*PROYECTO ALTERNATIVO DE NACIÓN
(SÍNTESIS)
Todos a participar en la Consulta Nacional
Es tiempo de reconstruir a México. La actual crisis moral,
económica, ambiental, política y social marca el fin de una época. Esta
degradación ha causado grave daño a las conquistas históricas de los
mexicanos y pone en riesgo nuestra viabilidad como nación.
La rapacidad de la mafia del poder no tiene límites: Concentra la
riqueza en unas cuantas manos, a cambio de condenar a millones de
mexicanos a una vida de pobreza y exclusión inaceptables, cancelando el
futuro de jóvenes y niños. Esa oligarquía se considera dueña de México y
nos han convertido en uno de los países más desiguales del mundo. Con
ambición desmedida, ha secuestrado las instituciones, atropellado las
garantías constitucionales, entregado los bienes nacionales a
extranjeros y devastado el medio ambiente.
La única manera de terminar con estas injusticias es una
transformación profunda del país. Por eso convocamos al pueblo mexicano a
defender sus derechos, a llevar a cabo una revolución de las
conciencias, de alcances históricos, para reconstruir la nación desde
sus cimientos, para hacer realidad la libertad, la fraternidad, la
justicia y la democracia.
El renacimiento de México necesita de la participación de todos los
ciudadanos libres que trabajen en la construcción del bien común.
Queremos un país que dé seguridad y bienestar a sus habitantes, que
respete las libertades y la diversidad; una nación de personas dignas,
solidarias y dichosas: mujeres, hombres, jóvenes, indígenas, campesinos,
obreros, profesionistas, empresarios, estudiantes, niños, ancianos.
Este país ya está cambiando. La energía social está en marcha. Somos
millones quienes estamos comprometidos con la transformación. Nuestra
guía es la historia de las gestas populares, el ejemplo de Hidalgo al
fundar la nación independiente; el de Morelos quien hizo valer la
soberanía popular; el de Juárez al defender la República y el Estado
laico; el de Madero que convocó a una revolución por el sufragio
efectivo. Retomamos la bandera de Zapata por tierra y libertad,
recuperamos el espíritu justiciero de Villa y el compromiso de los
Flores Magón por acabar con la injusticia y la explotación. Nos inspira
el general Lázaro Cárdenas quien defendió la soberanía y la
independencia económica del país.
Estamos convocando al pueblo de México a unir voluntades y esfuerzos
colectivos en un proceso constituyente: para crear la organización
ciudadana que defienda los derechos de todos y las nuevas instituciones
públicas que hagan de México una nación democrática, incluyente y
soberana.
Es la hora de actuar, de organizarse desde abajo y desde la
izquierda, de luchar pacíficamente. Aspiramos a sumar a esa mayoría que
quiere un cambio porque defendemos una razón fundada en el amor a la
igualdad y en el aprecio a la diversidad.
El proyecto de Nación que ponemos a consulta es un punto de partida
para el debate nacional sobre el México que soñamos y queremos
construir. Este documento fue elaborado por un grupo amplio y plural de
intelectuales y especialistas comprometidos con el cambio democrático.
Lo ponemos a discusión para que sea enriquecido con las experiencias,
propuestas, ideas y demandas de todos los sectores. El México que
queremos debe ser construido entre todos. Hasta diciembre de 2010 se
recogerán las aportaciones individuales, colectivas y de los foros de
discusión que se realicen; en marzo de 2011 será presentado el resultado
de la consulta nacional.
El Proyecto Alternativo de Nación definitivo será obra de la participación, amplia y plural, del pueblo mexicano.
10 puntos para el renacimiento de México
1. Promover la revolución de las conciencias y un pensamiento crítico
Frente a la degradación de la sociedad, el desmantelamiento de las
instituciones públicas, la destrucción de la naturaleza, la desigualdad,
la corrupción, la deshumanización, la concentración del poder y de la
riqueza, es imprescindible e impostergable un profundo cambio político,
económico, social, cultural y, sobre todo, moral, ético.
Alcanzar el crecimiento económico, la democracia, el desarrollo y el
bienestar, sólo será posible con una revolución de las conciencias
sustentada en la cultura del pueblo mexicano, en su vocación de trabajo y
en su generosidad; con valores sociales como la solidaridad, el
respeto a la diversidad, el sentido de comunidad, el amor al prójimo y a
la naturaleza y la protección del medio ambiente, que impidan el
predominio del dinero, del engaño, de la corrupción y del afán de lucro,
sobre la dignidad, la moral y el bien común.
Superar la crisis moral
La actual crisis de valores tiene su origen en los principios
neoliberales de la oligarquía que justifican el individualismo, la
desigualdad social, el abuso de poder y la antidemocracia. Esa minoría
que domina la economía y el poder, impone sus concepciones y sus
intereses, por encima del interés público, de las necesidades y del
bienestar de la mayoría de la sociedad.
Una nueva forma de vida
Impulsaremos una forma de vida donde cada mujer y cada hombre ---sin
importar condición social, étnica, creencias o preferencias sexuales---
valga por su trabajo, sus acciones solidarias, su fraternidad, su
lealtad a las normas de convivencia y sus aportes al bienestar de la
sociedad; una sociedad en la que prevalezcan la dignidad, el honor, la
ética y la búsqueda de la felicidad.
Un país donde la virtud sea el hábito de hacer el bien, en el que la
mayor satisfacción de cada uno sea el bienestar de todos, y donde se
recupere el espíritu de servicio a la comunidad.
Recobrar el sentido de comunidad
Esa es la piedra angular de este proyecto. Hay que colocar a la
comunidad y a la vida comunitaria en el centro de la nueva sociedad.
Recuperar los valores de las comunidades rurales y urbanas que aún
existen y resisten por todos los rincones del país, y que aún forman
parte de la idiosincrasia nacional. Superar el individualismo y el
egoísmo, mediante el ejercicio crítico frente al poder, la violencia de
la desigualdad, la ignorancia y el oscurantismo.
Establecer una ética política
La vida pública ha sido corrompida por la subordinación de los
políticos a los intereses del mercado y de los potentados. La
corrupción, la demagogia, el corporativismo, el clientelismo, el
paternalismo y el autoritarismo, son prácticas perversas de la política.
La ética política demanda la participación del pueblo en los asuntos
públicos y el cumplimiento de la obligación de actuar en función de los
intereses de los ciudadanos por parte de los servidores públicos. La
sociedad debe adoptar una actitud conjunta contra la injusticia, el
racismo, el sexismo, la opresión, la desigualdad y la corrupción que
forman parte del sistema de dominación. Y entender la justicia como un
bien común, como equidad de trato hacia todos y deberes colectivos para
eliminar cualquier tipo de opresión.
Crear instituciones de participación
La democracia efectiva es el poder del pueblo. El espíritu
republicano nace de la convicción de que el interés público corresponde
al interés general. La comunidad democrática proviene de la intervención
de la ciudadanía en la vida pública. La recuperación ciudadana de las
instituciones requiere la ampliación de la democracia representativa,
comunitaria y participativa: con elecciones limpias, rendición de
cuentas de partidos, gobernantes y representantes populares; creando
figuras electorales ciudadanas y de participación social en la decisión y
ejecución de planes y programas de gobierno; con el reconocimiento y
respeto de la democracia comunitaria que se practica en pueblos y
comunidades indígenas; y con la instauración de mecanismos de
participación ciudadana.
Promover una cultura democrática
Una conciencia de la responsabilidad entre ciudadanas y ciudadanos,
implica aceptar la pluralidad, entender que todos tenemos los mismos
derechos y reconocer la desigualdad de oportunidades que actualmente
impera y, por tanto, la necesidad de la equidad. Hacerse cargo de las
tareas públicas, proponer, vigilar y participar en las decisiones de
gobierno. La cultura democrática se construye en el ejercicio de los
derechos, en la convicción de que el Estado somos todos. Esta cultura
democrática también implica el diálogo y la acción de los ciudadanos
hacia un fin común, la solidaridad de todos, el respeto y la ayuda mutua
de los diferentes, así como la existencia de un Estado plural y justo.
Impulsar una visión integral de los derechos humanos
Los derechos y las garantías individuales deben ser firmemente
asegurados, junto con los derechos colectivos económicos, sociales y
culturales. En esto consiste el enorme poder moral de los derechos
humanos, hoy negados en la práctica en México.
Las libertades civiles y políticas sólo pueden ejercerse a plenitud
si se cumplen el derecho al bienestar, a la educación, a la seguridad
social, a la propia identidad y a las condiciones de vida que hacen la
felicidad de los hombres en sociedad. Es un imperativo ético incorporar
plenamente los derechos humanos a la Constitución y hacerlos cumplir.
Para ser completamente libre, una persona requiere satisfacer sus
necesidades más elementales de sobrevivencia (alimentación, vestido,
salud, habitación, seguridad de vida) y de convivencia.
