GUATEMALA (AP)
--- Tres militares enfrentarán un juicio como acusados de uno de los más
sangrientos episodios del conflicto armado interno, en el que un
comando militar aniquiló hace 28 años de hasta 178 civiles
guatemaltecos, muchos de ellos niños.
La jueza Carol Patricia
Flores estimó el miércoles que "existen suficientes elementos de
pruebas para que ellos enfrenten juicio" ante las acusaciones de la
fiscalía que responsabiliza a los procesados de la denominada masacre
de Las Dos Erres.
La fecha del juicio será determinada por el
Tribunal de Alto Impacto, que realizará el debate oral contra los
procesados cuando lo pueda incorporar en su calendario de actividades.
El órgano colegiado realizará el lunes una audiencia para recibir las
pruebas de la parte acusadora y la defensa.
Según la Fiscalía,
los acusados eran parte del grupo de por lo menos 17 "kaibiles",
militares especializados en lucha antiguerrillera, que cercaron la
comunidad de Las Dos Erres en el municipio de La Libertad, en el
departamento de Petén a 440 kilómetros al norte de la capital
guatemalteca, entre el 6 y 8 de diciembre de 1982. Allí mataron a todos
los habitantes presentes en la comunidad.
Los imputados Manuel
Pop Sun, Reyes Collin Cualip y Carlos Antonio Carías López se han
declarado inocentes de la acusación y ninguno ostentaba un rango de
mando en las filas castrenses.
Otros cuatro sospechosos se
encuentran detenidos en Estados Unidos, debido a que mintieron en su
solicitud de ciudadanía estadounidense al haber negado su participación
en la masacre. Uno de ellos narró cómo asesinaron a los bebés.
Guatemala solicitó la extradición de todos los detenidos.
La
matanza es uno de los casos descritos en el informe de una Comisión de
Esclarecimiento Histórico (CEH) instaurada por las Naciones Unidas
después que el gobierno y las guerrillas firmaron en 1996 un tratado de
paz que puso fin a 36 años de conflicto armado interno.
El
informe "Guatemala: Memoria del Silencio" relata, con base a la
descripción de sobrevivientes o de testigos anónimos, que "todos los
menores fueron ejecutados con golpes de almádana en la cabeza, mientras
a los más pequeños los estrellaban contra los muros o los árboles,
sujetándoles de los pies; luego eran arrojados al pozo".
Después
de liquidar a todos los niños, la patrulla militar ejecutó uno por uno
a los adultos, también asestándoles golpes con la almádana en la cabeza
y lanzándolos al pozo. "A las mujeres embarazadas les provocaron
abortos como consecuencia de los golpes recibidos", detalla el informe.
Al
terminar el exterminio, los militares incendiaron las casas, maquinaria
agrícola y prácticamente desaparecieron físicamente a la comunidad,
según la CEH.
La exhumación de los restos de las víctimas de la
matanza reveló que fueron asesinados por lo menos 67 niños menores de
12 años y otras 24 víctimas fueron mujeres. La comisión de la ONU pudo
individualizar a un total de 178 víctimas y los antropólogos forenses
que desenterraron la fosa común dijeron que habían restos de por lo
menos 162 individuos, aunque aclararon que "pudo haber habido un número
mayor de muertos".
También se registró la violación de varias
niñas, según la CEH, que atribuyó a los militares más del 80% de las
violaciones a los derechos humanos cometidas durante la guerra interna.
A
lo largo de los 36 años de conflicto se cometieron numerosas masacres,
principalmente de comunidades indígenas, y se registran por lo menos
200.000 muertos y desaparecidos.