Fue Calderón quien aumentó los problemas económicos de LyFC, revelan datos de CFE

¿QUÉ HAY DETRÁS DE LA EMBESTIDA CONTRA EL SME Y LA EXTINCIÓN DE LFC? Samuel Ortiz y Carmen M. Calderón A tres años de la administración calderonista, el país se encuentra sumergido en la peor crisis económica de toda la fase neoliberal (de 1982 hasta la fecha), de dimensiones solo equiparables con las de la Gran Depresión de 1929-1933. En efecto, las proyecciones del Banco de México apuntan a que en 2009 el PIB se contraerá un 7.3%. La contracción, sería la segunda más profunda en los últimos 79 años, solo superada por la de 1932, cuando la economía decreció en un 14%. Lo anterior se traduce en menores ritmos de inversión, aumento del desempleo, pobreza, desigualdad; en síntesis, mayor deterioro en la calidad de vida de la población. Frente a ello, el gobierno despliega una serie de políticas ortodoxas (v. gr. aumento de impuestos, contracción del gasto público, etc), las cuales lejos de reactivar la economía terminarán por cancelar la recuperación. Entretanto, se profundizan algunas de los llamados programas de ajuste estructural como: 1) la desregulación económica estatal y de los procesos de privatización que la acompañan, junto con; 2) el control y reducción del nivel salarial. Sobre el primer punto, la reducción del peso del Estado a favor del mercado, más que buscar favorecer la libre competencia, busca que la planificación corporativa privada sea la que juegue el rol principal en la asignación de los recursos. En lo referente al punto 2), podemos decir que el esquema neoliberal funciona con bajos ritmos de acumulación y de crecimiento, en consecuencia, resultan los bajos niveles de ocupación, lo cual tira hacia abajo los salarios. Adicionalmente se usa la coacción física sobre la organización de los trabajadores, con el objetivo de reducir su nivel de regateo. La pasividad del Estado en materia económica se transforma en activismo cuando se trata de reprimir la organización laboral. Para muestra la situación por la que atraviesa Luz y Fuerza del Centro (LFC): ante los embates de la crisis actual, en lugar de que el ejecutivo federal tome medidas dirigidas a defender los niveles de ingreso y ocupación (como si lo está haciendo el presidente Obama en Estados Unidos y la mayoría de los gobiernos de América latina), opta por la extinción de dicho organismo. Sumando así, a la ya abultada masa de desempleados, a poco más de 43 mil, ahora ex trabajadores electricistas, y dejando en la incertidumbre a cerca de 10 mil jubilados, además del despilfarro de 20 mil millones de pesos, por concepto de liquidaciones. ¿Acaso se le ha olvidado al “presidente” el boquete fiscal, pretexto bajo el cual se pretende cobrar más impuestos a la ciudadanía, por cierto, una medida altamente regresiva y pro-cíclica? El conflicto entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), LFC y el gobierno federal se enmarca en la estrategia neoliberal -que ha regido la vida económica, política y social del país desde la década de los ochenta- con la que el gobierno panista comulga. Lo que comenzó con la negación de la toma de nota al secretario general Martín Esparza, se convirtió en el pretexto para decretar el día domingo 11 de octubre la desaparición del organismo descentralizado LFC, actos en sí mismos ilegales e inconstitucionales. Teniendo como telón de fondo un bombardeo mediático, en el que se acusa a los sindicalizados de corruptos y despilfarradores para crear ante la opinión pública una imagen distorsionada del gremio, responsabilizándolos del mal manejo financiero de la empresa. Como si el acceso a ciertos beneficios fruto del trabajo y conquistas sindicales fuera exclusivo de la elite política y empresarial. El periodismo oficialista, omite que el mal manejo de la compañía no es responsabilidad de los trabajadores electricistas, ni del sindicato, sino de otros actores: la dirección de la empresa la cual es impuesta por el gobierno; la erosión de la inversión productiva; las diversas exenciones de pago de que disfrutan las dependencias gubernamentales y algunas grandes empresas privadas. De acuerdo a cifras del SME, del total de la producción de energía eléctrica de Luz y Fuerza del Centro, poco más del 70 por ciento del consumo de electricidad corresponde a 46 mil grandes industriales, las cuales pagan en promedio 46 centavos el kilovatio-hora, pago que anualmente es deducible de impuestos. Además, muchas de ellas, simplemente no pagan la luz. Hay que añadir que LFC suministra el servicio a todo el sector gubernamental: el senado, el congreso, las diversas secretarías y los pinos. Muchos de los cuales, como la presidencia, no pagan el servicio. Entretanto, los usuarios domésticos pagan a $1.50 pesos el kilovatio-hora. ¿Qué hay detrás de ésta embestida contra el SME y la desaparición de LFC? La respuesta: privatizar la compañía para que el consorcio español WL Comunicaciones S.A. de C.V., mediante títulos de concesión, haga uso de la infraestructura de fibra óptica propiedad de LFC. Cabe destacar que en el corporativo español figuran como socios mayoritarios dos ex secretarios de energía del sexenio foxista: Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens. En entrevista a Proceso, el dirigente del SME Martin Esparza ha señalado que la consigna es muy clara: “acabar con Luz y Fuerza del Centro para privatizarla y apropiarse de una red de más de mil kilómetros de fibra óptica, infraestructura que se utilizaría para realizar negocios multimillonarios con los colosos de las telecomunicaciones” (Proceso, 11/10/09). Siguiendo cronológicamente el orden de los sucesos, tenemos: 1) En 1999 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le otorga la concesión de dicha estructura a la empresa de origen español WL Comunicaciones S.A. de C.V. 2) El 30 de junio de 2009, el director de LFC y el secretario general del SME, solicitaron a la SCT un título de concesión para operar la red de fibra óptica y ofrecer el servicio Power Line Cominications (PLC), que posibilita la transmisión de voz y datos a través de cualquier línea eléctrica doméstica. La tecnología PLC puede operar con la infraestructura de fibra óptica propiedad de LFC, que facilitaría el acceso al servicio simultáneo de teléfono, internet de alta velocidad y televisión por cable a menores precios que los que ofrecen compañías privadas. Con lo cual LFC se convertiría en una competencia real para grandes consorcios como Telmex y Cablevisión. 3) Finamente ello desembocó en la molestia de los ex secretarios de Energía, quienes exigen al gobierno que cumpla con el convenio validado por la SCT. El objetivo es claro: la privatización de la compañía LFC en beneficio del capital privado extranjero español. Además las implicaciones políticas son diversas: se lleva a cabo el desmantelamiento de uno de los sindicatos mejor organizados y con una postura disidente como lo ha sido el SME. No solo eso, el mensaje enviado está dirigido a la sociedad en general: brazos abiertos y tolerancia para las prácticas electoreras, corruptas y antidemocráticas de los sindicatos proclives al gobierno panista. Y para quienes no comulgan con sus ideas, represión. La consigna se extiende a cualquier movimiento social que demande los derechos más elementales del pueblo de México. No seamos solo espectadores de las decisiones que toman las elites empresariales y políticas; decidámonos a participar en todas las acciones que sirvan como presión social en contra de un gobierno que nos saquea, golpea y reprime. ¡Sumémonos a todas las acciones convocadas por el Sindicato Mexicano de Electricistas!