*PROYECTO ALTERNATIVO DE NACIÓN

(SÍNTESIS)

Todos a participar en la Consulta Nacional

Es tiempo de reconstruir a México. La actual crisis moral,

económica, ambiental, política y social marca el fin de una época. Esta

degradación ha causado grave daño a las conquistas históricas de los

mexicanos y pone en riesgo nuestra viabilidad como nación.

La rapacidad de la mafia del poder no tiene límites: Concentra la

riqueza en unas cuantas manos, a cambio de condenar a millones de

mexicanos a una vida de pobreza y exclusión inaceptables, cancelando el

futuro de jóvenes y niños. Esa oligarquía se considera dueña de México y

nos han convertido en uno de los países más desiguales del mundo. Con

ambición desmedida, ha secuestrado las instituciones, atropellado las

garantías constitucionales, entregado los bienes nacionales a

extranjeros y devastado el medio ambiente.

La única manera de terminar con estas injusticias es una

transformación profunda del país. Por eso convocamos al pueblo mexicano a

defender sus derechos, a llevar a cabo una revolución de las

conciencias, de alcances históricos, para reconstruir la nación desde

sus cimientos, para hacer realidad la libertad, la fraternidad, la

justicia y la democracia.

El renacimiento de México necesita de la participación de todos los

ciudadanos libres que trabajen en la construcción del bien común.

Queremos un país que dé seguridad y bienestar a sus habitantes, que

respete las libertades y la diversidad; una nación de personas dignas,

solidarias y dichosas: mujeres, hombres, jóvenes, indígenas, campesinos,

obreros, profesionistas, empresarios, estudiantes, niños, ancianos.

Este país ya está cambiando. La energía social está en marcha. Somos

millones quienes estamos comprometidos con la transformación. Nuestra

guía es la historia de las gestas populares, el ejemplo de Hidalgo al

fundar la nación independiente; el de Morelos quien hizo valer la

soberanía popular; el de Juárez al defender la República y el Estado

laico; el de Madero que convocó a una revolución por el sufragio

efectivo. Retomamos la bandera de Zapata por tierra y libertad,

recuperamos el espíritu justiciero de Villa y el compromiso de los

Flores Magón por acabar con la injusticia y la explotación. Nos inspira

el general Lázaro Cárdenas quien defendió la soberanía y la

independencia económica del país.

Estamos convocando al pueblo de México a unir voluntades y esfuerzos

colectivos en un proceso constituyente: para crear la organización

ciudadana que defienda los derechos de todos y las nuevas instituciones

públicas que hagan de México una nación democrática, incluyente y

soberana.

Es la hora de actuar, de organizarse desde abajo y desde la

izquierda, de luchar pacíficamente. Aspiramos a sumar a esa mayoría que

quiere un cambio porque defendemos una razón fundada en el amor a la

igualdad y en el aprecio a la diversidad.

El proyecto de Nación que ponemos a consulta es un punto de partida

para el debate nacional sobre el México que soñamos y queremos

construir. Este documento fue elaborado por un grupo amplio y plural de

intelectuales y especialistas comprometidos con el cambio democrático.

Lo ponemos a discusión para que sea enriquecido con las experiencias,

propuestas, ideas y demandas de todos los sectores. El México que

queremos debe ser construido entre todos. Hasta diciembre de 2010 se

recogerán las aportaciones individuales, colectivas y de los foros de

discusión que se realicen; en marzo de 2011 será presentado el resultado

de la consulta nacional.

El Proyecto Alternativo de Nación definitivo será obra de la participación, amplia y plural, del pueblo mexicano.

10 puntos para el renacimiento de México

1. Promover la revolución de las conciencias y un pensamiento crítico

Frente a la degradación de la sociedad, el desmantelamiento de las

instituciones públicas, la destrucción de la naturaleza, la desigualdad,

la corrupción, la deshumanización, la concentración del poder y de la

riqueza, es imprescindible e impostergable un profundo cambio político,

económico, social, cultural y, sobre todo, moral, ético.

Alcanzar el crecimiento económico, la democracia, el desarrollo y el

bienestar, sólo será posible con una revolución de las conciencias

sustentada en la cultura del pueblo mexicano, en su vocación de trabajo y

en su generosidad; con valores sociales como la solidaridad, el

respeto a la diversidad, el sentido de comunidad, el amor al prójimo y a

la naturaleza y la protección del medio ambiente, que impidan el

predominio del dinero, del engaño, de la corrupción y del afán de lucro,

sobre la dignidad, la moral y el bien común.

Superar la crisis moral

La actual crisis de valores tiene su origen en los principios

neoliberales de la oligarquía que justifican el individualismo, la

desigualdad social, el abuso de poder y la antidemocracia. Esa minoría

que domina la economía y el poder, impone sus concepciones y sus

intereses, por encima del interés público, de las necesidades y del

bienestar de la mayoría de la sociedad.

Una nueva forma de vida

Impulsaremos una forma de vida donde cada mujer y cada hombre ---sin

importar condición social, étnica, creencias o preferencias sexuales---

valga por su trabajo, sus acciones solidarias, su fraternidad, su

lealtad a las normas de convivencia y sus aportes al bienestar de la

sociedad; una sociedad en la que prevalezcan la dignidad, el honor, la

ética y la búsqueda de la felicidad.

Un país donde la virtud sea el hábito de hacer el bien, en el que la

mayor satisfacción de cada uno sea el bienestar de todos, y donde se

recupere el espíritu de servicio a la comunidad.

Recobrar el sentido de comunidad

Esa es la piedra angular de este proyecto. Hay que colocar a la

comunidad y a la vida comunitaria en el centro de la nueva sociedad.

Recuperar los valores de las comunidades rurales y urbanas que aún

existen y resisten por todos los rincones del país, y que aún forman

parte de la idiosincrasia nacional. Superar el individualismo y el

egoísmo, mediante el ejercicio crítico frente al poder, la violencia de

la desigualdad, la ignorancia y el oscurantismo.

Establecer una ética política

La vida pública ha sido corrompida por la subordinación de los

políticos a los intereses del mercado y de los potentados. La

corrupción, la demagogia, el corporativismo, el clientelismo, el

paternalismo y el autoritarismo, son prácticas perversas de la política.

La ética política demanda la participación del pueblo en los asuntos

públicos y el cumplimiento de la obligación de actuar en función de los

intereses de los ciudadanos por parte de los servidores públicos. La

sociedad debe adoptar una actitud conjunta contra la injusticia, el

racismo, el sexismo, la opresión, la desigualdad y la corrupción que

forman parte del sistema de dominación. Y entender la justicia como un

bien común, como equidad de trato hacia todos y deberes colectivos para

eliminar cualquier tipo de opresión.

Crear instituciones de participación

La democracia efectiva es el poder del pueblo. El espíritu

republicano nace de la convicción de que el interés público corresponde

al interés general. La comunidad democrática proviene de la intervención

de la ciudadanía en la vida pública. La recuperación ciudadana de las

instituciones requiere la ampliación de la democracia representativa,

comunitaria y participativa: con elecciones limpias, rendición de

cuentas de partidos, gobernantes y representantes populares; creando

figuras electorales ciudadanas y de participación social en la decisión y

ejecución de planes y programas de gobierno; con el reconocimiento y

respeto de la democracia comunitaria que se practica en pueblos y

comunidades indígenas; y con la instauración de mecanismos de

participación ciudadana.

Promover una cultura democrática

Una conciencia de la responsabilidad entre ciudadanas y ciudadanos,

implica aceptar la pluralidad, entender que todos tenemos los mismos

derechos y reconocer la desigualdad de oportunidades que actualmente

impera y, por tanto, la necesidad de la equidad. Hacerse cargo de las

tareas públicas, proponer, vigilar y participar en las decisiones de

gobierno. La cultura democrática se construye en el ejercicio de los

derechos, en la convicción de que el Estado somos todos. Esta cultura

democrática también implica el diálogo y la acción de los ciudadanos

hacia un fin común, la solidaridad de todos, el respeto y la ayuda mutua

de los diferentes, así como la existencia de un Estado plural y justo.

Impulsar una visión integral de los derechos humanos

Los derechos y las garantías individuales deben ser firmemente

asegurados, junto con los derechos colectivos económicos, sociales y

culturales. En esto consiste el enorme poder moral de los derechos

humanos, hoy negados en la práctica en México.

Las libertades civiles y políticas sólo pueden ejercerse a plenitud

si se cumplen el derecho al bienestar, a la educación, a la seguridad

social, a la propia identidad y a las condiciones de vida que hacen la

felicidad de los hombres en sociedad. Es un imperativo ético incorporar

plenamente los derechos humanos a la Constitución y hacerlos cumplir.

Para ser completamente libre, una persona requiere satisfacer sus

necesidades más elementales de sobrevivencia (alimentación, vestido,

salud, habitación, seguridad de vida) y de convivencia.