Diversidad biológica y cultural
México es uno de los tres países con mayor diversidad cultural y
biológica del mundo. El corazón de esta doble riqueza, herencia
milenaria, está en los pueblos indígenas y en las comunidades agrarias,
en sus relaciones con la naturaleza y en la vida comunitaria. El
colonialismo cultural ha negado la diversidad, imponiendo una visión
nacional única y excluyente, de la misma forma que los modelos
agroindustriales acaban con la enorme variedad de recursos de la
naturaleza. Un México pluricultural y biodiverso implica crear nuevas
condiciones democráticas, de igualdad y equidad para los pueblos
originarios, no sólo culturales sino también económicas, políticas y
sociales, así como formas de producir que conserven la riqueza
biológica. La autonomía indígena es una forma concreta de ejercer el
derecho a la autodeterminación en el marco de la unidad nacional,
potestad reconocida por las leyes internacionales.
Por una modernidad alternativa
Nuestro proyecto está inscrito en el contexto planetario. Hoy se
vive una crisis de la civilización industrial, del capitalismo tardío,
materialista y tecnocrático. El destino de la nación no está aislado de
lo que ocurre en el mundo. El reto político del país es también un
dilema civilizatorio: o seguir alimentando una modernización que
explota, margina y enajena a la ciudadanía, que vuelve al mundo un lugar
de mayor degradación, que es una amenaza ecológica, que concentra los
capitales y pone a la política al servicio de las élites; o, por el
contrario, una modernidad alternativa basada en el equilibrio ecológico,
el uso democrático y racional del agua, la energía, la biodiversidad,
la tecnología y los conocimientos científicos, el control social del
mercado y de los poderes políticos, la democracia participativa y la
recuperación de la cultura en tanto riqueza diversa y factor dinámico de
nuestra historia. Esto supone reconocer la necesidad de descolonizar el
pensamiento. Asumimos como referentes las visiones basadas en el "buen
vivir" y las valiosas innovaciones culturales, morales, políticas e
ideológicas nutridas en la vida de nuestros pueblos originarios y
afroamericanos. En consonancia, la transformación que proponemos
representa un cambio democrático del poder político y la reconstrucción
del poder social.
El nuevo espacio de lo público
Hay que detener la mercantilización de los espacios públicos y
convertirlos en centros de la vida democrática. Frente a la apropiación
privada de todas las esferas de la vida (la salud, la educación, la
ciencia, la cultura, el ocio...), promovemos la creación y ampliación
constante del espacio de lo público (lo que es bueno para todos y el
espacio común de todos), para que se constituya en lugares, ámbitos,
dimensiones, en donde confluir, habitar, dialogar y convivir los unos
con los otros. Un espacio de la diversidad y la pluralidad cultural.
2. El Estado debe estar al servicio del pueblo y de la nación
Actualmente, el Estado mexicano se encuentra bajo el control de una
minoría que utiliza el poder público para su propio beneficio. La
oligarquía tiene secuestradas a las instituciones. Por eso, como pueblo,
debemos recuperar democráticamente al Estado, a través de la
participación activa y del voto ciudadano, y reintegrar las riquezas y
los bienes públicos que han sido enajenados en forma anticonstitucional.
En especial, deben revisarse concesiones y contratos en los casos de la
minería, la industria eléctrica, el espacio radioeléctrico y el
petróleo. Es indeclinable e inalienable el dominio directo de la Nación
sobre el territorio, el subsuelo, los litorales, el espacio aéreo y los
recursos estratégicos, que deben ser administrados en beneficio de los
mexicanos.
La soberanía reside en el pueblo
Hay que restablecer el principio de la soberanía popular para que el
Estado esté al servicio de los ciudadanos y de la nación, y para que
las leyes garanticen los derechos del pueblo.
Establecer un Estado social y democrático
Es Estado debe asumir su responsabilidad con la sociedad, combatir
la desigualdad, tener un papel activo en la economía para impulsar el
desarrollo y el bienestar del pueblo, restablecer el Estado de derecho y
la participación ciudadana en las decisiones de gobierno.
Un gobierno democrático defiende el voto popular, garantiza
elecciones limpias, equitativas y sin dispendio de recursos; dialoga,
hace acuerdo y respeta todas las expresiones ideológicas y políticas;
asegura el ejercicio de la crítica, la expresión libre y el derecho a
disentir.
Los Poderes de la Unión deben estar sujetos al imperio de la ley y
de la Constitución, representando en todo momento los intereses
generales de la sociedad y no sólo a una minoría. Impulsaremos una
verdadera división de poderes que dé lugar a una mutua vigilancia que
limite todos los excesos en el ejercicio del poder, que cumpla con los
objetivos que se fijan en las leyes, la rendición de cuentas y sean
acordes con la voluntad popular. La administración pública federal
obedecerá a los principios de estricta legalidad y transparencia en sus
actos y la permanente rendición de cuentas.
El nuevo federalismo
La relación entre la federación y los estados y municipios debe
replantearse y dejar de lado el centralismo o el faccionalismo a la hora
del reparto del prepuesto público. La capital de la República debe
recuperar su condición de entidad fundadora de la Federación y tener
plena igualdad de derechos respecto a las demás. La refundación
democrática del Estado debe comenzar desde el municipio.
En nuestro país la justicia tiene precio y la impunidad constituye
el pilar fundamental del sistema político mexicano; los tribunales
legalizan los atropellos y los despojos cometidos por los poderosos y
castigan a los indefensos y a los que oponen a las ilegalidades. El
Poder Judicial de la Federación debe ser un auténtico garante y defensor
de la Constitución y sus leyes. Los jueces deben ser intérpretes de la
Constitución y actuar con independencia. Se propone elegir
democráticamente a los ministros de Corte para que representen los
intereses de los ciudadanos y no del poder. No hay democracia sin
justicia para todos.
Construir un Estado democrático de Derecho
En tanto que en México no hay Estado de Derecho, proponemos que el
ejercicio del poder sea democrático, transparente y rinda cuentas a la
sociedad; que existan vías efectivas para garantizar todos los derechos
humanos; que el principio de supremacía constitucional sobre el resto de
las normas legales sea una obligación para cualquier autoridad; mejores
mecanismos de control de constitucionalidad y de las controversias
constitucionales; reconocer la figura jurídica de acciones colectivas
para proteger derechos colectivos e intereses difusos, sobre todo de los
consumidores; establecer mejores mecanismos de rendición de cuentas;
que existan herramientas participativas para que la ciudadana influya
permanentemente el comportamiento de las autoridades (referéndum;
plebiscito; revocación; iniciativa popular; presupuesto participativo;
acción ciudadana de inconstitucionalidad; auditoría ciudadana;
inconstitucionalidad por omisión legislativa, administrativa o de otras
autoridades; audiencia pública; cabildo abierto; consulta popular).
En un Estado democrático la tarea de la seguridad pública es
garantizar la vida, la integridad física, las propiedades y la
tranquilidad de la población. Frente a la actual crisis de seguridad
pública y la violencia desbordada por la equivocada política de combate
al narcotráfico sólo mediante medidas coercitivas. La solución de
fondo, la más eficaz, es combatir el desempleo, la pobreza, la pérdida
de valores y la ausencia de alternativas sociales. Las fuerzas armadas
no deben ser usadas en funciones civiles o para reprimir a los
movimientos sociales. No se permitirán más actos de impunidad desde el
poder y se investigarán las violaciones a los derechos humanos.
La recuperación democrática del Estado será posible con una
insurgencia cívica que reconstruya la República desde abajo, creando
creando modalidades de poder ciudadano, las nuevas instituciones
públicas, los nuevos instrumentos legales y políticos para gobernar con
el pueblo y para el pueblo.
Reconstruir la política exterior
La política exterior debe estar fundada en la igualdad soberana
entre los estados, en la no intervención y la solución pacífica de las
controversias entre naciones y la solidaridad entre los pueblos, que
defienda los derechos de los migrantes, proyecte los valores históricos
de independencia y libertad.
Ejercer la soberanía nacional médula de la política exterior
Ante la realidad de un mundo desigual, dominado por grandes centros
de poder económico y político, es indispensable procurar la equidad
económica, la igualdad soberana y jurídica de los Estados, la
solidaridad internacional y el apoyo a la expresión democrática de los
pueblos. La fuerza de la política exterior será la justicia y la
estabilidad internas. La soberanía nacional se refuerza con una política
que promueva el desarrollo y la democracia, y que nos haga respetados y
respetables en el mundo.
Recuperar nuestro lugar en AL y diversificar las relaciones
México debe recuperar su pertenencia a América Latina y el Caribe y
diversificar las relaciones internacionales hacia todas las regiones y
continentes, con países como Brasil, India y China.
Nuestra unión solidaria con los países del Sur se inscribe en los
objetivos de descolonización y liberación política, económica y cultural
que compartimos con esos países.
