Ciudad de México. Redacción, SDPnoticias.com.- Altos mandos de Ejército mexicano están solicitando una ley que les permita deslindarse de responsabilidades en "daños colaterales" y según ellos poder así desempeñar mejor sus labores del establecimiento de la paz y el combate al crimen organizado.

El editorialista del periódico El Norte, "El Abogado del Pueblo", que como es sabido es el seudónimo de la familia Junco de la Vega, dueños de este diario y del rotativo capitalino Reforma, en su edición de hoy tocan el tema.

Según escriben que ellos no hacen juicio alguno sobre el tema, únicamente ponen a consideración del lector algunos lo que se podrían dar en caso de ser propuesta y posteriormente aprobada dicha ley.

"Aparentemente es un mecanismo que se estudia para otorgarle a los soldados y mandos militares, quienes libran en nuestro territorio una cruenta batalla contra la delincuencia organizada, cierta protección jurídica que les permita contrarrestar una TÁCTICA que han detectado: que los delincuentes están empleando cada vez más a civiles como escudos (al estilo talibán) y que en forma deliberada generan confrontaciones para entrampar al Ejército o la Marina y hacerlos caer en el error de confundir a civiles con delincuentes", destaca el texto.

De cualquier manera, explica, el estudio de la posible ley está comenzando a generar polémica pues por un lado los soldados se encuentran en un dilema para cumplir las ordenes de Felipe Calderón su jefe supremo, y a aparte de combatir al crimen organizado tiene que estar bajo el escrutinio de la sociedad civil así como asumir responsabilidades en caso de que resulten terceros afectados.

Pero por otro lado, abunda, es bien sabido de los constantes abusos a los derechos humanos de los propios delincuentes y peor aún de la sociedad civil.

La editorial destaca que a pesar de que la Ley de Impunidad no ha sido divulgada abiertamente, se sabe que en el Palacio Legislativo ya hay información y debates sobre el tema, además de que se filtró que un grupo de abogados analiza la viabilidad.

Será pues un asunto difícil de resolver en cual la población es la directamente afectada o benefiada pero en la cual desgraciadamente sólo las autoridades tendrán la última palabra, puntualiza.