En México estamos hasta la madre de corrupción. Pero también estamos hasta la madre de las simulaciones y el atole con el dedo. Por eso, muchos son escépticos -con justa razón- respecto a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y sus equivalentes en los Estados, que hasta ahora han resultado pura vacilada. Pero aunque usted no lo crea, hay una excepción que podría terminar siendo ejemplar: Jalisco.

Cuando platicaba con algunos colegas de otros Estados de la República, sobre la polémica que durante semanas tuvo congelada la creación de la Fiscalía Anticorrupción en Jalisco, parecía que les estaba hablando de otro país.

Tres cosas les sorprendieron. Una, cuando les comenté que el Gobernador de Jalisco,  Aristóteles Sandoval fue presionado por la sociedad civil, tanto en redes sociales como en espacios noticiosos, donde le reprochaban que hubiera colocado en la terna de candidatos a Fiscal Anticorrupción a personas que trabajaban en el Gobierno estatal.

Les sorprendía, porque en entidades como Aguascalientes, Querétaro, San Luis o el Estado de México, entre otros, han nombrado, o se pretende designar, a ex funcionarios del Ejecutivo Estatal o inclusive de las Fiscalías, y nadie levanta la voz. Lo cual es un contrasentido y atenta contra todos los principios del combate a la corrupción y la rendición de cuentas que nos enseñan en las universidades y en los posgrados.

Les sorprendió que la sociedad civil jalisciense haya reclamado con fuerza, porque en aquellos Estados no lo hicieron así. También les maravilló que en Jalisco existan evaluaciones a los candidatos al cargo de Fiscal Anticorrupción por parte de un Comité integrado por ciudadanos. Aquí el segundo punto de sorpresa.

El tercer aspecto que les sorprendió a estos colegas periodistas de otras entidades es que el gobernador de Jalisco haya reculado. Es decir, no sólo hubo presión ciudadana, sino que Sandoval Díaz cedió y dejó sin efecto esa terna y se vio orillado a enviar otra, con los mejor calificados por el Comité de Participación Social. Impensable que los virreyes en los que están convertidos los gobernadores, escuchen en otros Estados a las voces ciudadanas. No me imagino a Alfredo del Mazo escuchando a los activistas.

En Jalisco, los diputados intentaron sacarle la vuelta a las evaluaciones y buscaron mil formas para no nombrar a un ciudadano independiente al frente de la Fiscalía Anticorrupción. Incluso agotaron una ronda de votación sin acuerdos. Suspendieron la sesión y la presión social continuó hasta que el Congreso tuvo que reanudar en pleno 24 de diciembre y en la víspera de Navidad nombraron al académico de la Universidad Panamericana, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar, quien jamás ha trabajado en ningún puesto de gobierno, tal y como debe ser en un cargo de esta envergadura.

Y no solo eso. Antes, a los diputados presionados por la sociedad civil, no les quedó de otra más que designar como Auditor Superior y como Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, a los mejor calificados en los exámenes que hizo el comité ciudadano: Jorge Alejandro Ortiz Ramírez y Avelino Bravo Cacho. Ambos, ciudadanos con credenciales académicas y sin ligas partidistas.

Hasta aquí, parece que estoy pintando un estado de fantasía. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Hubo amparos e impugnaciones de aspirantes derrotados y de instituciones que se resisten a esta nueva modalidad. Un ejemplo es  el Tribunal Electoral de Jalisco que obtuvo una resolución -quizá legal, pero absurda desde mi punto de vista- por parte de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, en la que se determina que para no violar la autonomía del organismo, ellos mismos sean quienes nombren a su propio contralor. Un sinsentido. Apenas anteayer, terminó la polémica de otro aspirante, Gabriel Valencia, que impugnó las ternas enviadas por el Gobernador, ya que se dijo desplazado por ser hermano del diputado Augusto Valencia. El hábil abogado puso en jaque al Ejecutivo pues un tribunal le concedió una suspensión definitiva. Algo que también, es poco común en otros estados.

Al final, para no variar, cedió ante las voces de las cúpulas empresariales y organismos de la sociedad civil que le pedían desistirse para que el Fiscal Anticorrupción pudiera tomar protesta. Curiosamente, se desistió el mismo día que un rotativo reveló que el quejoso era militante del  partido político Movimiento Ciudadano.

De esta forma, ayer miércoles fue instalado el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción en el hermoso recinto del Centro Cultural Cabañas, con perfiles ciudadanos y ajenos a los partidos políticos, lo cual no pueden presumir en otros estados. Aunque curiosamente allá ni la sociedad civil ni los medios lo cuestionen.

No quiero pecar de soberbia al decir que el caso de Jalisco es paradigmático, porque aún falta ver cómo funciona. Pero hasta ahora se han logrado dar los primeros pasos que en otros estados no  han podido ser posibles. Y guardadas las proporciones, son pasos que ni siquiera se han podido dar a nivel nacional, ya que lo diputados federales no han logrado ponerse de acuerdo para nombrar al Fiscal Anticorrupción.

Pero todo eso, no se logró por la bondad del gobernador, de los diputados o de la clase política. Sino por el empuje de la sociedad civil y de los organismos que integraron el Observatorio Permanente que vigiló todo el proceso y acompañó al Comité de Participación Social.

Vaya que en Jalisco somos críticos. Se ha logrado más que en otros Estados, pero aun así, vamos por más y no se puede contar victoria. No vaya ser que luego nos defrauden y lo que aquí presumimos, terminen restregándolo en nuestros rostros.