Las estrategias en seguridad se implementan en 3 tiempos, en el corto y mediano plazo y en el largo plazo. En el largo plazo, su implementación es más difícil porque las administraciones tienen un periodo relativamente pequeño para trabajar (de 6 años para el ámbito federal y estatal, y 3 años en el caso de las administraciones municipales). Ante el periodo corto de tiempo que tienen las administraciones se tiende a priorizar la inmediatez de los resultados o los anuncios que buscan causar un impacto que genere la percepción de que se está haciendo algo —como la compra de patrullas, cámaras de videovigilancia, o sistemas tecnológicos—, aunque no necesariamente se traduzca en resultados inmediatos.

Sin embargo, las evaluaciones también vendrán en el mismo sentido, en el corto, mediano y largo plazo. En el mediano y largo plazo, los electores lo sancionarán a través de su voto, pero en el corto, es interesante analizar lo que sucede con el comportamiento de las víctimas, los delitos, y las acciones que cada administración realiza. Es cierto que el crimen se comporta de manera diferente en cada entidad; por ejemplo, los problemas de delincuencia que hay en Yucatán y Sonora no son los mismo, y por ende, la manera de abordarlos tampoco. Sin embargo, vale la pena hacer la comparación para ver qué es lo que hace cada gobierno y de qué manera va avanzando.

En el caso de las víctimas de homicidio doloso, al comparar periodos de tiempo de 6 y 3 meses, Durango es la entidad que ha reducido sus homicidios, en 80 y 73%, respectivamente. Por el contrario, en la entidad que crecieron en los dos periodos comparativos, fue en Guanajuato, con un incremento de 57 y 34%. En ambos casos, la tendencia tiende a la continuidad, esto es, en un caso ha ido a la baja y en el otro al alza, por lo que deberían en un caso, continuar con lo que están realizando y en el otro, emprender nuevas acciones para revertir la situación.

Si hacemos una comparativa aún de menor tiempo (un mes) entre diciembre y enero, la variación de la incidencia delictiva se redujo en las entidades de Yucatán (-14.7%), Veracruz (4.8%), Baja California (-3.6%), Puebla (-1.2%) y Querétaro (-1.0%). Al contrario, Hidalgo (32%), Coahuila (31.4%), Quintana Roo (29.5%), Nayarit (18.6%) y Aguascalientes (15.7%), ocupan los últimos 5 lugares. Esto cobra importancia porque las administraciones tienen el reto de mantener la incidencia a la baja y generar una tendencia a lo largo del tiempo, que se traduzca en una mejor percepción de inseguridad para su población, para ello, las acciones que lleven a cabo para certificar al personal de seguridad son fundamentales.

En México, solo 1 de cada 4 policías locales cuenta con el certificado oficial que avala su formación, capacidades y confiabilidad. De acuerdo con estándares internacionales el Certificado Único Policial (CUP), es un requisito para permanecer en el puesto. Los estados con mayor porcentaje de policías estatales certificados son Querétaro (96.4%), Colima (86.9%), Guanajuato (81.7%) y Baja California (81.2%), mientras que las entidades con menor número de policías certificados son Ciudad de México (14.3%), Baja California Sur (13.9%), Tlaxcala (13.2%) y Jalisco (2.7%).

Por último, en fechas recientes las mujeres han alzado la voz contra la violencia que sufren cada día. Atendiendo esto, varios estados han creado Fiscalías especializadas para la investigación del delito de feminicidio, sin embargo, en algunos casos se crean sin asignar recursos, lo cual no funciona. En estos casos, vale la pena la firma de convenios de colaboración para capacitar y sensibilizar a los elementos policiacos que atienden estos temas, como lo hizo la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Instituto de la mujer (Inmujer), en Baja California.

Al final este pequeño ejercicio comparativo lo deben realizar continuamente todas las Secretarías Estatales de Seguridad, a la par de la implementación de estrategias para revertir sus problemáticas particulares. Lo más importante es la seguridad de los ciudadanos y en caso de que no cumplan con su función, deben tener en cuenta que los ciudadanos lo pueden sancionar en las urnas.

* Arturo Ávila Anaya, presidente IBN/B Analitycs y experto en Seguridad Nacional por Harvard (NIS).

@ArturoAvila_mx