiarios —que pueden consultarse en internet— aparece, por

ejemplo, Vicente Zambada Niebla, hijo de un supuesto barón de las

drogas y detenido en 2009, señalado de ser el presunto jefe operativo

del Cartel de Sinaloa.

Zambada aparece en la lista correspondiente al 2003.

También hay políticos, como Enrique Peña Nieto, actual gobernador del Estado de México

y militante del ex gobernante Partido Revolucionario Institucional. El

aparece en la lista correspondiente al ciclo agrícola primavera-verano

2009, según corroboró la AP.

Las revelaciones llevaron a algunos legisladores a pedir una revisión para determinar posibles casos de corrupción o abusos.

El

coordinador jurídico de la Secretaría de Agricultura, Rodolfo González,

señaló el jueves que el hecho de ser un político o familiar de un

presunto criminal no implica que ellos incurran en irregularidades, por

ejemplo el cultivo de productos ilícitos, por lo cual no habría razón

para retirarlos del Procampo.

"La responsabilidad penal es

personal, no se extiende a los familiares; suponer que porque una

persona comete un delito es prudente o necesario u obligatorio privar a

sus familiares de beneficios, es plantear un nuevo marco jurídico

penal", dijo.

Añadió, sin embargo, que si una autoridad judicial

determina que alguien en el padrón del Procampo cometió alguna

irregularidad, se suspende la ayuda.

Refirió que desde diciembre

del 2006, cuando inició el gobierno del presidente Felipe Calderón, han

sido cancelados 11.827 apoyos del Procampo, una parte de los cuales fue

por sembrar cultivos ilícitos. No precisó el número, aunque aseguró que

son menores los casos de cultivos ilegales.

El Procampo estaba

previsto que concluyera en 2009, aunque el presidente Calderón decidió

ampliarlo al menos hasta 2012 y el secretario de Agricultura dijo el

jueves que ya se trabaja en un plan para depurar su padrón de

beneficiarios y asegurar que el dinero llegue a los productores de

alimentos.

Actualmente, el Procampo beneficia a 2,7 millones de personas que siembran 14,1 millones de hectáreas.