México, 18 ene (EFE).- La

estadounidense Jody Williams; la guatemalteca Rigoberta Menchú; las

irlandesas Betty Williams y Mairead Corrigan-Maguire; Shirin Ebadi, de

Irán, y la keniana Wangari Maathai, firman la carta en la que piden al

Ejecutivo mexicano que "sin demora haga justicia" en esos casos.

En particular se refieren al asesinato el pasado 16 de diciembre de

Marisela Ortiz, madre de Rubí Marisol Frayre, quien llevaba años

denunciando la impunidad que existía en el caso de su hija,

supuestamente asesinada por su novio, quien ha sido condenado pero está

prófugo.

"Sabemos que este no es un hecho aislado y que la

violencia en contra de defensoras de derechos humanos que valientemente

luchan contra el feminicidio en Ciudad Juárez y (el estado de)

Chihuahua, es una constante en México", señala la misiva, difundida por

el OCNF.

Las premios Nobel instan a México a cumplir con una

sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)

conocida como "Campo Algodonero", del 16 de noviembre de 2009.

Aquel fallo indicó que México violó los derechos a la vida, integridad

personal, libertad personal, los derechos del niño, acceso a la justicia

y protección judicial de un grupo de mujeres asesinadas en Ciudad

Juárez.

La coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada, dijo a

Efe que la misiva es una más que se suma a "la indignación

internacional por lo que está pasando en México" en relación con los

riesgos que enfrentan las defensoras de derechos humanos en este país,

sobre todo en el estado de Chihuahua, al que pertenece Juárez.

"Hay una preocupación de que México continúa sin prevenir, proteger y sancionar" a los agresores de mujeres, agregó.

A la carta de las Nobel, leída ayer ante la prensa, se le suma otra

firmada por varias ONG como la Iniciativa de Mujeres por una Justicia de

Género, la Fundación Justicia y Género, y por el Consejo General de la

Abogacía Española, entre otras, que fue remitida por el OCNF al

presidente de México.

Esta misiva recuerda que tanto la muerte de

Marisela Escobedo como la de otra defensora de derechos de las mujeres,

Susana Chávez, ocurrida el pasado 6 de enero de Juárez, son un

"testimonio doloroso, imperdonable e inexcusable del retroceso del

Estado mexicano en el acceso a la justicia para las víctimas y sus

familiares en Ciudad Juárez y en el estado de Chihuahua.

Esta

última misiva va dirigida al presidente Felipe Calderón; al gobernador

de Chihuahua, César Duarte, y al alcalde de Ciudad Juárez, Héctor

Agustín Murguía.