Con Estados Unidos, una relación equilibrada, de cooperación, respetuosa de las
soberanías y conciente de las asimetrías
La relación con Estados Unidos debe ser equilibrada, de cooperación,
de beneficio mutuo y respetuosa de las soberanías, haciéndose cargo de
las asimetrías. Debe revisarse el TLCAN. La agenda bilateral debe dejar
de estar centrada en el tema del narcotráfico para proteger nuestra
seguridad y soberanía. Ha de comprender diversos rubros como la
migración, la energía, el agua y el medio ambiente. El gobierno
democrático está obligado a defender a los derechos humanos de los
connacionales que viven y trabajan en la nación vecina. El clima de
intolerancia y de violencia contra los migrantes es inaceptable, los
consulados les deben brindar todo el apoyo legal y la ayuda necesaria.
Nuestra frontera común representa un desafío y una oportunidad para
ambos países pero sin militarización ni muros que nos dividan y
confronten. Generaremos proyectos de desarrollo regional en la frontera
para mejorar los niveles de vida y reducir el flujo de migrantes.
Privilegiar una política multilateral
La política multilateral será el ámbito privilegiado de la acción
internacional de México para recuperar la historia de liderazgo en la
defensa de la paz mundial, de la no intervención, la autodeterminación y
el diálogo del Norte y el Sur. La globalización a que aspiramos es la
de la solidaridad y la cooperación; opuesta a la discriminación o
segregación; afirmativa de los principios de pluralidad, tolerancia y
reconocimiento del otro y de los otros, así como de la integridad
cultural de las comunidades en cualquier parte del mundo.
3. Democratizar el acceso a los medios de comunicación
Es inaceptable que un pequeño grupo posea el control de la
televisión y de la radio, y medre con la ignorancia, el sensacionalismo y
la desinformación en función de sus intereses. Las señales
radioeléctricas, de televisión, telefonía e Internet son bienes públicos
concesionados para cumplir una función de beneficio social. El Estado
debe hacer cumplir el mandato constitucional de garantizar el derecho a
la información y el acceso a los medios de comunicación. La sociedad
debe contar con medios propios para expresar su pluralidad y su
diversidad.
El control y la manipulación que ejerce la oligarquía a través de
los medios de comunicación electrónicos es uno de los principales
obstáculos para instaurar la democracia en México. La transformación del
país reclama un cambio de las relaciones entre la sociedad y los
medios, por eso proponemos:
Democratizar el acceso a los medios de comunicación y a las nuevas tecnologías
La libre competencia y la desconcentración de las concesiones que
otorga el Estado evitará los monopolios de radio y televisión. Estas
medidas abaratan, democratizan y universalizan el uso de las nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación.
Abrir los canales de televisión y de radio suficientes para brindar
este servicio público indispensable y acabar con los monopolios
La ley debe impedir su concentración en unas cuantas manos y regular la relación de los medios con la sociedad y el Estado.
Garantizar el derecho a la información de los mexicanos.
Establecer figuras como el derecho de réplica y de información sobre
asuntos de interés público. Crear una defensoría del público y de los
derechos de la audiencia, encargada de recibir y canalizar consultas,
reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión. Formar un
fondo de fomento para la producción de programas educativos, culturales y
de entretenimiento de calidad para niños y adolescentes y jóvenes.
Vincular la formación educativa a los contenidos de la televisión.
Promover el cine nacional en la televisión abierta y por cable.
Promover el acceso a los medios de comunicación de toda la población, sobre todo a la radio y a la televisión
Los medios audiovisuales son un servicio público, de interés
nacional y son esenciales para el desarrollo cultural y social de la
población. Representan la materialización del derecho inalienable de
expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y
opiniones sin ningún tipo de censura.
Establecer medios públicos que cumplan con el derecho a la información
Medios públicos que reflejen la pluralidad política, étnica, social y
cultural de los mexicanos. Estos medios públicos, al ser entes de
interés colectivo, contarán con presupuesto público, patrimonio propio y
los regulará un consejo ciudadano.
Impulsar y garantizar el funcionamiento de medios comunitarios
Se promoverán las radiodifusoras y televisoras locales y regionales
que permitan el acceso y el manejo de estos medios a pueblos indígenas,
comunidades campesinas, jóvenes, escuelas, universidades y centros de
formación educativa y cultural.
Garantizar el acceso universal a Internet como parte del derecho a
la información y de acceso a las nuevas tecnologías y medios de
comunicación.
4. Por una ética republicana y el combate a la corrupción
La revolución de las conciencias y la participación popular y
ciudadana en los asuntos públicos crean las condiciones para que
florezca una ética republicana que regenere a la nación, moralice la
política, con servidores públicos con vocación de servicio. El servicio
público es una distinción en sí misma y no debe basarse en altas
remuneraciones y derroches que ofenden a los gobernados.
Austeridad republicana
Toda vez que en la vida política e institucional existe gran
dispendio de recursos públicos, excesivos salarios y prestaciones de la
alta burocracia, proponemos, entre otras medidas: la reducción de la
mitad de los salarios de todos los servidores públicos de mandos medios y
superiores, en los tres niveles de gobierno, eliminando bonos
extraordinarios y privilegios de los altos funcionarios, así como
acabar con los dispendios en la operación del gobierno.
Combate a la corrupción
La corrupción implica la violación al sistema normativo para obtener
un enriquecimiento ilícito, mediante el tráfico de influencias, el
clientelismo, el cohecho y el fraude, prácticas ilícitas que en la
actualidad no son castigadas casi nunca. Queremos acabar con las
conductas indebidas y la impunidad; aprobar una ley general que evite
los conflictos de interés; que establezca el delito de corrupción y que
castigue el uso electoral del presupuesto público.
Comisión para investigar la corrupción
Los órganos de fiscalización actúan bajo consigna, no son
independientes y carecen de competencias para revisar el ejercicio de
los recursos públicos. Frente a los graves niveles de corrupción en la
administración pública federal proponemos crear una comisión de que
investigue la corrupción y haga públicas sus conclusiones; hacer de la
Auditoría Superior de la Federación un órgano constitucional autónomo
con mayores atribuciones que las que ahora tiene; eliminar los fondos y
fideicomisos en la administración pública; aprobar una Ley General de
Contraloría Social para abrir canales de participación ciudadana y
control social; rechazar la aprobación de la Ley de Asociaciones
Público-Privadas que pretende liquidar las áreas estratégicas y la
rectoría del Estado en ámbitos fundamentales de la vida nacional como
educación, salud, seguridad pública, comunicaciones e infraestructura.
Transparencia
La fiscalización efectiva por parte de la sociedad y de la opinión
pública depende de la transparencia. Más vigilancia sobre los poderes
formales y fácticos mediante la autonomía constitucional del IFAI y
órganos equivalentes en los Estados; se requiere una ley de
transparencia y acceso a la información pública, para todos los poderes y
órganos del Estado; una ley de transparencia que obligue a abrir su
información a partidos, sindicatos, organizaciones empresariales,
empresas nacionales, trasnacionales y medios de comunicación
electrónica, entre otros; los fideicomisos, fondos, mandatos o figuras
análogas, vigentes deberán ser totalmente transparentes; construir un
sistema nacional de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas
que sustituya a las actuales instituciones y mecanismos anticorrupción.
Un sistema electoral democrático
Si la recuperación democrática del Estado implica la participación
electoral de los ciudadanos para ganar la mayoría a favor del cambio
verdadero, y si el actual sistema electoral carece de legitimidad
suficiente y permite prácticas fraudulentas, se deben tomar medidas como
la garantía plena de la equidad electoral mediante una nueva ley de
radio y televisión que evite la desmedida y distorsionadora influencia
de los medios de comunicación electrónica; disminuir en más de la mitad
el financiamiento público y el costo de las campañas; aprobar el derecho
de réplica y reglamentar la publicidad gubernamental; eliminar el
financiamiento privado; crear instituciones electorales nacionales que
sean realmente ciudadanas e independientes del gobierno, partidos y
poderes fácticos; establecer acciones afirmativas de género en las
candidaturas a cargos de elección popular y en las instituciones
públicas; garantizar el voto de los mexicanos en el exterior; sancionar
cualquier mecanismo de clientelismo y corporativismo en las elecciones;
establecer mecanismos para impedir la intervención de los cárteles de
la droga en elecciones, y perfeccionar la fiscalización de los partidos,
coaliciones, candidatos, dirigentes partidistas y de quienes
intervengan en los procesos electorales.
Acabar con la exclusión social y política
En tanto que el sistema político no le da suficiente voz y
representación a sectores como los pueblos indígenas, las mujeres,
jóvenes, y "minorías" como los homosexuales, proponemos un sistema
político que garantice los derechos humanos de todos y el acceso
efectivo de los ciudadanos a los cargos públicos mediante un sistema de
acciones afirmativas.
