Desde 2007 la Procuraduría General de la República ha mantenido bloqueada una denuncia de hechos contra el dueño de Grupo México, Germán Larrea, y otros directivos de la empresa, así como contra funcionarios de la Secretaría del Trabajo, por homicidio industrial derivado de la explosión de la mina de Pasta de Conchos que costó la vida a 65 trabajadores mineros.

De acuerdo con La Jornada, lo anterior fue dado a conocer por el abogado del sindicato nacional de trabajadores mineros, Marco del Toro.

Hasta la fecha, señaló el abogado, la PGR nisiquiera ha integrado la averiguación previa. "No ha hecho nada. El proceso está totalmente bloqeado", denunció.

Del Toro asegura que "no fue una sorpresa. Los directivos de la empresa y las autoridades de la Secretaría del Trabajo conocían de las deficiencias que había en materia de seguridad de la mina y, a pesar de ello, no hicieron las correcciones que pudieron haber evitado que fallecieran los mineros. Desde el punto de vista penal, el delito se llama comisión por omisión".

Por esta razón, señaló, si las autoridades y empresarios del Grupo México sabían de antemano que había explosividad en la mina, y que no había condiciones de seguridad, y por estas razones ocurrió la explosión en la mina, al no tomar acciones al respecto "eso los hace responsables del delito de homicidio por omisión".

Las deficiencias en la mina se habían notificado desde años antes, señala La Jornada, pero la empresa dueña de la mina no quiso invertir un millón de Dólares en seguridad en los meses previos al accidente a pesar de haber tenido utilidades por 2 mil 600 millones de dólares un año antes, declaró el líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia.

De hecho, señala Del Toro, inspectores de la Secretaría del Trabajo habían notificada a Grupo México de las deficiencias pero no se impidió que la mina siguiera operando.

El estancamiento de la denuncia ante la PGR "implica que la procuraduría ha incurrido en conductas omisivas y no ha realizado su tarea investigar y ejercer acción penal, a pesar de que está perfectamente acreditado la responsabilidad penal de estas personas", señala Del Toro.