Diversidad biológica y cultural

México es uno de los tres países con mayor diversidad cultural y

biológica del mundo. El corazón de esta doble riqueza, herencia

milenaria, está en los pueblos indígenas y en las comunidades agrarias,

en sus relaciones con la naturaleza y en la vida comunitaria. El

colonialismo cultural ha negado la diversidad, imponiendo una visión

nacional única y excluyente, de la misma forma que los modelos

agroindustriales acaban con la enorme variedad de recursos de la

naturaleza. Un México pluricultural y biodiverso implica crear nuevas

condiciones democráticas, de igualdad y equidad para los pueblos

originarios, no sólo culturales sino también económicas, políticas y

sociales, así como formas de producir que conserven la riqueza

biológica. La autonomía indígena es una forma concreta de ejercer el

derecho a la autodeterminación en el marco de la unidad nacional,

potestad reconocida por las leyes internacionales.

Por una modernidad alternativa

Nuestro proyecto está inscrito en el contexto planetario. Hoy se

vive una crisis de la civilización industrial, del capitalismo tardío,

materialista y tecnocrático. El destino de la nación no está aislado de

lo que ocurre en el mundo. El reto político del país es también un

dilema civilizatorio: o seguir alimentando una modernización que

explota, margina y enajena a la ciudadanía, que vuelve al mundo un lugar

de mayor degradación, que es una amenaza ecológica, que concentra los

capitales y pone a la política al servicio de las élites; o, por el

contrario, una modernidad alternativa basada en el equilibrio ecológico,

el uso democrático y racional del agua, la energía, la biodiversidad,

la tecnología y los conocimientos científicos, el control social del

mercado y de los poderes políticos, la democracia participativa y la

recuperación de la cultura en tanto riqueza diversa y factor dinámico de

nuestra historia. Esto supone reconocer la necesidad de descolonizar el

pensamiento. Asumimos como referentes las visiones basadas en el "buen

vivir" y las valiosas innovaciones culturales, morales, políticas e

ideológicas nutridas en la vida de nuestros pueblos originarios y

afroamericanos. En consonancia, la transformación que proponemos

representa un cambio democrático del poder político y la reconstrucción

del poder social.

El nuevo espacio de lo público

Hay que detener la mercantilización de los espacios públicos y

convertirlos en centros de la vida democrática. Frente a la apropiación

privada de todas las esferas de la vida (la salud, la educación, la

ciencia, la cultura, el ocio...), promovemos la creación y ampliación

constante del espacio de lo público (lo que es bueno para todos y el

espacio común de todos), para que se constituya en lugares, ámbitos,

dimensiones, en donde confluir, habitar, dialogar y convivir los unos

con los otros. Un espacio de la diversidad y la pluralidad cultural.

2. El Estado debe estar al servicio del pueblo y de la nación

Actualmente, el Estado mexicano se encuentra bajo el control de una

minoría que utiliza el poder público para su propio beneficio. La

oligarquía tiene secuestradas a las instituciones. Por eso, como pueblo,

debemos recuperar democráticamente al Estado, a través de la

participación activa y del voto ciudadano, y reintegrar las riquezas y

los bienes públicos que han sido enajenados en forma anticonstitucional.

En especial, deben revisarse concesiones y contratos en los casos de la

minería, la industria eléctrica, el espacio radioeléctrico y el

petróleo. Es indeclinable e inalienable el dominio directo de la Nación

sobre el territorio, el subsuelo, los litorales, el espacio aéreo y los

recursos estratégicos, que deben ser administrados en beneficio de los

mexicanos.

La soberanía reside en el pueblo

Hay que restablecer el principio de la soberanía popular para que el

Estado esté al servicio de los ciudadanos y de la nación, y para que

las leyes garanticen los derechos del pueblo.

Establecer un Estado social y democrático

Es Estado debe asumir su responsabilidad con la sociedad, combatir

la desigualdad, tener un papel activo en la economía para impulsar el

desarrollo y el bienestar del pueblo, restablecer el Estado de derecho y

la participación ciudadana en las decisiones de gobierno.

Un gobierno democrático defiende el voto popular, garantiza

elecciones limpias, equitativas y sin dispendio de recursos; dialoga,

hace acuerdo y respeta todas las expresiones ideológicas y políticas;

asegura el ejercicio de la crítica, la expresión libre y el derecho a

disentir.

Los Poderes de la Unión deben estar sujetos al imperio de la ley y

de la Constitución, representando en todo momento los intereses

generales de la sociedad y no sólo a una minoría. Impulsaremos una

verdadera división de poderes que dé lugar a una mutua vigilancia que

limite todos los excesos en el ejercicio del poder, que cumpla con los

objetivos que se fijan en las leyes, la rendición de cuentas y sean

acordes con la voluntad popular. La administración pública federal

obedecerá a los principios de estricta legalidad y transparencia en sus

actos y la permanente rendición de cuentas.

El nuevo federalismo

La relación entre la federación y los estados y municipios debe

replantearse y dejar de lado el centralismo o el faccionalismo a la hora

del reparto del prepuesto público. La capital de la República debe

recuperar su condición de entidad fundadora de la Federación y tener

plena igualdad de derechos respecto a las demás. La refundación

democrática del Estado debe comenzar desde el municipio.

En nuestro país la justicia tiene precio y la impunidad constituye

el pilar fundamental del sistema político mexicano; los tribunales

legalizan los atropellos y los despojos cometidos por los poderosos y

castigan a los indefensos y a los que oponen a las ilegalidades. El

Poder Judicial de la Federación debe ser un auténtico garante y defensor

de la Constitución y sus leyes. Los jueces deben ser intérpretes de la

Constitución y actuar con independencia. Se propone elegir

democráticamente a los ministros de Corte para que representen los

intereses de los ciudadanos y no del poder. No hay democracia sin

justicia para todos.

Construir un Estado democrático de Derecho

En tanto que en México no hay Estado de Derecho, proponemos que el

ejercicio del poder sea democrático, transparente y rinda cuentas a la

sociedad; que existan vías efectivas para garantizar todos los derechos

humanos; que el principio de supremacía constitucional sobre el resto de

las normas legales sea una obligación para cualquier autoridad; mejores

mecanismos de control de constitucionalidad y de las controversias

constitucionales; reconocer la figura jurídica de acciones colectivas

para proteger derechos colectivos e intereses difusos, sobre todo de los

consumidores; establecer mejores mecanismos de rendición de cuentas;

que existan herramientas participativas para que la ciudadana influya

permanentemente el comportamiento de las autoridades (referéndum;

plebiscito; revocación; iniciativa popular; presupuesto participativo;

acción ciudadana de inconstitucionalidad; auditoría ciudadana;

inconstitucionalidad por omisión legislativa, administrativa o de otras

autoridades; audiencia pública; cabildo abierto; consulta popular).

En un Estado democrático la tarea de la seguridad pública es

garantizar la vida, la integridad física, las propiedades y la

tranquilidad de la población. Frente a la actual crisis de seguridad

pública y la violencia desbordada por la equivocada política de combate

al narcotráfico sólo mediante medidas coercitivas. La solución de

fondo, la más eficaz, es combatir el desempleo, la pobreza, la pérdida

de valores y la ausencia de alternativas sociales. Las fuerzas armadas

no deben ser usadas en funciones civiles o para reprimir a los

movimientos sociales. No se permitirán más actos de impunidad desde el

poder y se investigarán las violaciones a los derechos humanos.

La recuperación democrática del Estado será posible con una

insurgencia cívica que reconstruya la República desde abajo, creando

creando modalidades de poder ciudadano, las nuevas instituciones

públicas, los nuevos instrumentos legales y políticos para gobernar con

el pueblo y para el pueblo.

Reconstruir la política exterior

La política exterior debe estar fundada en la igualdad soberana

entre los estados, en la no intervención y la solución pacífica de las

controversias entre naciones y la solidaridad entre los pueblos, que

defienda los derechos de los migrantes, proyecte los valores históricos

de independencia y libertad.

Ejercer la soberanía nacional médula de la política exterior

Ante la realidad de un mundo desigual, dominado por grandes centros

de poder económico y político, es indispensable procurar la equidad

económica, la igualdad soberana y jurídica de los Estados, la

solidaridad internacional y el apoyo a la expresión democrática de los

pueblos. La fuerza de la política exterior será la justicia y la

estabilidad internas. La soberanía nacional se refuerza con una política

que promueva el desarrollo y la democracia, y que nos haga respetados y

respetables en el mundo.

Recuperar nuestro lugar en AL y diversificar las relaciones

México debe recuperar su pertenencia a América Latina y el Caribe y

diversificar las relaciones internacionales hacia todas las regiones y

continentes, con países como Brasil, India y China.

Nuestra unión solidaria con los países del Sur se inscribe en los

objetivos de descolonización y liberación política, económica y cultural

que compartimos con esos países.