5. Crear una nueva economía
La actual crisis financiera y económica mundial revela que el
mercado, sin la regulación apropiada del Estado, no es capaz, por sí
mismo, de ofrecer un desarrollo económico balanceado, eficiente y a la
vez justo. Por esta razón el papel del Estado en la economía ha
adquirido un perfil más activo, concorde con la evolución de la economía
y el mundo. Los gobiernos para fortalecer sus economías están retomando
el espacio que cedieron al mercado y al capital financiero, a la vez
que introducen nueva supervisión y regulaciones en diferentes
actividades económicas y financieras.
En México, el fracaso del modelo económico neoliberal, implantado
hace más de un cuarto de siglo, ha sido evidente: en la práctica el país
no creció, unos cuantos acumularon inmensas fortunas y la mayoría de la
población subsiste en la pobreza. La apertura comercial indiscriminada y
el sometimiento a los dictados de los organismos financieros
internacionales que impusieron los gobiernos neoliberales, no se
tradujeron en un desarrollo económico sostenible e incluyente. La
realidad es que México es de los países que menos crece, que menos
empleo genera, así como la nación con mayor migración y de más grave
desigualdad. Estas son las razones prácticas por las que se requiere
reformular el modelo económico y la estrategia de desarrollo.
Los gobiernos neoliberales desmantelaron la planta productiva
nacional, las instituciones y las políticas sociales y económicas del
Estado mexicano, auspiciaron el saqueo con las privatizaciones de
empresas y bienes públicos, apostaron todo a la dependencia con el
exterior y entregaron el control de la economías a unas cuantas empresas
y monopolios; políticos y corporativos formaron un grupo oligárquico
que se apoderó del poder público para perpetuar sus privilegios.
El Estado debe asumir su obligación de velar por la prosperidad de
la población y no sólo por los negocios de un puñado de empresarios.
Estamos comprometidos con un Estado de bienestar y el combate a la
desigualdad, que apoye a las empresas y productores nacionales, que
impulse las cadenas productivas regionales y la creación de empleo.
Un Estado que fortalezca el tejido social y los mecanismos
económicos de subsistencia, solidaridad comunitaria, ayuda mutua,
asociacion; además del mercado justo y la economía local.
El nivel de vida de la gente será el principal indicador de la nueva economía
El objetivo central del nuevo modelo económico es aumentar el
bienestar de los ciudadanos y reducir la desigualdad social, uno de los
mayores problemas de nuestro país. Esto se puede lograr reorientando la
economía para favorecer la producción y el empleo. El propósito
principal no es sólo lograr buenos indicadores financieros, sino mejorar
los niveles de vida reales de la gente, a través del crecimiento, el
empleo y mejores salarios.
La nueva política económica se enfocará en la economía real, en el
trabajo y en la producción de los bienes que necesitamos, en lugar de
privilegiar estímulos a los capitales financieros y especulativos. Sin
producción no hay empleos, industrias, consumo, mercado, bienestar
colectivo, ni economía poderosa, ni nación soberana. La nueva economía
debe generar mayor equidad, competencia y competitividad. Asimismo, se
proponen mecanismos para un crecimiento incluyente, cuyos frutos se
distribuyan de forma equitativa entre la población, logrando una mejoría
creciente y permanente en el bienestar de los mexicanos.
El Estado debe reasumir su responsabilidad de conducir el desarrollo
La nueva política económica debe basarse en la planeación del
desarrollo de acuerdo con el interés nacional y el ejercicio
democrático. Es fundamental la intervención pública --de sociedad y
gobierno-- para reactivar la economía y generar empleos, sobre todo en
épocas de recesión. Debe anteponerse el interés nacional a cualquier
participación de México en acuerdos o proyectos impulsados por gobiernos
extranjeros y organismos financieros internacionales, sin detrimento de
la continua participación de México en el mundo. El Estado mexicano
recuperará su papel de promotor del desarrollo y, con la participación
de los sectores privado y social, desarrollará planes para integrar
cadenas productivas locales y regionales y maximizar el empleo y el
valor agregado nacionales. En el desarrollo nacional es clave el apoyo a
la educación, la ciencia y la tecnología.
Las llamadas reformas "estructurales" que impulsa el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial ya están desacreditadas en el resto
del mundo --en México justificaron el pillaje, en particular con las
privatizaciones y los rescates como el Fobaproa. A pesar del fracaso, el
PRI, el PAN y la oligarquía, insisten en continuar la misma política
económica y aprobar la reducción de prestaciones y del poder de
negociación de los asalariados, la sustitución de impuestos directos por
indirectos, haciendo más injusto el sistema fiscal al restarle
progresividad y la privatización de la industria eléctrica y petrolera.
Una economía fuerte con mayor competencia interna y competitividad frente al exterior.
La competitividad es clave para crecer; la competencia interna es
clave para lograr la competitividad, ya que precios altos en lo interno
dañan la competitividad. El combate a los monopolios y precios
competitivos en los energéticos son requisito indispensable para crecer,
así como para evitar la concentración excesiva del ingreso e ir
mejorando la equidad social.
Una economía nacional firme en la globalidad
La globalización económica es real y debe tomarse en cuenta. Hay
países como Brasil, India y China que han sacado buen provecho de las
tendencias globales; otros, como México, se han quedado atrás. En esos
países el papel del Estado ha sido central en su desarrollo.
Nuestra propuesta considera el contexto internacional para
fortalecer nuestra economía interna y aprovechar las oportunidades del
mercado mundial. En las relaciones comerciales con el exterior se
buscará equilibrio y reciprocidad con los distintos socios comerciales.
Fortalecer la economía popular y la pequeña y mediana empresa
El fortalecimiento de la economía familiar y de la economía a baja escala es parte fundamental de la nueva política económica.
Son las pequeñas y medianas empresas las que más generan empleo en
México, por lo que habrá programas de crédito y facilidades para el
autoempleo para multiplicar este tipo de empresas.
Apuntalar al hogar como unidad económica fundamental
La sociedad no sólo debe recuperar su lugar en la economía local y
regional como generadora de bienestar, riqueza y empleo, también debe
alcanzar a la propia economía doméstica o del hogar, que es una
dimensión habitualmente olvidada de la planeación económica. En plena
sinergia con el Estado, los ciudadanos deben tomar acciones en relación
con la alimentación, la salud, la vivienda, el agua y el crédito, con
conciencia ecológica y social, a fin de adoptar una nueva forma de vida
y de edificar hogares seguros, sanos y autosuficientes. Lo anterior
significa construir un poder doméstico para enfrentar de mejor manera y
solidaria los retos e incertidumbres del futuro.
Planeación sectorial y regional con participación social y privada
La cooperación estrecha de los sectores público, social y privado es
un principio básico para construir una economía fuerte y una sociedad
más justa. Se debe propiciar la convergencia de la inversión pública y
privada mediante estrategias de desarrollo regional.
El Estado apoyará la viabilidad y facilitará el diseño y ejecución
de los planes, con la participación de los sectores social y privado de
las propias regiones, poniendo el énfasis en el incremento del valor
agregado y la creación de empleos.
Aumentar la inversión pública en infraestructura
En este rubro, el gobierno recuperará, gradualmente, los niveles que
se registraron en los periodos de alto crecimiento económico. La
inversión en infraestructura genera mucho empleo y requiere de menos
divisas que otras actividades.
Financiamiento accesible y barato para las actividades productivas
A través de diversos canales (banca nacional, banca regional, banca
de desarrollo) se instrumentarán esquemas para asegurar financiamiento a
la actividad productiva en montos y condiciones comparables a las de
nuestros competidores.
Se requiere promover el apoyo de la banca privada a este propósito,
además de impulsar los bancos regionales y reestructurar la banca de
desarrollo para que apoye directamente a los agentes económicos.
Los movimientos de capitales y operaciones financieras especulativas no deben estar exentas de impuestos
Se deben gravar con tasas vigentes de impuestos sobre la renta y con
ello evitar ineficiencias en la asignación de recursos o sobrevaluación
artificial de la moneda que al final sólo dañan la planta productiva y
el empleo.
El Banco de México debe velar por el crecimiento y no sólo controlar la inflación
Que el BM haga un nuevo balance de riesgos en donde es un riesgo la
inflación, así como también un alto desempleo de la planta productiva.
Se propondrá al Poder Legislativo cambiar el mandato del Banco de
México, para que incluya crecimiento y no solamente combate a la
inflación.
Revisar los tratados de libre comercio para lograr relaciones equitativas
Se buscará aumentar la producción en el campo, lograr la
autosuficiencia alimentaria y crear las condiciones para que los
campesinos y agricultores puedan arraigarse en sus comunidades. Debe
revisarse el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, para que
sirva como instrumento para una relación equitativa en la región.
Particularmente, se debe renegociar su capítulo agropecuario, sobre todo
en granos como el maíz y el frijol.
La mejor defensa de los derechos de los trabajadores es impulsar la democracia sindical
Para lograr una mejor distribución de los frutos del crecimiento, se
buscará garantizar la plena representación de los asalariados, mediante
una verdadera democracia sindical, incluyendo el voto secreto, la mayor
transparencia y rendición de cuentas del uso de los recursos sindicales
y evitando cualquier injerencia patronal o gubernamental. También se
impulsará la recuperación del ingreso de los trabajadores. Se alentará
la productividad con reparto de beneficios. Se dará protección al
trabajo y se promoverá el empleo formal y la justicia laboral imparcial
y oportuna.
