México, 24 Ago (Notimex).- La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso Acteal y la liberación de 20 indígenas procesados por esos hechos, marca y reconoce el alcance del derecho de todas las personas a un debido proceso, afirmó José Antonio Caballero.En conferencia de prensa, el director de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) señaló que en la defensa de este caso se planteó precisamente una discusión sobre los alcances del debido proceso.Lo que la defensa encontró en este caso fue un proceso plagado de irregularidades, en el que, en el mejor de los casos, podría ser una acumulación de trámites, pero en ninguna medida un juicio, reconoció el directivo.Explicó que en el caso Acteal había personas que no hablaban español y otras en precarias condiciones económicas y prácticamente abandonadas "que, en buena medida, no tenían idea clara de por qué se encontraban en esa situación".Confió en que ese litigio genere precedentes importantes en la construcción del proceso penal en México y que la sentencia de la SCJN se acompañe de una serie de criterios jurisprudenciales que contribuyan a ello.Agregó que en la actualidad, tanto las víctimas de aquellos acontecimientos como los injustamente imputados continúan esperando justicia, la cual ha llegado parcialmente y que necesita forzosamente complementarse con una investigación.Al respecto, Javier Cruz Angulo, director de la Clínica de Interés Público del CIDE y abogado de la defensa, señaló que la Procuraduría General de la República (PGR) debería efectuar una investigación para conocer quién y cómo fabricó las pruebas.Asimismo, el Consejo de la Judicatura Federal debería instaurar los procesos administrativos para determinar quienes fueron los jueces que validaron dichas pruebas, sobre los acontecimientos del 22 de diciembre de 1997 en Acteal, Chiapas.