La Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó una controversia constitucional de la Cámara de Diputados contra Pemex por haber establecido reglas que permitirían la privatización del transporte y distribución de hidrocarburos, lo cual está prohibido por la Constitución. De acuerdo con La Jornada, la nueva reglamentación de los directivos panistas de la secretaría de energía permitiría que la venta de gasolinas y otros petrolíferos se lleven a cabo en las terminales de almacenamiento y distribución de Pemex Refinación si especificar que el comprador tercero sea una persona física, lo cual permitiría que inversionistas privados se conviertan en interfase industrial de transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos, actividades prohibidas para la IP de acuerdo con los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, la cual establece que sólo el Estado puede incursionar en esas actividades.Los cambios inconstitucionales se establecen enel artículo 2, fracciones I, III y XII de las directivas publicadas por la Sener. Estas directivas eliminan la restricción para que el comprador tercero en la venta de petrolíferos sea especificamente una persona física o sociedad mexicana--es decir, consumidores individuales en las gasolinerías, por ejemplo.De esta manera, quien compre gasolina directo a Pemex Refinación, por ejemplo, podrá venderla a otras empresas, incursionando de esta manera en distribución y almacenamiento de hidrocarburos, lo cual está reservado sólo como actividad del Estado.La controversia constitucional se presentó ante a SCJN a finales de diciembre pasado y se le dio entrada ayer. Sin embargo, la ministra Margarita Luna Ramos no quiso suspender la reglamentación causante de la controversia hasta que se determinara si era constitucional o no.Ahora el caso está en manos del ministro José Ramón Cossío.