Todas las políticas de desarrollo y proyectos económicos tendrán en
cuenta sus impactos ambientales y serán sustentables desde el punto de
vista ecológico
Hoy los recursos naturales y la calidad del aire, suelos y agua, han
sido objeto de agudos procesos de deterioro. Ello es especialmente
notable en los casos de la minería, el turismo, la extracción petrolera,
la expansión urbana, y las modalidades industriales de agricultura,
pesca, ganadería y producción forestal.
Consumo responsable
Promover en la sociedad la responsabilidad en el consumo y la
información técnica para normar la adquisición de productos naturales
sanos y artículos que no dañen la naturaleza. Reducir el consumo de
productos contaminantes. Poner en práctica la reutilización y el
reciclamiento. Auspiciar el consumo solidario, el pago justo por el
trabajo realizado, eliminar discriminaciones, potenciar alternativas
sociales y de integración para procurar un nuevo orden social.
6. Combatir los monopolios
Los monopolios producen altos costos económicos y sociales y el
enriquecimiento de unos cuantos privilegiados. En México los grandes
monopolios están vinculados al poder político y, sin justificación,
encarecen bienes y servicios, dañando la economía de sectores populares,
clases medias, pequeños y medianos productores, empresarios y
comerciantes, que se ven obligados a pagar precios exagerados.
Los intereses de los monopolios están representados en la oligarquía
que domina la vida política y los protege de la competencia. Sus
prácticas disminuyen el poder adquisitivo del salario, dañan a la planta
productiva, afectan la calidad de vida de las familias y profundizan la
desigualdad social.
Los monopolios y los precios abusivos son anticonstitucionales
La apertura comercial acabó con la mayoría de las empresas
nacionales y privilegió a unas cuantas, muchas de ellas extranjeras. Los
monopolios imponen su ley en el mercado, a pesar de estar prohíbidos
por el artículo 28 de la Constitución mexicana.
En este país empobrecido, la población paga más por bienes y
servicios que en las naciones ricas, a cambio de pésimas condiciones de
calidad.
Es injustificable e inaceptable que, por ejemplo, con un salario
mínimo doce veces menor que el mínimo en Estados Unidos, los mexicanos
paguemos por el cemento gris 100 por ciento más que los estadounidenses;
17 por ciento más por teléfono de línea fija; 240 por ciento más por
llamadas de larga distancia nacional; 205 por ciento más por la
electricidad residencial de alto consumo; 20 por ciento más por
electricidad de alta tensión; 116 por ciento más por la tarjeta de
crédito; 309 por ciento más por servicio básico de televisión por cable;
176 por ciento más por crédito a la vivienda.
Los precios exagerados quitan hasta el 15% de los ingresos de la gente
Los precios exagerados quitan a las familias entre 10 y el 15 por
ciento de sus ingresos y reducen el consumo y el ahorro de las familias.
Las grandes empresas privilegiadas están protegidas contra la competencia
Desde del gobierno se protege a los monopolios y se frena cualquier
intento de entrada de nuevos competidores. De continuar estas prácticas,
México no podrá competir con otros países ni habrá nuevos empleos y, a
la larga, tampoco habrá oportunidades para las nuevas generaciones.
Los monopolios acaban con las inversiones productivas y el empleo
Una parte de las utilidades que legítimamente podrían obtener las
empresas de menor tamaño o el ahorro que podrían hacer los consumidores,
son transferidas en forma de precios altos a los monopolios.
Las empresas no favorecidas para operar deben reducir los salarios.
Eso obliga a las pequeñas industrias a operar muy por debajo de su
potencial y a los consumidores a reducir su consumo.
Con una regulación efectiva contra prácticas monopólicas, la economía crecería más
Si se evitaran los abusos de precios de los monopolios, sin precios
exagerados, la economía nacional podria crecer entre 2 y 4 puntos
porcentuales del producto interno bruto. Las prácticas monopólicas son
un freno del crecimiento económico y el empleo.
La competencia debe ser una prioridad de Estado
La actual Ley de Competencia es ambigua, impecisa y sin sanciones
suficientes; no garantiza eliminar precios abusivos, atiende solo
algunas prácticas anti-competitivas, pero está muy lejos de resolver el
problema estructural de precios abusivos. La Comisión de Competencia
tiene poca capacidad administrativa y regulatoria. México está en la
posición número 60 de 134 países en materia de competitividad. Sin
competencia, México no crecerá ni creará empleos.
Aplicaremos nueva legislación para acabar con los monopolios y
actuar directamente contra los abusos y precios exagerados de productos y
servicios, para crecer y crear empleo y oportunidades.
7. Abolir los privilegios fiscales para redistribuir la riqueza con justicia
La economía mexicana atraviesa por una de las peores crisis de su
historia; en 2009 la caída del Producto Interno Bruto (PIB) en 8 por
ciento, significó un retroceso importante en los niveles de vida de la
población. Ante esta circunstancia, las medidas aplicadas por el
gobierno de Felipe Calderón han sido totalmente contrarias a las
necesidades de la mayoría.
Basta mencionar los aumentos al IVA como al ISR, a las gasolinas que
repercuten en los precios de los bienes y productos que consume la
gente, afectando a los que menos tienen.
Se incrementaron los principales impuestos y se crearon nuevos, por
el afán del gobierno federal de aumentar la recaudación inmediata sin
planeación alguna. Se instrumentó el Impuesto Empresarial a Tasa Única
que no resolvió la necesidad de allegarse recursos financieros
importantes. Por el contrario, complicó aún más el cumplimiento de las
obligaciones fiscales.
Eliminar los regímenes fiscales preferenciales
Se ha castigado fiscalmente a la mayoría de la población para no
enfrentar a los sectores de la economía que gozan de privilegios
fiscales y reducen en forma importante los ingresos del Estado.
En México 60 por ciento de la recaudación fiscal del ISR recae en
las personas físicas: trabajadores, empleados, profesionistas, pequeños y
medianos empresarios, lo que no sucede en otros países con un
desarrollo económico similar al nuestro. Las personas físicas,
proporcionalmente, pagan más al fisco que los grandes grupos
corporativos.
En 2009, el erario público dejó de percibir cerca de 700 mil
millones de pesos debido a que las leyes fiscales permiten una serie de
privilegios tributarios denominados "Gastos Fiscales" que benefician
sobre todo a los contribuyentes de mayores ingresos.
La propia Ley de Ingresos del 2009 reconoce que los grandes
corporativos, 420 grupos empresariales constituidos a lo largo del país,
pagaron sólo el 1.78 por ciento de sus ingresos totales en materia del
ISR.
Los privilegios fiscales, tratamientos fiscales especiales con fines
diversos, deben desaparecer ya que son altamente regresivos y
benefician mayormente a las grandes empresas.
Con la desaparición de estos regímenes, la recaudación se
incrementaría en 5 por ciento del PIB, lo que contribuiría a mejorar la
distribución del ingreso en beneficio de las clases más necesitadas.
La recaudación tributaria en nuestro país apenas alcanza el 11 por
ciento del PIB, y en algunos años de la presente administración ha sido
menor.
La paradoja es que en México, mientras las empresas producen entre
el 55 y 60 por ciento del ingreso nacional, su contribución de ISR es
apenas 2.65 por ciento del PIB; en cambio los asalariados, que aportan
el 25 por ciento del ingreso nacional, contribuyen con 2.20 por ciento.
Por otra parte, basta mencionar que un asalariado de ingreso medio
contribuye con 20 por ciento de su ingreso total en impuestos, en tanto
que las grandes empresas lo hacen en un promedio de 3 por ciento de sus
utilidades, lo cual es altamente inequitativo.
La autoridad tributaria también ha fallado en su intento de
incrementar la recaudación a pesar de la creación del Sistema de
Administración Tributaria y del incremento sustancial de la burocracia
en esta entidad, que cuenta con más de 20 mil empleados.
Aumentar en tres años la recaudación fiscal en 10%del PIB
La propuesta en materia tributaria que se hace a los ciudadanos
busca, en el corto y mediano plazo --en un máximo de 3 años--, aumentar la
recaudación en 10 por ciento del PIB.
México ha alimentado sus finanzas principalmente con los ingresos
públicos que provienen del petróleo. Esos recursos deben beneficiar a
las clases más necesitadas del país.
Incrementar la recaudación con equidad
En primer lugar, se trata de suprimir los privilegios fiscales
preferenciales, con lo cual incluso se simplificaría el cumplimiento de
las obligaciones fiscales. Entre los principales:
-Gravar los ingresos generados de las ventas de acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores.
-Eliminar por completo el régimen fiscal de consolidación.
-Eliminar la depreciación acelerada de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
-Eliminar los regímenes fiscales preferenciales para las grandes empresas del sector primario y del transporte.
