Muchos de los que votaron por AMLO lo hicieron a sabiendas de que no podíamos seguir igual. Los actos de corrupción en el gobierno anterior fueron tantos y tan sonados que el electorado decidió castigarlos a través de su voto. Y es que los casos fueron muchos, como la casa blanca, la estafa maestra, Odebrecht, el paso exprés de Cuernavaca, el espionaje que se hizo contra periodistas, los desfalcos en los gobiernos estatales de Veracruz y de Chihuahua, entre otros. Estos casos, en cualquier otra parte del mundo habrían terminado al menos con la renuncia de los titulares de las dependencias o gobiernos señalados, y con una investigación a todos los responsables, incluido el mismo presidente.

Los votantes decidieron castigar a los corruptos y la plataforma más atractiva, la que prometía acabar con ese sistema corrupto fue la que encabezaba López Obrador. Sin duda, la esencia de la 4ª Transformación —independientemente de los otros proyectos del gobierno—, es el combate a la corrupción. Por ello causa asombro lo que se publicó hace unos días en la revista Proceso, que señala que la llegada de la nueva administración causó un ‘boom’ de nuevas empresas con la intención de convertirse en proveedoras gubernamentales.

De acuerdo con la investigación que se publica en el semanario, 171 compañías fueron creadas entre noviembre del 2018 y diciembre del 2019 y recibieron transferencias por 366 millones de pesos en el primer año de la nueva administración. Del total de contratos 71%, fueron otorgados por adjudicación directa, el 16% por sistema de invitación a tres personas y sólo 13%, fue bajo licitación pública. El problema que la mayoría de los contratos se otorguen por medio de adjudicaciones directas incita a que se realicen prácticas de corrupción y de generar un entorno en el que se desincentiva competencia.

Cuando ocurre esto que publica la revista se genera una muy mala señal, no sólo para los ciudadanos, sino también para los empresarios. Imaginemos a personas que llevan muchos años tratando de consolidar un proyecto empresarial, empeñando trabajo y esfuerzo todos los días, y ver que de pronto surgen “empresarios al vapor” que constituyen compañías y se les adjudican contratos millonarios en poco tiempo. Esto va en detrimento de la sociedad, de los empresarios y de la cultura de la competencia. Además, no es justificable porque se vuelven a las prácticas que tanto se criticaron en su momento.

En estos casos no aplica la máxima de que el fin justifica los medios. Es entendible que haya una mafia, como se ha demostrado en el sector de los medicamentos, pero aún con todo eso, la política debe ser la herramienta más importante para destrabar las situaciones que implica realizar compras de emergencia. Siempre se debe de considerar al mejor proveedor, el más calificado y al que puede generar un impacto positivo para México. En algunos casos se entiende, especialmente en aquellos que aborden temas de seguridad nacional o por cuestiones de fuerza mayor que justifiquen las adjudicaciones directas, pero es injustificable la creación de nuevas empresas para otorgar beneficios a empresas que no van a pagar impuestos, que no van a generar fuentes de trabajo y que no generan inversiones.

Mi impresión es que el presidente no es el promotor de este tema, pero hay que investigar a quiénes lo están haciendo. En beneficio de la actual administración, ojalá se llegue hasta las últimas consecuencias en estos casos y que también se investigue quién está detrás de la operación de estos recursos y que se transparente más el manejo de los recursos públicos porque de lo contrario vamos a volver a caer en las prácticas del pasado.

A río revuelto, ganancia de pescadores.

* Arturo Ávila Anaya, presidente IBN/B Analitycs y experto en Seguridad Nacional por Harvard (NIS).

@ArturoAvila_mx