Con Estados Unidos, una relación equilibrada, de cooperación, respetuosa de las

soberanías y conciente de las asimetrías

La relación con Estados Unidos debe ser equilibrada, de cooperación,

de beneficio mutuo y respetuosa de las soberanías, haciéndose cargo de

las asimetrías. Debe revisarse el TLCAN. La agenda bilateral debe dejar

de estar centrada en el tema del narcotráfico para proteger nuestra

seguridad y soberanía. Ha de comprender diversos rubros como la

migración, la energía, el agua y el medio ambiente. El gobierno

democrático está obligado a defender a los derechos humanos de los

connacionales que viven y trabajan en la nación vecina. El clima de

intolerancia y de violencia contra los migrantes es inaceptable, los

consulados les deben brindar todo el apoyo legal y la ayuda necesaria.

Nuestra frontera común representa un desafío y una oportunidad para

ambos países pero sin militarización ni muros que nos dividan y

confronten. Generaremos proyectos de desarrollo regional en la frontera

para mejorar los niveles de vida y reducir el flujo de migrantes.

Privilegiar una política multilateral

La política multilateral será el ámbito privilegiado de la acción

internacional de México para recuperar la historia de liderazgo en la

defensa de la paz mundial, de la no intervención, la autodeterminación y

el diálogo del Norte y el Sur. La globalización a que aspiramos es la

de la solidaridad y la cooperación; opuesta a la discriminación o

segregación; afirmativa de los principios de pluralidad, tolerancia y

reconocimiento del otro y de los otros, así como de la integridad

cultural de las comunidades en cualquier parte del mundo.

3. Democratizar el acceso a los medios de comunicación

Es inaceptable que un pequeño grupo posea el control de la

televisión y de la radio, y medre con la ignorancia, el sensacionalismo y

la desinformación en función de sus intereses. Las señales

radioeléctricas, de televisión, telefonía e Internet son bienes públicos

concesionados para cumplir una función de beneficio social. El Estado

debe hacer cumplir el mandato constitucional de garantizar el derecho a

la información y el acceso a los medios de comunicación. La sociedad

debe contar con medios propios para expresar su pluralidad y su

diversidad.

El control y la manipulación que ejerce la oligarquía a través de

los medios de comunicación electrónicos es uno de los principales

obstáculos para instaurar la democracia en México. La transformación del

país reclama un cambio de las relaciones entre la sociedad y los

medios, por eso proponemos:

Democratizar el acceso a los medios de comunicación y a las nuevas tecnologías

La libre competencia y la desconcentración de las concesiones que

otorga el Estado evitará los monopolios de radio y televisión. Estas

medidas abaratan, democratizan y universalizan el uso de las nuevas

tecnologías de la información y de la comunicación.

Abrir los canales de televisión y de radio suficientes para brindar

este servicio público indispensable y acabar con los monopolios

La ley debe impedir su concentración en unas cuantas manos y regular la relación de los medios con la sociedad y el Estado.

Garantizar el derecho a la información de los mexicanos.

Establecer figuras como el derecho de réplica y de información sobre

asuntos de interés público. Crear una defensoría del público y de los

derechos de la audiencia, encargada de recibir y canalizar consultas,

reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión. Formar un

fondo de fomento para la producción de programas educativos, culturales y

de entretenimiento de calidad para niños y adolescentes y jóvenes.

Vincular la formación educativa a los contenidos de la televisión.

Promover el cine nacional en la televisión abierta y por cable.

Promover el acceso a los medios de comunicación de toda la población, sobre todo a la radio y a la televisión

Los medios audiovisuales son un servicio público, de interés

nacional y son esenciales para el desarrollo cultural y social de la

población. Representan la materialización del derecho inalienable de

expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y

opiniones sin ningún tipo de censura.

Establecer medios públicos que cumplan con el derecho a la información

Medios públicos que reflejen la pluralidad política, étnica, social y

cultural de los mexicanos. Estos medios públicos, al ser entes de

interés colectivo, contarán con presupuesto público, patrimonio propio y

los regulará un consejo ciudadano.

Impulsar y garantizar el funcionamiento de medios comunitarios

Se promoverán las radiodifusoras y televisoras locales y regionales

que permitan el acceso y el manejo de estos medios a pueblos indígenas,

comunidades campesinas, jóvenes, escuelas, universidades y centros de

formación educativa y cultural.

Garantizar el acceso universal a Internet como parte del derecho a

la información y de acceso a las nuevas tecnologías y medios de

comunicación.

4. Por una ética republicana y el combate a la corrupción

La revolución de las conciencias y la participación popular y

ciudadana en los asuntos públicos crean las condiciones para que

florezca una ética republicana que regenere a la nación, moralice la

política, con servidores públicos con vocación de servicio. El servicio

público es una distinción en sí misma y no debe basarse en altas

remuneraciones y derroches que ofenden a los gobernados.

Austeridad republicana

Toda vez que en la vida política e institucional existe gran

dispendio de recursos públicos, excesivos salarios y prestaciones de la

alta burocracia, proponemos, entre otras medidas: la reducción de la

mitad de los salarios de todos los servidores públicos de mandos medios y

superiores, en los tres niveles de gobierno, eliminando bonos

extraordinarios y privilegios de los altos funcionarios, así como

acabar con los dispendios en la operación del gobierno.

Combate a la corrupción

La corrupción implica la violación al sistema normativo para obtener

un enriquecimiento ilícito, mediante el tráfico de influencias, el

clientelismo, el cohecho y el fraude, prácticas ilícitas que en la

actualidad no son castigadas casi nunca. Queremos acabar con las

conductas indebidas y la impunidad; aprobar una ley general que evite

los conflictos de interés; que establezca el delito de corrupción y que

castigue el uso electoral del presupuesto público.

Comisión para investigar la corrupción

Los órganos de fiscalización actúan bajo consigna, no son

independientes y carecen de competencias para revisar el ejercicio de

los recursos públicos. Frente a los graves niveles de corrupción en la

administración pública federal proponemos crear una comisión de que

investigue la corrupción y haga públicas sus conclusiones; hacer de la

Auditoría Superior de la Federación un órgano constitucional autónomo

con mayores atribuciones que las que ahora tiene; eliminar los fondos y

fideicomisos en la administración pública; aprobar una Ley General de

Contraloría Social para abrir canales de participación ciudadana y

control social; rechazar la aprobación de la Ley de Asociaciones

Público-Privadas que pretende liquidar las áreas estratégicas y la

rectoría del Estado en ámbitos fundamentales de la vida nacional como

educación, salud, seguridad pública, comunicaciones e infraestructura.

Transparencia

La fiscalización efectiva por parte de la sociedad y de la opinión

pública depende de la transparencia. Más vigilancia sobre los poderes

formales y fácticos mediante la autonomía constitucional del IFAI y

órganos equivalentes en los Estados; se requiere una ley de

transparencia y acceso a la información pública, para todos los poderes y

órganos del Estado; una ley de transparencia que obligue a abrir su

información a partidos, sindicatos, organizaciones empresariales,

empresas nacionales, trasnacionales y medios de comunicación

electrónica, entre otros; los fideicomisos, fondos, mandatos o figuras

análogas, vigentes deberán ser totalmente transparentes; construir un

sistema nacional de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas

que sustituya a las actuales instituciones y mecanismos anticorrupción.

Un sistema electoral democrático

Si la recuperación democrática del Estado implica la participación

electoral de los ciudadanos para ganar la mayoría a favor del cambio

verdadero, y si el actual sistema electoral carece de legitimidad

suficiente y permite prácticas fraudulentas, se deben tomar medidas como

la garantía plena de la equidad electoral mediante una nueva ley de

radio y televisión que evite la desmedida y distorsionadora influencia

de los medios de comunicación electrónica; disminuir en más de la mitad

el financiamiento público y el costo de las campañas; aprobar el derecho

de réplica y reglamentar la publicidad gubernamental; eliminar el

financiamiento privado; crear instituciones electorales nacionales que

sean realmente ciudadanas e independientes del gobierno, partidos y

poderes fácticos; establecer acciones afirmativas de género en las

candidaturas a cargos de elección popular y en las instituciones

públicas; garantizar el voto de los mexicanos en el exterior; sancionar

cualquier mecanismo de clientelismo y corporativismo en las elecciones;

establecer mecanismos para impedir la intervención de los cárteles de

la droga en elecciones, y perfeccionar la fiscalización de los partidos,

coaliciones, candidatos, dirigentes partidistas y de quienes

intervengan en los procesos electorales.

Acabar con la exclusión social y política

En tanto que el sistema político no le da suficiente voz y

representación a sectores como los pueblos indígenas, las mujeres,

jóvenes, y "minorías" como los homosexuales, proponemos un sistema

político que garantice los derechos humanos de todos y el acceso

efectivo de los ciudadanos a los cargos públicos mediante un sistema de

acciones afirmativas.