-Eliminar otras exenciones que benefician principalmente a las asociaciones civiles que persiguen fines de lucro.
Hacer eficiente la Administración Tributaria
Es necesario que la administración fiscal sea más eficiente; que el
fisco federal recupere recursos derivados de las distintas auditorias
que realiza la Secretaría de Hacienda, con una mejor fiscalización y
procesos jurídicos adecuados que conlleven a obtener fallos favorables
para recobrar dinero para el fisco. Basta mencionar que en 2008, apenas
se pudo recobrar el 1.95 por ciento de 463 mil millones de pesos ganados
por la SHCP en distintos procesos judiciales.
Fortalecer la fiscalización a las grandes empresas
Las grandes empresas nacionales como extranjeras, debido a su
capacidad financiera y a su composición corporativa, eluden al fisco de
manera muy considerable, por lo que hay que fortalecer los instrumentos
de fiscalización hacia ese sector.
Certeza jurídica
El contribuyente espera certeza jurídica de largo plazo del sistema
fiscal. Hay que reducir al máximo las modificaciones fiscales. Hoy es
altamente cambiante el sistema, incluso a través de circulares
administrativas se modifica mensualmente, lo que complica el
cumplimiento correcto de las obligaciones fiscales y la propia
administración fiscal.
Eliminar el Secreto Fiscal
Es necesario transparentar los procesos de recaudación y las
aportaciones de los contribuyentes del Sistema Tributario Mexicano. Que
Congreso de la Unión y la población en general tengan acceso a la
información fiscal con base en la Ley de Acceso a la Información. Esto
con el objeto de conocer las razones y circunstancias tanto de las
personas físicas como de las empresas que deben de contribuir en forma
equitativa y proporcional al gasto público, como lo señala la
Constitución de nuestro país.
Eliminar el Impuesto Empresarial a Tasa Única
Este gravamen se originó con el propósito de anular los privilegios o
gastos fiscales contemplados en la ley del ISR. El gobierno federal no
quiso enfrentar a los diversos sectores económicos modificando la ley
del ISR, sino creó un nuevo impuesto, lo cual complica aún más el pago
correcto de las obligaciones fiscales. Ese gravamen debería incluirse en
la base gravable de la ley del ISR.
La política fiscal debe contribuir a la redistribución justa de la riqueza
México necesita una política tributaria que sea instrumento esencial
de una política económica que contribuya a mejorar la distribución del
ingreso de los mexicanos. En el mediano plazo, se puede lograr el
incremento de la recaudación federal a 10 puntos del PIB, sin subir
impuestos ni crear nuevos, a través de una reforma fiscal equitativa y
haciendo eficiente la administración tributaria.
8. El sector energético, palanca del desarrollo nacional
Los gobiernos neoliberales, en sistemática contravención del orden
constitucional, han provocado el abatimiento del sector energético
nacional, especialmente en el ámbito público, reservado al Estado.
Las actividades del sector han sido convertidas en centros de
negocios privados. Se han desplazado y sustituido las capacidades
nacionales de ejecución y desarrollo tecnológico, al grado de convertir a
Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad en simples
administradoras de contratos que favorecen predominantemente a
particulares, sobre todo extranjeros.
Los más recientes ejemplos, son la desintegración de Luz y Fuerza
del Centro, el despojo al Sindicato Mexicano de Electricistas y el
remate a Televisa de 21 mil kilómetros de estratégica fibra óptica
instalada con presupuesto público.
Actualmente campean la corrupción generalizada y la falta de
dirección prácticamente en todas las áreas del sector. Como una de sus
consecuencias, se han vulnerado los resultados de las inversiones
públicas, ya de por sí insuficientes, debido a que el sector energético
no ha recibido el tratamiento que su relevancia estratégica requiere.
Tal es el caso de la inseguridad de las instalaciones, la falta de
mantenimiento preventivo, y los riesgos no evaluados de la perforación
en aguas profundas.
Con base en estas consideraciones, proponemos el fortalecimiento del
sector energético mexicano, a fin de orientarlo al logro del desarrollo
nacional, la equidad social y el bienestar general de la población:
El petróleo al servicio de la Nación
Poner toda la producción y la transformación de hidrocarburos al
servicio exclusivo de la Nación, como lo ordena nuestra Constitución. La
exportación debe ser consistente con las necesidades del país de
optimizar el uso de sus recursos en el corto y en el largo plazo bajo
esquemas racionales. Se buscará no exportar ni un solo barril más de
petróleo crudo sin valor agregado, ni permitiremos contrato alguno de
explotación al margen del espíritu y el mandato expreso y claro de
nuestra Constitución.
Restitución integral de las reservas. Restituir gradual y
consistentemente el cien por ciento de las reservas que se extraigan
cada año. Para lograrlo, se debe reforzar la exploración para encontrar
nuevas reservas de hidrocarburos, así como invertir lo necesario donde
se tiene evidencias científicas de que existen mayores probabilidades de
éxito. Asimismo se debe detener la perforación inútil, donde solamente
obtienen ganancias los contratistas.
Tres refinerías para reducir importaciones y precios de
combustibles. Hay que disminuir y finalmente eliminar la
desproporcionada importación de gasolinas. Para ello, se construirán
tres grandes nuevas refinerías, en los sitios más convenientes para el
interés de la nación. Eso permitiría disminuir los precios de las
gasolinas, el gas y el diesel a los consumidores y a la industria
mexicana. De la misma forma, se requiere promover el uso eficiente de la
energía y de los combustibles para evitar su desperdicio.
Reactivar la petroquímica nacional. Aprovechar de forma óptima los
recursos nacionales y con ello reducir de manera eficiente y competitiva
la importación de productos petroquímicos, mediante la reactivación de
esta rama de la industria mexicana, a partir de las materias primas que
hoy se desaprovechan y se queman a la atmósfera, principalmente el gas
etano, que es imprescindible para múltiples ramas industriales. En vez
de privilegios a los monopolios, deben darse estímulos y oportunidades a
emprendedores mexicanos.
Acabar con el contratismo en Pemex. Erradicar el contratismo y
fortalecer las actividades sustantivas de Petróleos Mexicanos y el
Instituto Mexicano del Petróleo. Para ello, se debe incorporar la mayor
integración nacional posible. También se debe otorgar preferencia a la
formación y la experiencia de nuestros técnicos, profesionales y
científicos de altos niveles, a fin de lograr la autosuficiencia,
mediante la asimilación y el desarrollo de nuevas tecnologías.
Para tales fines, se debe utilizar como puntal y favorecer a la
Universidad nacional Autónoma de México, al Instituto Politécnico
Nacional y a otras universidades y tecnológicos de todo nuestro país.
Terminar con la privatización de la industria eléctrica.
A fin de recuperar la soberanía en la generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica, y para llevar las tarifas eléctricas a
niveles justos y competitivos, se debe:
Cancelar la contratación a particulares para generar energía eléctrica.
Rescatar para la Nación, las centrales de generación establecidas al margen de nuestra Constitución.
Reforzar a la Comisión Federal de Electricidad, con la
modernización, rehabilitación y ampliación de su parque de generación,
sobre todo en la región central donde desde hace décadas no se
construyen plantas generadoras.
Revertir los procesos de privatización del servicio público de
electricidad tras la liquidación de Luz y Fuerza del Centro y reconocer
los derechos de los trabajadores electricistas, despedidos injustamente,
y su participación en el fortalecimiento de la industria eléctrica
nacional en el centro del país.
Dar impulso al Instituto de Investigaciones Eléctricas para el desarrollo de ciencia y tecnología aplicadas a la energía.
Fortalecer la investigación científica y tecnológica nacionales
Otorgar prioridad a la investigación y asimilación de tecnologías
para el desarrollo de ingenierías mexicanas como mecanismo de
independencia y asimilación tecnológica en el sector de la energía.
Impulsar energías alternativas limpias.
Tradicionalmente, el sector energético no se ha preocupado mucho en
proteger nuestro ambiente natural. Tenemos que ser cuidadosos con
nuestro patrimonio ambiental. Para ello, se debe impulsar el desarrollo
de fuentes de energía alternativas, renovables y limpias, a fin de
limitar y revertir los efectos nocivos que la combustión de
hidrocarburos causa a nuestro planeta, como el calentamiento global por
efecto invernadero y, en general, la contaminación de suelos, aire y
aguas de nuestro país.
Impulsar la transición energética.
El mundo vive el fin de la era del petróleo. Por ello se debe
impulsar de manera inmediata una política de transición energética que
incremente las fuentes de energía renovables (solar, eólica, hidráulica,
biomasa, etc.). Se debe impulsar el desarrollo de fuentes de energía
alternativas, renovables y limpias, a fin de limitar y revertir los
efectos nocivos que la combustión de hidrocarburos causa a nuestro
planeta, como el calentamiento global por efecto invernadero y, en
general, la contaminación de suelos, aire y aguas de nuestro país.
