Karina Inger Estrada denunció a Martha Roselia Garibay Pérez, Jueza 69 de lo Civil de la Ciudad de México, por violar su derecho humano y el de su hermana Elise Kathryn a la administración de justicia completa e imparcial como lo consagra el artículo 17 de la Constitución Federal.
Esto sucedió porque el pasado 2 de abril Garibay Pérez dictó una sentencia definitiva con motivo del juicio civil promovido por Inger Estrada en contra de BBVA Bancomer y su primo, el Diputado Local del estado de Morelos por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Javier Estrada González, en la cual actuó con una evidente parcialidad a favor de los demandados, al grado de ignorar constancias esenciales del expediente, y todo con tal de absolver a los demandados de todas las prestaciones reclamadas.
Mediante una queja administrativa presentada desde noviembre de 2016 ante la H. Comisión de Disciplina Judicial del Consejo de la Judicatura en la Ciudad de México, Karina Inger Estrada, a través de su apoderado legal Francisco Abimael Hernández, denunciaron la comisión de actos irregulares y faltas en el manejo del expediente 897/2015 por parte de Garibay Pérez.
Por su parte, la H. Comisión de Disciplina emitió desde el 16 de febrero de 2017 una resolución en la que sancionó a Garibay Pérez con una amonestación por escrito, y además le ordenó dejar de conocer el juicio civil por las faltas cometidas (Artículo 220 de la Ley Orgánica.- XIX. Mostrar notoria ineptitud, negligencia o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deba realizar).
Sin embargo, la Juez –por razones poco claras– se negó a dejar de conocer dicho asunto e interpuso un recurso de inconformidad.
En mayo de 2017, el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México confirmó la resolución de febrero de 2017, sin embargo, Garibay Pérez siguió desobedeciendo la orden de sus superiores y continuó con el juicio hasta dictar su sentencia a favor de los demandados.
No es la primera vez que Martha Roselia Garibay Pérez es acusada de actuar indebidamente para beneficiar a diversas personas en el ámbito político, pues en 2004 ordenó a la periodista Sanjuana Martinez Montemayor pagar una indemnización millonaria por daño moral al político Jesús Ortega Martínez.