5. Crear una nueva economía

La actual crisis financiera y económica mundial revela que el

mercado, sin la regulación apropiada del Estado, no es capaz, por sí

mismo, de ofrecer un desarrollo económico balanceado, eficiente y a la

vez justo. Por esta razón el papel del Estado en la economía ha

adquirido un perfil más activo, concorde con la evolución de la economía

y el mundo. Los gobiernos para fortalecer sus economías están retomando

el espacio que cedieron al mercado y al capital financiero, a la vez

que introducen nueva supervisión y regulaciones en diferentes

actividades económicas y financieras.

En México, el fracaso del modelo económico neoliberal, implantado

hace más de un cuarto de siglo, ha sido evidente: en la práctica el país

no creció, unos cuantos acumularon inmensas fortunas y la mayoría de la

población subsiste en la pobreza. La apertura comercial indiscriminada y

el sometimiento a los dictados de los organismos financieros

internacionales que impusieron los gobiernos neoliberales, no se

tradujeron en un desarrollo económico sostenible e incluyente. La

realidad es que México es de los países que menos crece, que menos

empleo genera, así como la nación con mayor migración y de más grave

desigualdad. Estas son las razones prácticas por las que se requiere

reformular el modelo económico y la estrategia de desarrollo.

Los gobiernos neoliberales desmantelaron la planta productiva

nacional, las instituciones y las políticas sociales y económicas del

Estado mexicano, auspiciaron el saqueo con las privatizaciones de

empresas y bienes públicos, apostaron todo a la dependencia con el

exterior y entregaron el control de la economías a unas cuantas empresas

y monopolios; políticos y corporativos formaron un grupo oligárquico

que se apoderó del poder público para perpetuar sus privilegios.

El Estado debe asumir su obligación de velar por la prosperidad de

la población y no sólo por los negocios de un puñado de empresarios.

Estamos comprometidos con un Estado de bienestar y el combate a la

desigualdad, que apoye a las empresas y productores nacionales, que

impulse las cadenas productivas regionales y la creación de empleo.

Un Estado que fortalezca el tejido social y los mecanismos

económicos de subsistencia, solidaridad comunitaria, ayuda mutua,

asociacion; además del mercado justo y la economía local.

El nivel de vida de la gente será el principal indicador de la nueva economía

El objetivo central del nuevo modelo económico es aumentar el

bienestar de los ciudadanos y reducir la desigualdad social, uno de los

mayores problemas de nuestro país. Esto se puede lograr reorientando la

economía para favorecer la producción y el empleo. El propósito

principal no es sólo lograr buenos indicadores financieros, sino mejorar

los niveles de vida reales de la gente, a través del crecimiento, el

empleo y mejores salarios.

La nueva política económica se enfocará en la economía real, en el

trabajo y en la producción de los bienes que necesitamos, en lugar de

privilegiar estímulos a los capitales financieros y especulativos. Sin

producción no hay empleos, industrias, consumo, mercado, bienestar

colectivo, ni economía poderosa, ni nación soberana. La nueva economía

debe generar mayor equidad, competencia y competitividad. Asimismo, se

proponen mecanismos para un crecimiento incluyente, cuyos frutos se

distribuyan de forma equitativa entre la población, logrando una mejoría

creciente y permanente en el bienestar de los mexicanos.

El Estado debe reasumir su responsabilidad de conducir el desarrollo

La nueva política económica debe basarse en la planeación del

desarrollo de acuerdo con el interés nacional y el ejercicio

democrático. Es fundamental la intervención pública --de sociedad y

gobierno-- para reactivar la economía y generar empleos, sobre todo en

épocas de recesión. Debe anteponerse el interés nacional a cualquier

participación de México en acuerdos o proyectos impulsados por gobiernos

extranjeros y organismos financieros internacionales, sin detrimento de

la continua participación de México en el mundo. El Estado mexicano

recuperará su papel de promotor del desarrollo y, con la participación

de los sectores privado y social, desarrollará planes para integrar

cadenas productivas locales y regionales y maximizar el empleo y el

valor agregado nacionales. En el desarrollo nacional es clave el apoyo a

la educación, la ciencia y la tecnología.

Las llamadas reformas "estructurales" que impulsa el Fondo Monetario

Internacional y el Banco Mundial ya están desacreditadas en el resto

del mundo --en México justificaron el pillaje, en particular con las

privatizaciones y los rescates como el Fobaproa. A pesar del fracaso, el

PRI, el PAN y la oligarquía, insisten en continuar la misma política

económica y aprobar la reducción de prestaciones y del poder de

negociación de los asalariados, la sustitución de impuestos directos por

indirectos, haciendo más injusto el sistema fiscal al restarle

progresividad y la privatización de la industria eléctrica y petrolera.

Una economía fuerte con mayor competencia interna y competitividad frente al exterior.

La competitividad es clave para crecer; la competencia interna es

clave para lograr la competitividad, ya que precios altos en lo interno

dañan la competitividad. El combate a los monopolios y precios

competitivos en los energéticos son requisito indispensable para crecer,

así como para evitar la concentración excesiva del ingreso e ir

mejorando la equidad social.

Una economía nacional firme en la globalidad

La globalización económica es real y debe tomarse en cuenta. Hay

países como Brasil, India y China que han sacado buen provecho de las

tendencias globales; otros, como México, se han quedado atrás. En esos

países el papel del Estado ha sido central en su desarrollo.

Nuestra propuesta considera el contexto internacional para

fortalecer nuestra economía interna y aprovechar las oportunidades del

mercado mundial. En las relaciones comerciales con el exterior se

buscará equilibrio y reciprocidad con los distintos socios comerciales.

Fortalecer la economía popular y la pequeña y mediana empresa

El fortalecimiento de la economía familiar y de la economía a baja escala es parte fundamental de la nueva política económica.

Son las pequeñas y medianas empresas las que más generan empleo en

México, por lo que habrá programas de crédito y facilidades para el

autoempleo para multiplicar este tipo de empresas.

Apuntalar al hogar como unidad económica fundamental

La sociedad no sólo debe recuperar su lugar en la economía local y

regional como generadora de bienestar, riqueza y empleo, también debe

alcanzar a la propia economía doméstica o del hogar, que es una

dimensión habitualmente olvidada de la planeación económica. En plena

sinergia con el Estado, los ciudadanos deben tomar acciones en relación

con la alimentación, la salud, la vivienda, el agua y el crédito, con

conciencia ecológica y social, a fin de adoptar una nueva forma de vida

y de edificar hogares seguros, sanos y autosuficientes. Lo anterior

significa construir un poder doméstico para enfrentar de mejor manera y

solidaria los retos e incertidumbres del futuro.

Planeación sectorial y regional con participación social y privada

La cooperación estrecha de los sectores público, social y privado es

un principio básico para construir una economía fuerte y una sociedad

más justa. Se debe propiciar la convergencia de la inversión pública y

privada mediante estrategias de desarrollo regional.

El Estado apoyará la viabilidad y facilitará el diseño y ejecución

de los planes, con la participación de los sectores social y privado de

las propias regiones, poniendo el énfasis en el incremento del valor

agregado y la creación de empleos.

Aumentar la inversión pública en infraestructura

En este rubro, el gobierno recuperará, gradualmente, los niveles que

se registraron en los periodos de alto crecimiento económico. La

inversión en infraestructura genera mucho empleo y requiere de menos

divisas que otras actividades.

Financiamiento accesible y barato para las actividades productivas

A través de diversos canales (banca nacional, banca regional, banca

de desarrollo) se instrumentarán esquemas para asegurar financiamiento a

la actividad productiva en montos y condiciones comparables a las de

nuestros competidores.

Se requiere promover el apoyo de la banca privada a este propósito,

además de impulsar los bancos regionales y reestructurar la banca de

desarrollo para que apoye directamente a los agentes económicos.

Los movimientos de capitales y operaciones financieras especulativas no deben estar exentas de impuestos

Se deben gravar con tasas vigentes de impuestos sobre la renta y con

ello evitar ineficiencias en la asignación de recursos o sobrevaluación

artificial de la moneda que al final sólo dañan la planta productiva y

el empleo.

El Banco de México debe velar por el crecimiento y no sólo controlar la inflación

Que el BM haga un nuevo balance de riesgos en donde es un riesgo la

inflación, así como también un alto desempleo de la planta productiva.

Se propondrá al Poder Legislativo cambiar el mandato del Banco de

México, para que incluya crecimiento y no solamente combate a la

inflación.

Revisar los tratados de libre comercio para lograr relaciones equitativas

Se buscará aumentar la producción en el campo, lograr la

autosuficiencia alimentaria y crear las condiciones para que los

campesinos y agricultores puedan arraigarse en sus comunidades. Debe

revisarse el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, para que

sirva como instrumento para una relación equitativa en la región.

Particularmente, se debe renegociar su capítulo agropecuario, sobre todo

en granos como el maíz y el frijol.