Comisión de la Verdad para investigar la corrupción en Pemex y CFE
Erradicar y limpiar a profundidad, toda forma de corrupción y daño
patrimonial al sector estatal de la energía, con énfasis en Petróleos
Mexicanos y en CFE. Asimismo, establecer un sistema de verdadera y total
transparencia. Por su importancia para la economía del país y por el
gran daño que se ha causado a los mexicanos por los malos manejos en
Pemex y CFE, proponemos una investigación a fondo para lo cuál se
integrará una Comisión de la Verdad.
Bajar las tarifas de electricidad y los precios de los combustibles
En atención a las características de cada región de nuestro país,
aplicar un nuevo sistema de tarifas y precios justos y competitivos de
combustibles y de energía eléctrica, que permitan garantizar el
suministro suficiente y eficiente, tanto a la industria mexicana, como a
los consumidores nacionales.
Estas propuestas corresponden a un nuevo modelo para el sector
energético, que defina una nueva cultura energética, una nueva relación
entre la energía y la sociedad, basada en fuentes para suministrar y
prácticas de consumo de la energía, con procedimientos más seguros, más
económicos, más limpios y más eficientes.
La expropiación del petróleo encabezada por el general Lázaro
Cárdenas del Río, ha sido escamoteada y, sobre todo, suplantada por una
política contraria a su espíritu original, que consiste en que los
recursos energéticos sean de beneficio para todos los habitantes y
sirvan de base para la independencia económica de México.
Por ello necesitamos encaminarnos hacia un nuevo modelo energético
que sea la base de la verdadera independencia, la cabal soberanía, así
como el desarrollo económico y social que merece el pueblo de México. En
otras palabras, un modelo que actualice los principios históricos que
llevaron a nuestro país a nacionalizar el petróleo y la industria
eléctrica y que siguen vigentes.
9. El campo y la soberanía alimentaria
Reanimar al campo y a la agricultura
Revalorar y reactivar al agro arruinado por las políticas
neoliberales es prioritario y constituye un asunto de seguridad nacional
pues de eso depende la alimentación del pueblo mexicano y el empleo e
ingreso de millones, pero también la preservación del medio ambiente, de
la cultura y la convivencia y de la seguridad interna. O revitalizamos
al campo o seguiremos destruyendo la naturaleza, importando comida,
perdiendo nuestra identidad, expulsando mexicanos a Estados Unidos y
sometidos al narco que aprovecha la pobreza rural para controlar
regiones enteras.
Recuperar la soberanía y autosuficiencia alimentarias
Porque un pueblo que importa 40% de lo que come es un pueblo
sometido a las potencias agroexportadoras, ejerceremos el derecho a
definir y aplicar nuestras propias políticas de producción, distribución
y consumo de alimentos sanos, nutritivos y culturalmente adecuados. Y
lo haremos promoviendo, ante todo, la pequeña y mediana agricultura
campesina, única que puede ser a la vez socialmente justa,
ambientalmente sana y económicamente viable, es decir sostenible.
Preservar el mercado agroalimentario interno y reactivar las cadenas productivas
Fracasado el modelo agroexportador y maquilador que sólo ve hacia
fuera, habremos de atender de nuevo la demanda nacional y los mercados
locales, lo que significa integrar cadenas económicas donde la
producción se vuelve mercado de la producción, impulsando sistemas
comerciales, agroindustriales y financieros, sobre todo de carácter
asociativo.
Proteger y restaurar el medio ambiente con un aprovechamiento responsable y una agricultura orgánica y ecológica
La crisis ambiental resulta de patrones de
industrialización-urbanización insostenibles, pero también de una
agricultura destructiva que degrada tierra, agua, aire, flora y fauna,
al tiempo que envenena al cultivador y al consumidor. Por ello,
cambiaremos el rumbo: no más promoción a los agrotóxicos y semillas
transgénicas impuestos por las transnacionales, y si en cambio impulso a
las prácticas agroecológicas que aumenten la productividad sin dañar a
la naturaleza.
Impulsar la economía rural solidaria
Gracias a la Revolución de1910 y la Reforma Agraria, la tierra y los
bosques de México son, en su mayor parte, de las comunidades campesinas
e indígenas, no así su explotación que es cada vez más privada y
depredadora. Devolver el usufructo de estos recursos a sus legítimos
poseedores supone respetar y potenciar desde la administración pública
las prácticas económicas autogestivas y solidarias, tradicionales e
innovadoras, habituales entre indígenas y campesinos.
Defender los derechos del migrante y el derecho a no emigrar
El éxodo campesino a Estados Unidos es un hecho, de modo que
defenderemos aquí y allá los derechos de los migrantes, tanto de los
nacionales como de quienes en su camino cruzan por México. Pero no
podemos conformarnos con que el campo y el país se sigan vaciando.
Porque sin el derecho a quedarse la emigración es expulsión,
dignificaremos la vida del campo y trabajeremos con el Congreso para
darle contenido y exigibilidad a los derechos al trabajo y el empleo
digno, que garantiza la Constitución.
Preservar el carácter público y el usufructo colectivo de los recursos naturales y saberes comunitarios
Porque la vida no es una mercancía, defenderemos de la privatización
nuestro rico patrimonio físico, biológico y cultural amenazado por
empresas trasnacionales que pretenden apropiarse de tierras, aguas,
minas y bosques pero también patentar los conocimientos tradicionales y
los códigos genéticos de los seres vivos.
Hacer valer los derechos de las mujeres campesinas
A la opresión y marginación que prevalece en el agro se añade, en el
caso de las mujeres, la opresión proveniente de la sociedad patriarcal.
Por ello haremos prevalecer sus derechos reproductivos, económicos,
laborales, sociales, políticos, culturales y agrarios. Cuestión que no
se reduce a establecer cuotas por sexo en los programas públicos, sino
que demanda asumir ante todos los temas una perspectiva de género, pues
hasta ahora el reconocimiento de sus aportes y la aguda visión femenina
de la problemática agraria ha estado ausente en la política y la vida
publica rurales.
Trabajar para restablecer la esperanza y recuperar para el agro a los jóvenes rurales
El México urbano no tiene futuro sin el México rural, pero las
nuevas generaciones campesinas desertan de un agro que sienten cárcel y
condena. Es de vida o muerte para el país recuperar para el campo a los
jóvenes, igualando los servicios rurales con los urbanos pero también
impulsando proyectos de desarrollo agropecuarios, pesqueros y forestales
a la altura de sus capacidades y de sus legítimas aspiraciones y
expectativas.
Reconocer los derechos autonómicos de los pueblos indígenas
Porque durante cinco siglos los indígenas han sido oprimidos casi
hasta la extinción, no puede haber cambio profundo sin abatir el
colonialismo interno. Esto significa reconocer sus derechos políticos,
socioeconómicos y culturales, lo que incluye formas específicas de
autogobierno en sus territorios, derechos colectivos al usufructo de los
recursos naturales ubicados en sus ámbitos de dominio, aplicación de
normas consuetudinarias de convivencia, preservación y desarrollo de su
cultura.
Revitalizar nuestra cultura y nuestra identidad
En el campo están nuestras raíces y México perderá su identidad si
no se reconcilia con el México profundo, que es en gran medida el México
rural. Pero el agro ha sido postergado por tecnócratas que lo
consideran como cosa del pasado. Nosotros, en cambio, vemos al campo
también en el porvenir. Impulsaremos, por ello, un nuevo y más justo
pacto entre el México urbano y el México rural, y en este marco, una
relación más justa y respetuosa entre el gobierno y el mundo agrario.
Fortalecer la rectoría del Estado en la promoción y regulación de los mercados agroalimentarios
Ante el fracaso y distorsiones del modelo de libre mercado y la
falacia de la autorregulación de los mismos, fortaleceremos el papel
constitucional del gobierno para conducir, promover y regular el
desarrollo y funcionamiento de los mercados agroalimentarios, impulsando
la participación de los agentes sociales y privados en forma equitativa
y realmente competitiva, con una visión de Estado y de largo plazo,
propiciando certidumbre y estabilidad para la cadena e incluyendo entre
otras acciones el establecimiento de una reserva estratégica de
alimentos, precios mínimos garantizados, producción nacional de insumos,
control de precios de los mismos y acceso universal al crédito y
servicios financieros.
10. Estado de Bienestar y lucha contra la desigualdad
El bienestar de la población debe ser el eje principal de todas las
acciones de un gobierno comprometido con la transformación democrática
de la sociedad. Las libertades y derechos no pueden ejercerse plenamente
si los mexicanos no tenemos resueltas necesidades elementales como el
trabajo, alimentación, salud, educación, vivienda, seguridad y
tranquilidad social.
Los gobiernos neoliberales de los últimos 28 años adelgazaron al
Estado, redujeron el gasto social y desmantelaron instituciones sociales
y culturales, ocasionando el deterioro de la seguridad social, salud,
educación, cultura y sobre todo el deterioro de nuestra calidad de vida.
