El verdadero motivo detrás de la ley SB1087, que criminaliza a los migrantes ilegales en Arizona, nunca tuvo nada que ver con el racismo, sino con un plan de los Republicanos para inhibir el voto entre los hispanos en el estado, denunció el periodista Greg Palast.

En un video difundido en truthout.org, Palast divulga que el plan de los Republicanos no tiene como objetivo principal deportar a ilegales, sino usar a la policía para amedrentar a los ciudadanos americanos hispanos en Arizona, y otros estados, para que no se registren para votar y para que no voten, ya que la mayoría de los hispanos en el oeste de Estados Unidos tienden a votar por los contrincantes de los Republicanos y los Demócratas.

Y es que la ley SB1087 lo que dice es que a la gente que no tenga con ellos documentación que demuestre su ciudadanía, o su estatus migratorio, se le arrestará. Esto aplica no sólo a los migrantes, sino también a los ciudadanos de Estados Unidos.

El problema es que la mayoría de los ciudadanos americanos no llevan con ellos documentos que demuestren su ciudadanía, ya que la mayoría de los trámites que se hacen en Estados Unidos no los requieren.

De hecho, hay ciudadanos americanos que nisiquiera tienen actas de nacimiento ya que cuando nacieron no existían las actas de nacimiento en sus estados natales.

Palast muestra, por ejemplo, que a una mujer de 100 años nacida en Arizona le negaron poder registrarse para votar ya que no tenía acta de nacimiento. Pero cuando ella nació, en 1910, Arizona no tenía actas de nacimiento.

El plan de los Republicanos, dice Palast, inició desde 2008. En ese entones la secretaria de Estado de Arizona bloqueó el registro de 100 mil personas en el padrón electoral alegando que eran migrantes ilegales. Sin embargo, nunca hubo un arresto de un sólo supuesto "votante ilegal" a pesar de que el registro electoral en Estados Unidos pide datos que facilitan el rastreo de quien se registra.

La idea, señala el periodista, era impedirle a la mayor cantidad posible de electores demócratas que pudieran votar. Esto, cabe señalar, ya se había intentado en Florida cuando se bloqueó a votantes negros supuestamente por ser ex-criminales, aunque no era el caso.

Quien realizó el bloqueo de votantes hispanos en Arizona en 2008 fue quien ahora es gobernadora de Arizona: Jan Brewer, quien no llegó al poder por medio del voto, sino porque Barack Obama se llevó a la gobernadora Janet Napolitano a su gabinete, provocando de esta menera que Brewer llegara al poder por medio de escalafón.

Cuando Palast pidió al gobierno de Brewer que le dieran el nombre algún "votante ilegal", la gente de Brewer no pudo producir uno sólo.

Lo mismo pasó cuando Palast le preguntó al autor de la ley SB1070, Russell Pearce, que le diera el nombre de algún "votante ilegal". Pearce no pudo producir uno sólo a pesar de que dice que hay 5 millones de migrantes ilegales en Arizona.

La estrategia no es nueva, no obstante, muestra Palast. Lo hizo un abogado de Arizona llamado William Renquist hace décadas, amenazando a hispanos y a indios Návajo con arrestarlos si no mostraban sus papeles de ciudadanía cuando iban a votar. Ese abogado después fue nombrado jefe de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos por Richard Nixon.

Y es que los Republicanos saben que la mayor parte de los ciudadanos americanos que tienen documentos de ciudadanía o pasaporte tienden a ser blancos, con una posición económica acomodada, y Republicanos. Mientras que la gente en Estados Unidos que no tiene pasaporte, o papeles de ciudadanía, aunque hayan nacido en Estados Unidos, tienden a ser pobres y a votar por los demócratas.

De hecho, George W Bush intentó hacer una campaña mediática mostrando a supuestos "votantes ilegales", pero los abogados del gobierno federal no pudieron encontrar un sólo caso. Como consecuencia, Bush ordenó que se hicieran órdenes de presentación falsas para poder hacer la campaña. Cuando uno de los abogados del gobierno se negó a hacerlo, lo despidieron.

Palast denuncia que la ley Arizona será usada en las campañas de registro de voto y en las filas para votar cuando haya elecciones. Y es que, como se dijo, la ley no arresta a alguien por ser extranjero, sino por no llevar papeles aunque sea ciudadano americano.