La mejor defensa de los derechos de los trabajadores es impulsar la democracia sindical

Para lograr una mejor distribución de los frutos del crecimiento, se

buscará garantizar la plena representación de los asalariados, mediante

una verdadera democracia sindical, incluyendo el voto secreto, la mayor

transparencia y rendición de cuentas del uso de los recursos sindicales

y evitando cualquier injerencia patronal o gubernamental. También se

impulsará la recuperación del ingreso de los trabajadores. Se alentará

la productividad con reparto de beneficios. Se dará protección al

trabajo y se promoverá el empleo formal y la justicia laboral imparcial

y oportuna.

Todas las políticas de desarrollo y proyectos económicos tendrán en

cuenta sus impactos ambientales y serán sustentables desde el punto de

vista ecológico

Hoy los recursos naturales y la calidad del aire, suelos y agua, han

sido objeto de agudos procesos de deterioro. Ello es especialmente

notable en los casos de la minería, el turismo, la extracción petrolera,

la expansión urbana, y las modalidades industriales de agricultura,

pesca, ganadería y producción forestal.

Consumo responsable

Promover en la sociedad la responsabilidad en el consumo y la

información técnica para normar la adquisición de productos naturales

sanos y artículos que no dañen la naturaleza. Reducir el consumo de

productos contaminantes. Poner en práctica la reutilización y el

reciclamiento. Auspiciar el consumo solidario, el pago justo por el

trabajo realizado, eliminar discriminaciones, potenciar alternativas

sociales y de integración para procurar un nuevo orden social.

6. Combatir los monopolios

Los monopolios producen altos costos económicos y sociales y el

enriquecimiento de unos cuantos privilegiados. En México los grandes

monopolios están vinculados al poder político y, sin justificación,

encarecen bienes y servicios, dañando la economía de sectores populares,

clases medias, pequeños y medianos productores, empresarios y

comerciantes, que se ven obligados a pagar precios exagerados.

Los intereses de los monopolios están representados en la oligarquía

que domina la vida política y los protege de la competencia. Sus

prácticas disminuyen el poder adquisitivo del salario, dañan a la planta

productiva, afectan la calidad de vida de las familias y profundizan la

desigualdad social.

Los monopolios y los precios abusivos son anticonstitucionales

La apertura comercial acabó con la mayoría de las empresas

nacionales y privilegió a unas cuantas, muchas de ellas extranjeras. Los

monopolios imponen su ley en el mercado, a pesar de estar prohíbidos

por el artículo 28 de la Constitución mexicana.

En este país empobrecido, la población paga más por bienes y

servicios que en las naciones ricas, a cambio de pésimas condiciones de

calidad.

Es injustificable e inaceptable que, por ejemplo, con un salario

mínimo doce veces menor que el mínimo en Estados Unidos, los mexicanos

paguemos por el cemento gris 100 por ciento más que los estadounidenses;

17 por ciento más por teléfono de línea fija; 240 por ciento más por

llamadas de larga distancia nacional; 205 por ciento más por la

electricidad residencial de alto consumo; 20 por ciento más por

electricidad de alta tensión; 116 por ciento más por la tarjeta de

crédito; 309 por ciento más por servicio básico de televisión por cable;

176 por ciento más por crédito a la vivienda.

Los precios exagerados quitan hasta el 15% de los ingresos de la gente

Los precios exagerados quitan a las familias entre 10 y el 15 por

ciento de sus ingresos y reducen el consumo y el ahorro de las familias.

Las grandes empresas privilegiadas están protegidas contra la competencia

Desde del gobierno se protege a los monopolios y se frena cualquier

intento de entrada de nuevos competidores. De continuar estas prácticas,

México no podrá competir con otros países ni habrá nuevos empleos y, a

la larga, tampoco habrá oportunidades para las nuevas generaciones.

Los monopolios acaban con las inversiones productivas y el empleo

Una parte de las utilidades que legítimamente podrían obtener las

empresas de menor tamaño o el ahorro que podrían hacer los consumidores,

son transferidas en forma de precios altos a los monopolios.

Las empresas no favorecidas para operar deben reducir los salarios.

Eso obliga a las pequeñas industrias a operar muy por debajo de su

potencial y a los consumidores a reducir su consumo.

Con una regulación efectiva contra prácticas monopólicas, la economía crecería más

Si se evitaran los abusos de precios de los monopolios, sin precios

exagerados, la economía nacional podria crecer entre 2 y 4 puntos

porcentuales del producto interno bruto. Las prácticas monopólicas son

un freno del crecimiento económico y el empleo.

La competencia debe ser una prioridad de Estado

La actual Ley de Competencia es ambigua, impecisa y sin sanciones

suficientes; no garantiza eliminar precios abusivos, atiende solo

algunas prácticas anti-competitivas, pero está muy lejos de resolver el

problema estructural de precios abusivos. La Comisión de Competencia

tiene poca capacidad administrativa y regulatoria. México está en la

posición número 60 de 134 países en materia de competitividad. Sin

competencia, México no crecerá ni creará empleos.

Aplicaremos nueva legislación para acabar con los monopolios y

actuar directamente contra los abusos y precios exagerados de productos y

servicios, para crecer y crear empleo y oportunidades.

7. Abolir los privilegios fiscales para redistribuir la riqueza con justicia

La economía mexicana atraviesa por una de las peores crisis de su

historia; en 2009 la caída del Producto Interno Bruto (PIB) en 8 por

ciento, significó un retroceso importante en los niveles de vida de la

población. Ante esta circunstancia, las medidas aplicadas por el

gobierno de Felipe Calderón han sido totalmente contrarias a las

necesidades de la mayoría.

Basta mencionar los aumentos al IVA como al ISR, a las gasolinas que

repercuten en los precios de los bienes y productos que consume la

gente, afectando a los que menos tienen.

Se incrementaron los principales impuestos y se crearon nuevos, por

el afán del gobierno federal de aumentar la recaudación inmediata sin

planeación alguna. Se instrumentó el Impuesto Empresarial a Tasa Única

que no resolvió la necesidad de allegarse recursos financieros

importantes. Por el contrario, complicó aún más el cumplimiento de las

obligaciones fiscales.

Eliminar los regímenes fiscales preferenciales

Se ha castigado fiscalmente a la mayoría de la población para no

enfrentar a los sectores de la economía que gozan de privilegios

fiscales y reducen en forma importante los ingresos del Estado.

En México 60 por ciento de la recaudación fiscal del ISR recae en

las personas físicas: trabajadores, empleados, profesionistas, pequeños y

medianos empresarios, lo que no sucede en otros países con un

desarrollo económico similar al nuestro. Las personas físicas,

proporcionalmente, pagan más al fisco que los grandes grupos

corporativos.

En 2009, el erario público dejó de percibir cerca de 700 mil

millones de pesos debido a que las leyes fiscales permiten una serie de

privilegios tributarios denominados "Gastos Fiscales" que benefician

sobre todo a los contribuyentes de mayores ingresos.

La propia Ley de Ingresos del 2009 reconoce que los grandes

corporativos, 420 grupos empresariales constituidos a lo largo del país,

pagaron sólo el 1.78 por ciento de sus ingresos totales en materia del

ISR.

Los privilegios fiscales, tratamientos fiscales especiales con fines

diversos, deben desaparecer ya que son altamente regresivos y

benefician mayormente a las grandes empresas.

Con la desaparición de estos regímenes, la recaudación se

incrementaría en 5 por ciento del PIB, lo que contribuiría a mejorar la

distribución del ingreso en beneficio de las clases más necesitadas.

La recaudación tributaria en nuestro país apenas alcanza el 11 por

ciento del PIB, y en algunos años de la presente administración ha sido

menor.

La paradoja es que en México, mientras las empresas producen entre

el 55 y 60 por ciento del ingreso nacional, su contribución de ISR es

apenas 2.65 por ciento del PIB; en cambio los asalariados, que aportan

el 25 por ciento del ingreso nacional, contribuyen con 2.20 por ciento.

Por otra parte, basta mencionar que un asalariado de ingreso medio

contribuye con 20 por ciento de su ingreso total en impuestos, en tanto

que las grandes empresas lo hacen en un promedio de 3 por ciento de sus

utilidades, lo cual es altamente inequitativo.

La autoridad tributaria también ha fallado en su intento de

incrementar la recaudación a pesar de la creación del Sistema de

Administración Tributaria y del incremento sustancial de la burocracia

en esta entidad, que cuenta con más de 20 mil empleados.

Aumentar en tres años la recaudación fiscal en 10%del PIB

La propuesta en materia tributaria que se hace a los ciudadanos

busca, en el corto y mediano plazo --en un máximo de 3 años--, aumentar la

recaudación en 10 por ciento del PIB.

México ha alimentado sus finanzas principalmente con los ingresos

públicos que provienen del petróleo. Esos recursos deben beneficiar a

las clases más necesitadas del país.

Incrementar la recaudación con equidad

En primer lugar, se trata de suprimir los privilegios fiscales

preferenciales, con lo cual incluso se simplificaría el cumplimiento de

las obligaciones fiscales. Entre los principales:

-Gravar los ingresos generados de las ventas de acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores.

-Eliminar por completo el régimen fiscal de consolidación.

