En el tercer día de discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el caso ABC, a través del informe que entregó el ministro Arturo Zaldívar se comprobó la existencia de un desorden generalizado en las guarderías subrogadas del Instituto Nacional del Seguro Social.
Esto fue derivado de las auditorias jurídicas e inspecciones oculares realizadas por la Comisión Investigadora, en la que el ministro Zaldivar tomó en cuenta los datos recopilados por los magistrados que investigaron el caso, María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon, en donde señala que de las 1480 guarderías que funcionan bajo el sistema vecinal comunitario.
Datos que incumplen con una serie de anomalías tales como: sólo 14 contratos fueron suscritos previo al total cumplimiento de los requisitos de ley, 11 fueron regularizados después de la suscripción, en 1,455 falta al menos un requisito y en cuanto a la operación, se advierte que sólo el 0.3% se ajusta a todos los requisitos para su funcionamiento.
Además la Comisión también detectó que en lo que se refiere a la supervisión que ejerce el IMSS, el Instituto omitió vigilar que los prestadores del servicio de guarderías cumplan los estándares mínimos establecidos en la normatividad vigente, en materia de protección civil.
El proyecto considera que existe un vínculo entre el desorden generalizado y los hechos ocurridos en la guardería ABC, pues las irregularidades encontradas en el otorgamiento del contrato de ésta, así como su operación y supervisión, son análogas a las que quedaron evidenciadas en la mayoría de las guarderías que operan bajo este esquema.
Por otra parte sólo el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano se ha opuesto al planteamiento de su compañero por considerar que las pruebas que se recabaron para llegar a esta conclusión no son confiables.