(Guadalajara, Jalisco) El
diario El Informador de Guadalajara, el cual tiene fuertes nexos con El
Universal de Juan Francisco Ealy Ortiz, publicó una nota en la que
ataca a diversos activistas sociales que se han opuesto a los intereses políticos
del gobernador panista de Jalisco, Emilio González.
Claramente
en línea con la postura intolerante del PAN de Emilio González y
Francisco Ramírez Acuña, El Informador publicó una serie de perfiles
de activistas sociales de izquierda a quienes tachó de "profesionales
de la movilización".
Los perfiles, de acuerdo con fuentes
consultadas por SDPnoticias.com, fueron filtrados por el propio
gobierno de Emilio González con la intención de generar un linchamiento
público hacia los activistas.
Sin presentar ninguna evidencia
que sustentara su acusación, El Informador afirmó que los activistas
"promueven bajo la fachada de auténticos intereses ciudadanos, sus
propios objetivos personales y de grupo, con matices políticos y
económicos." Sin embargo, entre los activistas que se encuentran en la
"lista negra" publicada por el diario aparecen profesionistas y
académicos que viven de sus respectivos empleos.
Peor:
para El Informador la represión a golpes en la "Macromarcha" del pasdo
29 de agosto no es causa de alarma, sino el hecho de que uno de los
golpeados y encarcelados es Saúl Cotero Bernal, es hermano de un socio
de un dirigente de camioneros.
Alega además que por el simple
hecho de que diversos activistas siempre participan en
manifestaciones--y por lo cual precisamente son
activistas--supuestamente benefician intereses parciales. Entre los
nombres de manifestantes que El Informador identifica se encuentran
Jaime Hernández Ortiz, Moisés Guerrero Rincón y Gilberto Parra
Rodríguez. Según El Informador, el pecado de estos activistas es
"abiertamente sostienen ideologías y relación con organizaciones
políticas, y consienten en apoyar movimientos que se asegura, son
abiertamente ciudadanos."
Para El Informador "las constantes
acciones de resistencia civil, que en su mayoría acaban redituando a
favor de estos grupos, afectan inexorablemente a los miles de
ciudadanos que quedan atrapados en los bloqueos y plantones." Es decir,
para El Informador un poco de tráfico amerita el señalamiento del
activismo social es reprobable.
Según el diario tapatío, el
intentar generar una especie de linchamiento público contra los
activistas se justifica ya que, alega, las manifestaciones afectan a
terceros que se encuentran con calles cerradas, bloqueos viales,
pérdida de tiempo y contamiación.
El Informador alega haber
consultado a "especialistas" para segurar que los activistas son "un
grupo de personas interesadas en fines particulares, ajenos a los
principios que dicen defender." Sin embargo, fuentes consultadas por
SDPnoticias.com, como ya se dijo, dieron a conocer que se trata de
filtraciones del propio gobierno panista, el cual ha tenido que
retroceder en diversos actos reprobables, como el donativo a un
santuario cristero, debido a las protestas sociales.
Increiblemente, El Informador se contradice a si mismo al admitir que
"no hay límite para tomar parte en ningún movimiento civil de protesta.
Ni tampoco existe en la ley una restricción para tomar parte en
cualquier cantidad de plantones o marchas", lo cual invalida la tesis
de que se trata de "profesionales de la movilización." El alegato de El
Informador, como resultado, se basa en que, según ese diario, "hay
constancia de las relaciones que han sostenido estas personas, ya
sea con instituciones que tienen un fin de lucro o con instituciones
públicas como partidos políticos u otras legalmente establecidas."
Es
decir, para El Informador el que un activista tenga algún tipo de
relación con un partido político automaticamente lo descalifica para
ejercer el derecho constitucional a la libre manifestación de ideas.
El
diario lista a varios activistas sociales con expedientes muy
completos, dignos de cualquier gobierno represor, sobre diferentes
activistas. Pero irónicamente, se trata en la mayoría de los casos de
gente que tiene otros empleos y por ende no necesitan del activismo
como un modo de vida.
La lista incluye a:
Jaime Hernández
Ortiz, abogado, editorialista de La Jornada Jalisco, colaborador de
www.sdpnoticias.com, profesor universitario del Departamento de
Ciencias Jurídicas de la UdeG y exdirector del Politécnico de la UdeG.
El Informador lo acusa de ser "miembro de las Redes Ciudadanas de AMLO"
y de haber participado en las protestas contra las presas Arcediano y
Zapotillo, contra el apoyo económico a Televisa y TV Azteca de parte
del gobierno del Estado y contra el donativo que la administración
estatal hizo al Santuario de los Mártires.
Moisés Guerrero
Rincón, maestro, al que El Informador culpa por haber sido el
"principal movilizador en contra de las reformas al ISSSTE, contra la
renovación de placas... contra el donativo al Santuario de los
Mártires".
Gilberto Parra Rodríguez, ex-diputado federal;
fundador del PRD en Jalisco, que ha marchado, entre otras causas, "en
contra al donativo al Santuario de los Mártires" y a favor de los
ex-braceros, y al que El Informador señala por ser "activista en contra
del Grupo Universidad de Guadalajara" y por ser promotor de "la
iniciativa de lye a favor de apoyar económicamente a los adultos
mayores."
José Luís Sánchez González, quien ha protestado
también contra el incremento de placas; contra el donativo al Santuario
de los Mártires, contra el donativo a Televisa, contra el torneo de
golf de Lorena Ochoa pagado por el gobierno estatal y al que El
Informador incrimina por haber estado a "favor del voto por voto en
apoyo a AMLO, durante las giras de Felipe Calderón".
El común
denominador que El Informador le pone a practicamente todos los
activistas de izquierda es el apoyar a Andrés Manuel López Obrador.
Finalmente, El Informador pretende validar la acusasión de que las
manifestaciones no son ciudadanas citando a académicos que alegan que
muchas marchas no lo son. Sin embgargo, en ningún momento los
académicos señalan alguna de las manifestaciones en las que
participaron los activistas señalados por el diario como "no
ciudadanas."
Esto apunta hacia un intento del diario por justificar, como dijimos,
un linchamiento público cuyo único benefiario sería el PAN y en
particular el principal afectado por las manifestaciones ciudadanas: el
gobernador panista Emilio González.