-Eliminar la depreciación acelerada de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

-Eliminar los regímenes fiscales preferenciales para las grandes empresas del sector primario y del transporte.

-Eliminar otras exenciones que benefician principalmente a las asociaciones civiles que persiguen fines de lucro.

Hacer eficiente la Administración Tributaria

Es necesario que la administración fiscal sea más eficiente; que el

fisco federal recupere recursos derivados de las distintas auditorias

que realiza la Secretaría de Hacienda, con una mejor fiscalización y

procesos jurídicos adecuados que conlleven a obtener fallos favorables

para recobrar dinero para el fisco. Basta mencionar que en 2008, apenas

se pudo recobrar el 1.95 por ciento de 463 mil millones de pesos ganados

por la SHCP en distintos procesos judiciales.

Fortalecer la fiscalización a las grandes empresas

Las grandes empresas nacionales como extranjeras, debido a su

capacidad financiera y a su composición corporativa, eluden al fisco de

manera muy considerable, por lo que hay que fortalecer los instrumentos

de fiscalización hacia ese sector.

Certeza jurídica

El contribuyente espera certeza jurídica de largo plazo del sistema

fiscal. Hay que reducir al máximo las modificaciones fiscales. Hoy es

altamente cambiante el sistema, incluso a través de circulares

administrativas se modifica mensualmente, lo que complica el

cumplimiento correcto de las obligaciones fiscales y la propia

administración fiscal.

Eliminar el Secreto Fiscal

Es necesario transparentar los procesos de recaudación y las

aportaciones de los contribuyentes del Sistema Tributario Mexicano. Que

Congreso de la Unión y la población en general tengan acceso a la

información fiscal con base en la Ley de Acceso a la Información. Esto

con el objeto de conocer las razones y circunstancias tanto de las

personas físicas como de las empresas que deben de contribuir en forma

equitativa y proporcional al gasto público, como lo señala la

Constitución de nuestro país.

Eliminar el Impuesto Empresarial a Tasa Única

Este gravamen se originó con el propósito de anular los privilegios o

gastos fiscales contemplados en la ley del ISR. El gobierno federal no

quiso enfrentar a los diversos sectores económicos modificando la ley

del ISR, sino creó un nuevo impuesto, lo cual complica aún más el pago

correcto de las obligaciones fiscales. Ese gravamen debería incluirse en

la base gravable de la ley del ISR.

La política fiscal debe contribuir a la redistribución justa de la riqueza

México necesita una política tributaria que sea instrumento esencial

de una política económica que contribuya a mejorar la distribución del

ingreso de los mexicanos. En el mediano plazo, se puede lograr el

incremento de la recaudación federal a 10 puntos del PIB, sin subir

impuestos ni crear nuevos, a través de una reforma fiscal equitativa y

haciendo eficiente la administración tributaria.

8. El sector energético, palanca del desarrollo nacional

Los gobiernos neoliberales, en sistemática contravención del orden

constitucional, han provocado el abatimiento del sector energético

nacional, especialmente en el ámbito público, reservado al Estado.

Las actividades del sector han sido convertidas en centros de

negocios privados. Se han desplazado y sustituido las capacidades

nacionales de ejecución y desarrollo tecnológico, al grado de convertir a

Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad en simples

administradoras de contratos que favorecen predominantemente a

particulares, sobre todo extranjeros.

Los más recientes ejemplos, son la desintegración de Luz y Fuerza

del Centro, el despojo al Sindicato Mexicano de Electricistas y el

remate a Televisa de 21 mil kilómetros de estratégica fibra óptica

instalada con presupuesto público.

Actualmente campean la corrupción generalizada y la falta de

dirección prácticamente en todas las áreas del sector. Como una de sus

consecuencias, se han vulnerado los resultados de las inversiones

públicas, ya de por sí insuficientes, debido a que el sector energético

no ha recibido el tratamiento que su relevancia estratégica requiere.

Tal es el caso de la inseguridad de las instalaciones, la falta de

mantenimiento preventivo, y los riesgos no evaluados de la perforación

en aguas profundas.

Con base en estas consideraciones, proponemos el fortalecimiento del

sector energético mexicano, a fin de orientarlo al logro del desarrollo

nacional, la equidad social y el bienestar general de la población:

El petróleo al servicio de la Nación

Poner toda la producción y la transformación de hidrocarburos al

servicio exclusivo de la Nación, como lo ordena nuestra Constitución. La

exportación debe ser consistente con las necesidades del país de

optimizar el uso de sus recursos en el corto y en el largo plazo bajo

esquemas racionales. Se buscará no exportar ni un solo barril más de

petróleo crudo sin valor agregado, ni permitiremos contrato alguno de

explotación al margen del espíritu y el mandato expreso y claro de

nuestra Constitución.

Restitución integral de las reservas. Restituir gradual y

consistentemente el cien por ciento de las reservas que se extraigan

cada año. Para lograrlo, se debe reforzar la exploración para encontrar

nuevas reservas de hidrocarburos, así como invertir lo necesario donde

se tiene evidencias científicas de que existen mayores probabilidades de

éxito. Asimismo se debe detener la perforación inútil, donde solamente

obtienen ganancias los contratistas.

Tres refinerías para reducir importaciones y precios de

combustibles. Hay que disminuir y finalmente eliminar la

desproporcionada importación de gasolinas. Para ello, se construirán

tres grandes nuevas refinerías, en los sitios más convenientes para el

interés de la nación. Eso permitiría disminuir los precios de las

gasolinas, el gas y el diesel a los consumidores y a la industria

mexicana. De la misma forma, se requiere promover el uso eficiente de la

energía y de los combustibles para evitar su desperdicio.

Reactivar la petroquímica nacional. Aprovechar de forma óptima los

recursos nacionales y con ello reducir de manera eficiente y competitiva

la importación de productos petroquímicos, mediante la reactivación de

esta rama de la industria mexicana, a partir de las materias primas que

hoy se desaprovechan y se queman a la atmósfera, principalmente el gas

etano, que es imprescindible para múltiples ramas industriales. En vez

de privilegios a los monopolios, deben darse estímulos y oportunidades a

emprendedores mexicanos.

Acabar con el contratismo en Pemex. Erradicar el contratismo y

fortalecer las actividades sustantivas de Petróleos Mexicanos y el

Instituto Mexicano del Petróleo. Para ello, se debe incorporar la mayor

integración nacional posible. También se debe otorgar preferencia a la

formación y la experiencia de nuestros técnicos, profesionales y

científicos de altos niveles, a fin de lograr la autosuficiencia,

mediante la asimilación y el desarrollo de nuevas tecnologías.

Para tales fines, se debe utilizar como puntal y favorecer a la

Universidad nacional Autónoma de México, al Instituto Politécnico

Nacional y a otras universidades y tecnológicos de todo nuestro país.

Terminar con la privatización de la industria eléctrica.

A fin de recuperar la soberanía en la generación, transmisión y

distribución de energía eléctrica, y para llevar las tarifas eléctricas a

niveles justos y competitivos, se debe:

Cancelar la contratación a particulares para generar energía eléctrica.

Rescatar para la Nación, las centrales de generación establecidas al margen de nuestra Constitución.

Reforzar a la Comisión Federal de Electricidad, con la

modernización, rehabilitación y ampliación de su parque de generación,

sobre todo en la región central donde desde hace décadas no se

construyen plantas generadoras.

Revertir los procesos de privatización del servicio público de

electricidad tras la liquidación de Luz y Fuerza del Centro y reconocer

los derechos de los trabajadores electricistas, despedidos injustamente,

y su participación en el fortalecimiento de la industria eléctrica

nacional en el centro del país.

Dar impulso al Instituto de Investigaciones Eléctricas para el desarrollo de ciencia y tecnología aplicadas a la energía.

Fortalecer la investigación científica y tecnológica nacionales

Otorgar prioridad a la investigación y asimilación de tecnologías

para el desarrollo de ingenierías mexicanas como mecanismo de

independencia y asimilación tecnológica en el sector de la energía.

Impulsar energías alternativas limpias.

Tradicionalmente, el sector energético no se ha preocupado mucho en

proteger nuestro ambiente natural. Tenemos que ser cuidadosos con

nuestro patrimonio ambiental. Para ello, se debe impulsar el desarrollo

de fuentes de energía alternativas, renovables y limpias, a fin de

limitar y revertir los efectos nocivos que la combustión de

hidrocarburos causa a nuestro planeta, como el calentamiento global por

efecto invernadero y, en general, la contaminación de suelos, aire y

aguas de nuestro país.

Impulsar la transición energética.

El mundo vive el fin de la era del petróleo. Por ello se debe

impulsar de manera inmediata una política de transición energética que

incremente las fuentes de energía renovables (solar, eólica, hidráulica,

biomasa, etc.). Se debe impulsar el desarrollo de fuentes de energía

alternativas, renovables y limpias, a fin de limitar y revertir los

efectos nocivos que la combustión de hidrocarburos causa a nuestro

planeta, como el calentamiento global por efecto invernadero y, en

general, la contaminación de suelos, aire y aguas de nuestro país.