Hoy millones de mexicanos tienen como único horizonte el hambre, la
pobreza, la desigualdad, la iniquidad, la violencia, la intolerancia y
la opresión.
No permitiremos más la continuidad de este régimen de injusticia
promovido y defendido por políticos, funcionarios y hombres de poder
inescrupulosos y voraces, que ponen sus ganancias y privilegios por
encima del interés y de las necesidades de todos los demás.
Tenemos la esperanza de que en nuestro país podamos estar seguros,
protegidos, acompañados; donde puedan florecer la creatividad, las
capacidades, la inteligencia y la bondad de todos y de todas.
Por eso, nuestro compromiso es:
Construir un Estado de bienestar
El primer paso es hacer cumplir los principios constitucionales
referidos a los derechos sociales. El Estado asumirá su responsabilidad
social para garantizar que cada hombre y cada mujer reciban, desde su
nacimiento, una alimentación básica saludable y suficiente; tengan
acceso a servicios públicos y gratuitos de salud y educación; puedan
ejercer su derecho al trabajo con salarios justos y prestaciones
sociales; dispongan de una vivienda digna y servicios públicos básicos
de agua, energía eléctrica y transporte; participen libremente de las
decisiones colectivas que se tomen y accedan sin condiciones a los
programas económicos, sociales y culturales que se establezcan en su
beneficio; cuenten con bases materiales, recursos e instrumentos para
desarrollar su inteligencia, sus capacidades y su creatividad; con
reconocimiento y respeto de sus preferencias, identidad cultural, género
y decisiones sobre su vida y su cuerpo; que su patrimonio familiar y su
seguridad sean salvaguardados; que reciban una pensión al cumplir los
70 años.
Garantizar la universalidad y gratuidad de los programas sociales
Las inversiones públicas para garantizar los derechos sociales, no
son dádivas del gobierno, son una obligación que se debe cumplir.
Acabaremos con el sistema de focalización que es discriminatorio y se
condiciona su ingreso y permanencia. Estableceremos mecanismos que
garanticen efectivamente la defensa, exigibilidad y cumplimiento de cada
derecho.
Erradicar el hambre
El programa de emergencia de erradicación del hambre deberá ser el
primer paso para establecer el derecho constitucional de todos a la
alimentación.
Derecho a la educación, base de la transformación del país
Es fundamental para el desarrollo del país, garantizar que todo niño
o niña, y joven, pueda ingresar, permanecer y concluir
satisfactoriamente sus estudios. El fomento a la lectura y la formación
artística y cultural deben formar parte de la educación desde la
primaria. Se garantizará la educación pública científica, laica y
gratuita en todos los niveles. A ningún joven o niño se le negará el
derecho a la educación.
Se reconocerá a universidades públicas como la UNAM que han aportado
mucho al desarrollo nacional. Para lograr estos objetivos, revertiremos
los procesos de mercantilización y privatización de la educación y se
buscará asignar un presupuesto público equivalente al 7 por ciento del
PIB. Este hará posible garantizar que se disponga de:
- Una infraestructura suficiente, adecuada y digna;
- Becas escolares, útiles, libros de texto, uniformes y almuerzos a todos los inscritos en el nivel escolar básico;
- Becas escolares a estudiantes de bachillerato y nivel superior del sistema público;
- Un programa especial de fortalecimiento y ampliación de los
recursos educativos en las zonas de mayor rezago y pobreza del país. En
el caso de las zonas indígenas y apoyo con albergues y transporte a
estudiantes de comunidades aisladas. Es indispensable involucrar a los
pueblos indígenas en el diseño de una educación que respete su identidad
cultural.
- Una transformación profunda de los objetivos, procedimientos y
programas de todos los niveles educativos, para asegurar el desarrollo
integral de los estudiantes y el reconocimiento de maestros,
trabajadores y autoridades, al servicio del pueblo de México.
Servicios públicos de salud y medicamentos gratuitos para todos
La promoción, prevención y atención a la salud deben ser
consideradas las bases en que pueda erigirse el bienestar físico,
espiritual y emocional de nuestra población. Se garantizarán servicios
de salud en todas las etapas de la vida accesibles, eficaces, con
calidad, dignos e integrales. Se ampliará la infraestructura pública de
salud con personal, equipo y medicamentos suficientes. Se reconocerán
los aportes de la medicina tradicional indígena y la herbolaria,. Y
avanzaremos hacia un sistema público único de salud con acceso
garantizado y sin obstáculos económicos, geográficos, culturales o
burocráticos.
Reconocer al trabajo como una realización del ser humano
Es urgente que recuperemos el derecho al trabajo como valor fundamental para el rescate de nuestra sociedad.
Estableceremos como divisa fundamental, la organización y el respeto
a los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la ciudad y del
campo, la creación de los empleos que se requieren para reconstruir
nuestro país y la apertura de opciones satisfactorias para quienes se
incorporan a la vida laboral.
Pensión universal a todos los adultos mayores y un sistema de jubilaciones solidario y redistributivo
Disfrutar de tranquilidad y seguridad después de una larga vida de trabajo es un derecho.
Por tanto se garantizará que todos los adultos mayores cuenten con una pensión alimenticia.
Y se construirá un sistema de jubilaciones eficiente y justo,
rescatando las Afore de manos de los bancos y creando un Instituto
Nacional de Pensiones.
Hay que tomar medidas para garantizar que los fondos de los
trabajadores administrados por el Instituto sólo puedan canalizarse a
inversiones en áreas estratégicas de la economía nacional o en obras de
beneficio social.
El cuidado de la naturaleza es una tarea de todos
Enfrentar la catástrofe ambiental mundial, fruto de una
modernización neoliberal, implica una ineludible participación personal,
familiar y comunitaria de todos los pueblos. Requiere cambiar hábitos,
prácticas y costumbres. La defensa del medio ambiente debe ser
incorporada a nuestra agenda de deberes ciudadanos. Mantener la
biodiversidad, la salud, la calidad del aire, el agua y el suelo a
niveles que permitan sustentar la vida y el bienestar de los seres
humanos, la vida animal y vegetal es un principio de una responsabilidad
ambiental.
Cultura, memoria, identidad y voluntad: las fuerzas del cambio
La cultura lleva necesariamente a la democracia porque la
creatividad hace al hombre libre y sobre todo más crítico. El disfrute
de la cultura en todas sus manifestaciones también es un instrumento no
sólo de respeto por uno mismo, sino de liberación.
Una sociedad como la nuestra, hundida en la tristeza y sometida al
terror constante de la violencia y la inseguridad, requiere hacer un
inmenso esfuerzo para recuperar los valores y principios que dieron
sentido a la formación de nuestra nación y que se hallan plasmados en
las obras que constituyen nuestro patrimonio histórico y cultural, así
como en el potencial creador de miles de hombres y mujeres dedicados al
arte y la cultura en nuestras comunidades y pueblos.
Un Estado fraterno y solidario
La enorme desigualdad social de nuestro país ha provocado la
fractura de la convivencia y la armonía de nuestra sociedad, y es uno de
los principales problemas de la nación.
Construiremos un estado fraterno y solidario que atenderá a todos,
pero en primer lugar a la mayoría de la población que vive en la
pobreza. La solidaridad con los desposeídos no sólo es un asunto de
justicia, es la manera más eficaz, más humana y más barata para
garantizar la tranquilidad y la seguridad pública. Por eso reiteramos
que por el bien de todos, primero los pobres.
Se requiere un nuevo pacto social para reafirmar los derechos de la población y la nueva República.
El derecho a ser felices y al bienestar, son la inspiración
fundamental del proyecto alternativo de nación. Con ella construiremos
juntos, los caminos que conduzcan a la liberación de nuestra patria.
Un México de todos y para todos. Un gobierno democrático del pueblo y para el pueblo.
* (Esta propuesta fue elaborada por una comisión integrada por
Arnaldo Córdova, Enrique González Pedrero, Luis Javier Garrido, José
María Pérez Gay, Víctor Flores Olea, Lorenzo Meyer, Rogelio Ramírez de
la O, Adolfo Hellmund, Juan José Paullada, Octavio Romero Oropeza, Luis
Linares Zapata, Ignacio Marván Laborde, Julio Scherer Ibarra, Jaime
Cárdenas, Luciano Concheiro, Héctor Díaz Polanco, Elena Poniatowska,
Laura Esquivel, Víctor Manuel Toledo, Cristina Barros, Víctor Suárez,
Bolívar Echeverría, Armando Bartra, Jesusa Rodríguez, José Eduardo
Beltrán, Agustín Díaz Lastra, Antonio Gershenson, Claudia Sheinbaum
Pardo, Asa Cristina Laurell, Raquel Sosa Elízaga, Martha Pérez Bejarano,
Bertha Elena Luján Uranga, Eréndira Sandoval y Jesús Ramírez Cuevas).
Este documento es la síntesis de un trabajo más extenso que será publicado posteriormente para contribuir al debate nacional.