La Casa

Blanca decidió retener 26 millones de dólares en ayuda a México y

recomendó que el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa otorgue más poder

a su comisión de derechos humanos y sancione a los militares que

incurran en abusos.

En un reporte emitido este viernes, el Departamento de Estado señaló

que el Gobierno mexicano ha cumplido con suficientes requisitos en el

respeto a los derechos humanos para que Estados Unidos libere 36

millones de dólares en fondos previamente retenidos, que fueron parte

de la Iniciativa Mérida de mil 400 millones.

Sin embargo, Washington va a retener parte de los nuevos fondos

autorizados hasta que el Gobierno cumpla algunos requisitos, como

mejorar la capacidad de acción de la Comisión Nacional de Derechos

Humanos, limitar la autoridad de las cortes militares en casos que

involucren abusos contra civiles y mejorar la comunicación con las

organizaciones defensoras de las garantías individuales en el País.

"Creemos que ha habido progresos, progresos muy significativos, en los

derechos humanos en México, pero como una decisión de nuestras

políticas -no una decisión legal- vamos a esperar para la entrega de

una parte de la nueva financiación, porque pensamos que pueden lograrse

progresos adicionales", dijo Roberta Jacobson, subsecretaria del

Departamento de Estado para México y Canadá.

La Cancillería mexicana dijo que la Iniciativa Mérida tiene rezagos y espera que Estados Unidos los elimine.

"La cooperación con Estados Unidos contra la delincuencia organizada

transnacional en el marco de la Iniciativa Mérida está basada en la

responsabilidad compartida, confianza mutua y respeto a la jurisdicción

de cada país y no en esquemas de evaluación unilateral y

condicionamientos inaceptables para el Gobierno de México", se quejó en

una comunicación escrita.

Los fondos son parte de un compromiso de parte de la Administración del

Presidente Barack Obama, que data de 2008, para ayudar a México a

combatir a los cárteles de la droga.

Según las normas, el Congreso debe retener 15 por ciento de los fondos

hasta que México cumpla con requisitos específicos de derechos humanos,

incluida la prohibición de la tortura y procesar a los policías y

soldados que atenten contra las garantías individuales.

México ha sido criticado de forma reiterada por los abusos presuntamente cometidos por militares.

Este año, funcionarios de los derechos humanos acusaron a los soldados

de dispararle a dos menores de edad y alterar la escena del crimen a

fin de responsabilizar de las muertes a pistoleros de los cárteles de

las drogas.

Los escándalos renovaron las demandas de los activistas de derechos

humanos para que las autoridades civiles, no el Ejército, investiguen

los casos de violaciones a las garantías individuales en los que se

vean involucrados los militares mexicanos.

Dado que las asignaciones de la Iniciativa Mérida tienen un retraso de

más de un año, la decisión de hoy tendrá un impacto financiero mínimo,

pero Andrew Selee, director del Mexico Institute, un organismo de

investigación con sede en Washington, dijo que hay razones para

lamentar.

Consideró preocupante que el Departamento de Estado hable de la falta

de avances para el procesamiento justo de aquellos funcionarios

públicos acusados de cometer abusos de los derechos humanos.

"Esto ha suscitado una preocupación especial en el Congreso de Estados

Unidos, donde sigue habiendo un apoyo considerable a los esfuerzos de

México contra la delincuencia organizada, pero también algunas

preocupaciones por la falta de avances para garantizar investigaciones

transparentes de las presuntas violaciones de los derechos humanos",

dijo Selee.