Comisión de la Verdad para investigar la corrupción en Pemex y CFE

Erradicar y limpiar a profundidad, toda forma de corrupción y daño

patrimonial al sector estatal de la energía, con énfasis en Petróleos

Mexicanos y en CFE. Asimismo, establecer un sistema de verdadera y total

transparencia. Por su importancia para la economía del país y por el

gran daño que se ha causado a los mexicanos por los malos manejos en

Pemex y CFE, proponemos una investigación a fondo para lo cuál se

integrará una Comisión de la Verdad.

Bajar las tarifas de electricidad y los precios de los combustibles

En atención a las características de cada región de nuestro país,

aplicar un nuevo sistema de tarifas y precios justos y competitivos de

combustibles y de energía eléctrica, que permitan garantizar el

suministro suficiente y eficiente, tanto a la industria mexicana, como a

los consumidores nacionales.

Estas propuestas corresponden a un nuevo modelo para el sector

energético, que defina una nueva cultura energética, una nueva relación

entre la energía y la sociedad, basada en fuentes para suministrar y

prácticas de consumo de la energía, con procedimientos más seguros, más

económicos, más limpios y más eficientes.

La expropiación del petróleo encabezada por el general Lázaro

Cárdenas del Río, ha sido escamoteada y, sobre todo, suplantada por una

política contraria a su espíritu original, que consiste en que los

recursos energéticos sean de beneficio para todos los habitantes y

sirvan de base para la independencia económica de México.

Por ello necesitamos encaminarnos hacia un nuevo modelo energético

que sea la base de la verdadera independencia, la cabal soberanía, así

como el desarrollo económico y social que merece el pueblo de México. En

otras palabras, un modelo que actualice los principios históricos que

llevaron a nuestro país a nacionalizar el petróleo y la industria

eléctrica y que siguen vigentes.

9. El campo y la soberanía alimentaria

Reanimar al campo y a la agricultura

Revalorar y reactivar al agro arruinado por las políticas

neoliberales es prioritario y constituye un asunto de seguridad nacional

pues de eso depende la alimentación del pueblo mexicano y el empleo e

ingreso de millones, pero también la preservación del medio ambiente, de

la cultura y la convivencia y de la seguridad interna. O revitalizamos

al campo o seguiremos destruyendo la naturaleza, importando comida,

perdiendo nuestra identidad, expulsando mexicanos a Estados Unidos y

sometidos al narco que aprovecha la pobreza rural para controlar

regiones enteras.

Recuperar la soberanía y autosuficiencia alimentarias

Porque un pueblo que importa 40% de lo que come es un pueblo

sometido a las potencias agroexportadoras, ejerceremos el derecho a

definir y aplicar nuestras propias políticas de producción, distribución

y consumo de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente adecuados. Y

lo haremos promoviendo, ante todo, la pequeña y mediana agricultura

campesina, única que puede ser a la vez socialmente justa,

ambientalmente sana y económicamente viable, es decir sostenible.

Preservar el mercado agroalimentario interno y reactivar las cadenas productivas

Fracasado el modelo agroexportador y maquilador que sólo ve hacia

fuera, habremos de atender de nuevo la demanda nacional y los mercados

locales, lo que significa integrar cadenas económicas donde la

producción se vuelve mercado de la producción, impulsando sistemas

comerciales, agroindustriales y financieros, sobre todo de carácter

asociativo.

Proteger y restaurar el medio ambiente con un aprovechamiento responsable y una agricultura orgánica y ecológica

La crisis ambiental resulta de patrones de

industrialización-urbanización insostenibles, pero también de una

agricultura destructiva que degrada tierra, agua, aire, flora y fauna,

al tiempo que envenena al cultivador y al consumidor. Por ello,

cambiaremos el rumbo: no más promoción a los agrotóxicos y semillas

transgénicas impuestos por las transnacionales, y si en cambio impulso a

las prácticas agroecológicas que aumenten la productividad sin dañar a

la naturaleza.

Impulsar la economía rural solidaria

Gracias a la Revolución de1910 y la Reforma Agraria, la tierra y los

bosques de México son, en su mayor parte, de las comunidades campesinas

e indígenas, no así su explotación que es cada vez más privada y

depredadora. Devolver el usufructo de estos recursos a sus legítimos

poseedores supone respetar y potenciar desde la administración pública

las prácticas económicas autogestivas y solidarias, tradicionales e

innovadoras, habituales entre indígenas y campesinos.

Defender los derechos del migrante y el derecho a no emigrar

El éxodo campesino a Estados Unidos es un hecho, de modo que

defenderemos aquí y allá los derechos de los migrantes, tanto de los

nacionales como de quienes en su camino cruzan por México. Pero no

podemos conformarnos con que el campo y el país se sigan vaciando.

Porque sin el derecho a quedarse la emigración es expulsión,

dignificaremos la vida del campo y trabajeremos con el Congreso para

darle contenido y exigibilidad a los derechos al trabajo y el empleo

digno, que garantiza la Constitución.

Preservar el carácter público y el usufructo colectivo de los recursos naturales y saberes comunitarios

Porque la vida no es una mercancía, defenderemos de la privatización

nuestro rico patrimonio físico, biológico y cultural amenazado por

empresas trasnacionales que pretenden apropiarse de tierras, aguas,

minas y bosques pero también patentar los conocimientos tradicionales y

los códigos genéticos de los seres vivos.

Hacer valer los derechos de las mujeres campesinas

A la opresión y marginación que prevalece en el agro se añade, en el

caso de las mujeres, la opresión proveniente de la sociedad patriarcal.

Por ello haremos prevalecer sus derechos reproductivos, económicos,

laborales, sociales, políticos, culturales y agrarios. Cuestión que no

se reduce a establecer cuotas por sexo en los programas públicos, sino

que demanda asumir ante todos los temas una perspectiva de género, pues

hasta ahora el reconocimiento de sus aportes y la aguda visión femenina

de la problemática agraria ha estado ausente en la política y la vida

publica rurales.

Trabajar para restablecer la esperanza y recuperar para el agro a los jóvenes rurales

El México urbano no tiene futuro sin el México rural, pero las

nuevas generaciones campesinas desertan de un agro que sienten cárcel y

condena. Es de vida o muerte para el país recuperar para el campo a los

jóvenes, igualando los servicios rurales con los urbanos pero también

impulsando proyectos de desarrollo agropecuarios, pesqueros y forestales

a la altura de sus capacidades y de sus legítimas aspiraciones y

expectativas.

Reconocer los derechos autonómicos de los pueblos indígenas

Porque durante cinco siglos los indígenas han sido oprimidos casi

hasta la extinción, no puede haber cambio profundo sin abatir el

colonialismo interno. Esto significa reconocer sus derechos políticos,

socioeconómicos y culturales, lo que incluye formas específicas de

autogobierno en sus territorios, derechos colectivos al usufructo de los

recursos naturales ubicados en sus ámbitos de dominio, aplicación de

normas consuetudinarias de convivencia, preservación y desarrollo de su

cultura.

Revitalizar nuestra cultura y nuestra identidad

En el campo están nuestras raíces y México perderá su identidad si

no se reconcilia con el México profundo, que es en gran medida el México

rural. Pero el agro ha sido postergado por tecnócratas que lo

consideran como cosa del pasado. Nosotros, en cambio, vemos al campo

también en el porvenir. Impulsaremos, por ello, un nuevo y más justo

pacto entre el México urbano y el México rural, y en este marco, una

relación más justa y respetuosa entre el gobierno y el mundo agrario.

Fortalecer la rectoría del Estado en la promoción y regulación de los mercados agroalimentarios

Ante el fracaso y distorsiones del modelo de libre mercado y la

falacia de la autorregulación de los mismos, fortaleceremos el papel

constitucional del gobierno para conducir, promover y regular el

desarrollo y funcionamiento de los mercados agroalimentarios, impulsando

la participación de los agentes sociales y privados en forma equitativa

y realmente competitiva, con una visión de Estado y de largo plazo,

propiciando certidumbre y estabilidad para la cadena e incluyendo entre

otras acciones el establecimiento de una reserva estratégica de

alimentos, precios mínimos garantizados, producción nacional de insumos,

control de precios de los mismos y acceso universal al crédito y

servicios financieros.

10. Estado de Bienestar y lucha contra la desigualdad

El bienestar de la población debe ser el eje principal de todas las

acciones de un gobierno comprometido con la transformación democrática

de la sociedad. Las libertades y derechos no pueden ejercerse plenamente

si los mexicanos no tenemos resueltas necesidades elementales como el

trabajo, alimentación, salud, educación, vivienda, seguridad y

tranquilidad social.

Los gobiernos neoliberales de los últimos 28 años adelgazaron al

Estado, redujeron el gasto social y desmantelaron instituciones sociales

y culturales, ocasionando el deterioro de la seguridad social, salud,

educación, cultura y sobre todo el deterioro de nuestra calidad de vida.

Hoy millones de mexicanos tienen como único horizonte el hambre, la

pobreza, la desigualdad, la iniquidad, la violencia, la intolerancia y

la opresión.

No permitiremos más la continuidad de este régimen de injusticia

promovido y defendido por políticos, funcionarios y hombres de poder

inescrupulosos y voraces, que ponen sus ganancias y privilegios por

encima del interés y de las necesidades de todos los demás.

Tenemos la esperanza de que en nuestro país podamos estar seguros,

protegidos, acompañados; donde puedan florecer la creatividad, las

capacidades, la inteligencia y la bondad de todos y de todas.

Por eso, nuestro compromiso es:

Construir un Estado de bienestar

El primer paso es hacer cumplir los principios constitucionales

referidos a los derechos sociales. El Estado asumirá su responsabilidad

social para garantizar que cada hombre y cada mujer reciban, desde su

nacimiento, una alimentación básica saludable y suficiente; tengan

acceso a servicios públicos y gratuitos de salud y educación; puedan

ejercer su derecho al trabajo con salarios justos y prestaciones

sociales; dispongan de una vivienda digna y servicios públicos básicos

de agua, energía eléctrica y transporte; participen libremente de las

decisiones colectivas que se tomen y accedan sin condiciones a los

programas económicos, sociales y culturales que se establezcan en su

beneficio; cuenten con bases materiales, recursos e instrumentos para

desarrollar su inteligencia, sus capacidades y su creatividad; con

reconocimiento y respeto de sus preferencias, identidad cultural, género

y decisiones sobre su vida y su cuerpo; que su patrimonio familiar y su

seguridad sean salvaguardados; que reciban una pensión al cumplir los

70 años.

Garantizar la universalidad y gratuidad de los programas sociales

Las inversiones públicas para garantizar los derechos sociales, no

son dádivas del gobierno, son una obligación que se debe cumplir.

Acabaremos con el sistema de focalización que es discriminatorio y se

condiciona su ingreso y permanencia. Estableceremos mecanismos que

garanticen efectivamente la defensa, exigibilidad y cumplimiento de cada

derecho.

Erradicar el hambre

El programa de emergencia de erradicación del hambre deberá ser el

primer paso para establecer el derecho constitucional de todos a la

alimentación.

Derecho a la educación, base de la transformación del país

Es fundamental para el desarrollo del país, garantizar que todo niño

o niña, y joven, pueda ingresar, permanecer y concluir

satisfactoriamente sus estudios. El fomento a la lectura y la formación

artística y cultural deben formar parte de la educación desde la

primaria. Se garantizará la educación pública científica, laica y

gratuita en todos los niveles. A ningún joven o niño se le negará el

derecho a la educación.

Se reconocerá a universidades públicas como la UNAM que han aportado

mucho al desarrollo nacional. Para lograr estos objetivos, revertiremos

los procesos de mercantilización y privatización de la educación y se

buscará asignar un presupuesto público equivalente al 7 por ciento del

PIB. Este hará posible garantizar que se disponga de:

- Una infraestructura suficiente, adecuada y digna;

- Becas escolares, útiles, libros de texto, uniformes y almuerzos a todos los inscritos en el nivel escolar básico;

- Becas escolares a estudiantes de bachillerato y nivel superior del sistema público;

- Un programa especial de fortalecimiento y ampliación de los

recursos educativos en las zonas de mayor rezago y pobreza del país. En

el caso de las zonas indígenas y apoyo con albergues y transporte a

estudiantes de comunidades aisladas. Es indispensable involucrar a los

pueblos indígenas en el diseño de una educación que respete su identidad

cultural.

- Una transformación profunda de los objetivos, procedimientos y

programas de todos los niveles educativos, para asegurar el desarrollo

integral de los estudiantes y el reconocimiento de maestros,

trabajadores y autoridades, al servicio del pueblo de México.

Servicios públicos de salud y medicamentos gratuitos para todos

La promoción, prevención y atención a la salud deben ser

consideradas las bases en que pueda erigirse el bienestar físico,

espiritual y emocional de nuestra población. Se garantizarán servicios

de salud en todas las etapas de la vida accesibles, eficaces, con

calidad, dignos e integrales. Se ampliará la infraestructura pública de

salud con personal, equipo y medicamentos suficientes. Se reconocerán

los aportes de la medicina tradicional indígena y la herbolaria,. Y

avanzaremos hacia un sistema público único de salud con acceso

garantizado y sin obstáculos económicos, geográficos, culturales o

burocráticos.

Reconocer al trabajo como una realización del ser humano

Es urgente que recuperemos el derecho al trabajo como valor fundamental para el rescate de nuestra sociedad.

Estableceremos como divisa fundamental, la organización y el respeto

a los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la ciudad y del

campo, la creación de los empleos que se requieren para reconstruir

nuestro país y la apertura de opciones satisfactorias para quienes se

incorporan a la vida laboral.

Pensión universal a todos los adultos mayores y un sistema de jubilaciones solidario y redistributivo

Disfrutar de tranquilidad y seguridad después de una larga vida de trabajo es un derecho.

Por tanto se garantizará que todos los adultos mayores cuenten con una pensión alimenticia.

Y se construirá un sistema de jubilaciones eficiente y justo,

rescatando las Afore de manos de los bancos y creando un Instituto

Nacional de Pensiones.

Hay que tomar medidas para garantizar que los fondos de los

trabajadores administrados por el Instituto sólo puedan canalizarse a

inversiones en áreas estratégicas de la economía nacional o en obras de

beneficio social.

El cuidado de la naturaleza es una tarea de todos

Enfrentar la catástrofe ambiental mundial, fruto de una

modernización neoliberal, implica una ineludible participación personal,

familiar y comunitaria de todos los pueblos. Requiere cambiar hábitos,

prácticas y costumbres. La defensa del medio ambiente debe ser

incorporada a nuestra agenda de deberes ciudadanos. Mantener la

biodiversidad, la salud, la calidad del aire, el agua y el suelo a

niveles que permitan sustentar la vida y el bienestar de los seres

humanos, la vida animal y vegetal es un principio de una responsabilidad

ambiental.

Cultura, memoria, identidad y voluntad: las fuerzas del cambio

La cultura lleva necesariamente a la democracia porque la

creatividad hace al hombre libre y sobre todo más crítico. El disfrute

de la cultura en todas sus manifestaciones también es un instrumento no

sólo de respeto por uno mismo, sino de liberación.

Una sociedad como la nuestra, hundida en la tristeza y sometida al

terror constante de la violencia y la inseguridad, requiere hacer un

inmenso esfuerzo para recuperar los valores y principios que dieron

sentido a la formación de nuestra nación y que se hallan plasmados en

las obras que constituyen nuestro patrimonio histórico y cultural, así

como en el potencial creador de miles de hombres y mujeres dedicados al

arte y la cultura en nuestras comunidades y pueblos.

Un Estado fraterno y solidario

La enorme desigualdad social de nuestro país ha provocado la

fractura de la convivencia y la armonía de nuestra sociedad, y es uno de

los principales problemas de la nación.

Construiremos un estado fraterno y solidario que atenderá a todos,

pero en primer lugar a la mayoría de la población que vive en la

pobreza. La solidaridad con los desposeídos no sólo es un asunto de

justicia, es la manera más eficaz, más humana y más barata para

garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. Por eso reiteramos

que por el bien de todos, primero los pobres.

Se requiere un nuevo pacto social para reafirmar los derechos de la población y la nueva República.

El derecho a ser felices y al bienestar, son la inspiración

fundamental del proyecto alternativo de nación. Con ella construiremos

juntos, los caminos que conduzcan a la liberación de nuestra patria.

Un México de todos y para todos. Un gobierno democrático del pueblo y para el pueblo.

* (Esta propuesta fue elaborada por una comisión integrada por

Arnaldo Córdova, Enrique González Pedrero, Luis Javier Garrido, José

María Pérez Gay, Víctor Flores Olea, Lorenzo Meyer, Rogelio Ramírez de

la O, Adolfo Hellmund, Juan José Paullada, Octavio Romero Oropeza, Luis

Linares Zapata, Ignacio Marván Laborde, Julio Scherer Ibarra, Jaime

Cárdenas, Luciano Concheiro, Héctor Díaz Polanco, Elena Poniatowska,

Laura Esquivel, Víctor Manuel Toledo, Cristina Barros, Víctor Suárez,

Bolívar Echeverría, Armando Bartra, Jesusa Rodríguez, José Eduardo

Beltrán, Agustín Díaz Lastra, Antonio Gershenson, Claudia Sheinbaum

Pardo, Asa Cristina Laurell, Raquel Sosa Elízaga, Martha Pérez Bejarano,

Bertha Elena Luján Uranga, Eréndira Sandoval y Jesús Ramírez Cuevas).

Este documento es la síntesis de un trabajo más extenso que será publicado posteriormente para contribuir al debate nacional.